La Fiscalía de Corea del Sur ha imputado este domingo al presidente Yoon Suk-yeol, acusado de liderar una insurrección al decretar el pasado 3 de diciembre la ley marcial en el país, según informa la agencia de noticias Yonhap. Yoon, que fue destituido de forma provisional por el Parlamento a mediados de diciembre por la declaración de esta medida extrema, también enfrenta un juicio político y está a la espera de que el Tribunal Constitucional dictamine si restituye sus competencias o lo depone definitivamente como jefe del Estado. Lleva, además, detenido desde el 15 de enero por las autoridades anticorrupción. El paso dado este domingo por la Fiscalía le convierte en el primer líder en ejercicio —técnicamente, lo sigue estando— en ser imputado bajo arresto.
Yoon está acusado de conspirar con el ya exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y otros aliados para incitar una insurrección, al declarar un estado de emergencia inconstitucional e ilegal. Todo, pese a la ausencia de indicios de guerra, conflicto armado o crisis nacional equiparable a estas circunstancias. Es la primera vez en la historia democrática de la nación asiática que un mandatario es imputado con cargos de insurrección. La clave de esta acusación radica en que el privilegio de inmunidad presidencial no se extiende a este delito, que está penado con la cadena perpetua o con la pena de muerte, aunque sobre esta última hay una moratoria desde 1997.
También se le acusa de haber desplegado fuerzas militares en el Parlamento con el objetivo de impedir que los legisladores votaran en contra de la declaración de la ley marcial, así como de planear el arresto y la detención de figuras políticas de alto nivel, entre los que destacan el presidente del Parlamento, los líderes de los principales partidos (incluido el suyo) y varios funcionarios del organismo encargado de la supervisión de las elecciones.
Sus abogados lo han excusado este domingo en un comunicado: “La declaración de la ley marcial de emergencia por parte del presidente fue un llamamiento desesperado a la opinión pública ante la crisis nacional que ha provocado la oposición”.
La imputación llega un día antes de que expire el periodo de detención de Yoon, arrestado el 15 de enero por la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios (OICAF). Esta agencia, que ha sido la encargada de liderar la investigación contra Yoon, transfirió el jueves el caso a la Fiscalía, ya que el organismo no cuenta con poder legal para imputar a un presidente. Según la ley surcoreana, un sospechoso debe ser liberado si no se le imputa antes de que finalice su periodo de detención.
La Fiscalía, que no ha podido interrogar todavía a Yoon, después de que este se negara, había solicitado extender la detención. Un tribunal de Seúl, sin embargo, ha rechazado en dos ocasiones la petición. El equipo de fiscales que ha estado al frente del caso afirmó, tras realizar un análisis exhaustivo de las pruebas, que imputar al acusado era lo más apropiado. No obstante, aún deberán probar su culpabilidad en el juicio. Aún no han tenido la oportunidad de interrogarlo.
Yoon también enfrentaba acusaciones de abuso de poder. Estos cargos, sin embargo, fueron desestimados, ya que un presidente en ejercicio goza de inmunidad para cualquier imputación que no esté relacionada con la insurrección o la rebelión. Sin embargo, los fiscales sí han decidido imputarlo por el cargo de liderar una insurrección: “Existe”, argumentan, “un riesgo de destrucción de pruebas”, según informa Yonhap.
La oficina del presidente ha condenado la imputación, que ha calificado de ilegal y fraudulenta, mientras que el gobernante Partido del Poder Popular ha pedido a la Fiscalía que rinda cuentas por las consecuencias legales y políticas de lo que han descrito como una imputación “defectuosa e injusta”. Por su parte, el principal partido de la oposición, el Partido Democrático, ha instado a Yoon a colaborar con los fiscales en el desarrollo del juicio.
