El PP no se guarda su munición contra la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco que este año impulsa el Gobierno. Dos meses después del primero de los actos que se celebrarán durante todo el año, este miércoles ha embestido desde el Senado. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha usado su mayoría absoluta para aprobar una moción con la que reivindica la Transición y el papel “determinante” de Juan Carlos I en la llegada de la democracia a España, a la vez que pide cancelar la agenda de actos que conmemoran la muerte del dictador. Con 145 votos a favor —los del PP—, la Cámara alta ha aprobado el texto, no vinculante, que considera que la democracia no llegó por la muerte de Franco sino por “una generación que, entre 1976 y 1978, llevó a cabo la Transición con valentía, generosidad y esperanza”. Todo el arco de la izquierda rechazó la propuesta, pero en una cosa sí estuvieron de acuerdo todas las formaciones políticas: el franquismo no murió con Franco.
La senadora popular Luisa Fernanda Rudi, encargada de defender la moción, sostuvo la idea que está en la base de su propuesta: “La transición no comienza el 20 de noviembre de 1975, con la muerte de Franco a los 82 años, en la cama de un hospital”. Para ella, toda la campaña del Gobierno de España en Libertad, conformada por un centenar de actos a lo largo del año para conmemorar la democracia y de los que el PP se ha marginado, es “un intento claro de manipulación de la opinión pública y de desinformación de las generaciones más jóvenes que no tienen memoria propia de lo sucedido”.
El texto presentado por los populares, de 10 páginas, sostiene que “es absurdo celebrar la democracia mediante la conmemoración del fallecimiento de un dictador”. La formación defiende que deberían conmemorarse en cambio otros acontecimientos que vendrían después como la designación por el rey Juan Carlos I de Alfonso Suárez como presidente del Gobierno en julio de 1976, la aprobación en noviembre de ese mismo año de la Ley para la Reforma Política y su ratificación mediante referéndum un mes después, las primeras elecciones democráticas celebradas el 15 de junio de 1977 o la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978. También incluyen la amnistía de 1977 —que contraponen a la amnistía de 2024 para los involucrados en el procés catalán—, a la que se refieren como “un hito fundamental para el triunfo de la democracia en España”.
En esa moción, el PP insta al Gobierno a que organice la conmemoración del 50º aniversario de la Transición en alguna de esas fechas y en diálogo con todas las formaciones políticas. Además, que recuerde y difunda “el papel determinante jugado en su momento por el Rey Juan Carlos I en el establecimiento, consolidación y defensa” de la democracia, un compromiso que según dice el texto hoy ha sido “renovado y reforzado por el rey Felipe VI”.
La senadora socialista Inmaculada Sánchez Roca contraatacó. Lo hizo utilizando uno de los asuntos que han tenido en las últimas semanas en aprietos al PP: afirmó que el texto de la moción probablemente había sido encargado a una aplicación de inteligencia artificial, como resultado de “las incursiones” que esa formación ha estado haciendo con ese tipo de tecnología. Y reclamó: “Vender reivindicar la Ley de Amnistía de 1977 en la que se abstuvieron, la Constitución de 1978 que no defendieron o el referéndum del proceso de autonomía de Andalucía que boicotearon es un insulto a la democracia y a la memoria de este país”, en referencia a la actuación durante esos años claves de la Alianza Popular, partido del que el PP es heredero.
Miriam García Navarro, del PP, espetó a los socialistas su intención en este momento: “Ustedes pretenden hacernos creer que todos los caminos conducen a Franco, pero eso no es verdad; en este momento de la historia todos los caminos conducen a Feijóo”. Y enseguida se explicó: “Cuando la democracia se atasca hace falta un buen cerrajero, que no fuerce la puerta sino que la abra, que no imponga sino que escuche”.
Vox, que no apoyó la propuesta de los populares, aprovechó para enrostrarles que dialogaran con el PSOE las leyes de memoria democrática y que no hubieran derogado la Ley de Memoria Histórica de 2007 cuando estuvieron en el Gobierno. “El camino es derogar las leyes sectarias de estos señores (los socialistas), no consensuarlas”, dijo el senador Ángel Gordillo, aunque Naciones Unidas ha señalado que derogar las leyes de memoria podría transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos.
