Manuel García-Mansilla, el juez que Javier Milei metió en la Corte Suprema de Justicia sin el aval del Senado, le informó al Congreso que en los últimos ocho años solo atendió a catorce clientes. La mayoría de ellos provenían del sector energético, un ámbito que conoce al dedillo porque fue durante diez años director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).
El viernes pasado, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió desde su cuenta de X que la matrícula de abogado de García-Mansilla seguía activa y que, por ende, no la había suspendido para ingresar a la Corte Suprema. Ante esa situación, Gil Domínguez formuló un pedido de acceso a la información para que los supremos expliquen qué trámites cumplimentaron a la hora de tomarle juramento a García-Mansilla.
La incorporación del exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral a la Corte fue a las apuradas. El 27 de febrero juró en una ceremonia prácticamente secreta: no se informó a la prensa y no hubo familiares ni amigos. La consulta de Gil Domínguez pretende poner en el tapete qué recaudos tomó la Corte a la hora de sumar a un nuevo integrante, más allá del decreto 137 que firmó Milei.
García-Mansilla viene del mundo corporativo. Según le informó al Senado, desde 2014 no integra ningún estudio jurídico. Sin embargo, en el currículum vitae que está publicado en argentina.gob.ar figura que hasta 2017 estuvo en el bufete Liendo y Asociados. Hay, al menos, una contradicción en esa información.
Entre los clientes que le detalló al Senado hay varias empresas o empresarios ligados al negocio energético. Entre ellos, Euclides Bartolomé Bugliotti o José David Peñafiel Salgado, que aparece como integrante de Tripetrol Petroleum.
En la nómina se encuentran Madalena Energy SA –actual Centaurus Energy–, President Petroleum SA –una compañía británica con operaciones en Río Negro que está en concurso de acreedores desde el año pasado– y Sinopec Argentina Exploration and Production, filial local de la compañía china de petróleo y gas. Sinopec anunció en 2021 que se iba a desprender de sus activos en el país y que los vendería a la Compañía General de Combustibles, de la familia Eurnekian.
García-Mansilla también informó que ejerció como abogado de la minera Los Pelambres, que tiene una mina a cielo abierto en Chile. Los activistas medioambientales denunciaron que creó un megabasural que se terminó extendiendo hacia el territorio argentino, por lo que hay denuncias en ese sentido.
En su CV, García-Mansilla explica que desde 2014 era empleado en relación laboral de la CEPH. Su rol como director ejecutivo fue discutido el 28 de agosto pasado, cuando el jurista debió presentarse ante la Comisión de Acuerdos para defender su pliego. El senador de Unión por la Patria (UxP) Oscar Parrilli le preguntó si él discutía las estrategias judiciales de la CEPH. A lo que García-Mansilla respondió que no era ésta su tarea. “En la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos, en la cual soy el director ejecutivo, no se diseñan estrategias jurídicas, no asesoro jurídicamente a ninguna de esas empresas. El trabajo que hago es de coordinación de equipos técnicos en otras materias”, se excusó el abogado.
Parrilli insistió. Le consultó si iba a excusarse si le tocaba intervenir en casos vinculados con la CEPH. “Si por una cuestión de decoro corresponde que me excuse, lo voy a hacer sin ningún tipo de problema”, le aseguró el abogado. García-Mansilla ya dio pruebas de que le dijo una cosa al Senado e hizo otra, sobre todo cuando le garantizó a la senadora Anabel Fernández Sagasti que no asumiría en comisión en la Corte pese a que él creía que era un mecanismo válido constitucionalmente.
El flamante cortesano debe informar cuáles son los clientes a los que ha representado para saber en qué casos debería apartarse. En la Corte dicen que ya está interviniendo en algunos expedientes. Ante los tribunales, cuatro ONGs –el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) pidieron que se dictara una medida cautelar para impedir que García-Mansilla se abocara a analizar las causas que están en el cuarto piso del Palacio de Justicia.
La decisión está en manos del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, que se declaró competente para revisar las designaciones en comisión de García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte. Este martes, Elisa “Lilita” Carrió le pidió al juez que la tenga como amicus curiae (amiga del tribunal) y anule por inconstitucional el decreto de Milei. Carrió fue una feroz crítica de Ramos Padilla cuando el magistrado investigaba el D’Alessiogate. Llegó incluso a decir que estaba “muerto” y que solo faltaba que ingresara al depósito. Los tiempos cambiaron mucho.
Por estas horas, la matrícula de García-Mansilla ya no está activa, tal como surge de una compulsa en la web del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). Hasta la tarde del 7 de febrero, una semana después de la jura, estaba vigente –según un registro al que tuvo acceso este diario.
La Corte todavía no respondió el pedido de acceso a la información que formuló Gil Domínguez. En rigor, tiene un plazo de quince días hábiles, que es prorrogable por un tiempo similar. Sin embargo, la consulta no tiene gran complejidad.
El trámite debe ser canalizado a través de la dirección de Relaciones Institucionales, que está a cargo de Fernando Sagarna, un hombre que llegó al tribunal de la mano de Ricardo Lorenzetti. En diciembre pasado, a través de la acordada 42, la mayoría de la Corte –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda– decidió que esa dirección quedara subsumida a la Secretaría de Desarrollo Institucional. Esa secretaría está en manos de Juan Pablo Lahitou, que fue el número dos de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el organismo que agrupa a los abogados del Estado, durante la gestión de Mauricio Macri. Era la mano derecha de Bernardo Saravia Frías antes de recalar en la Corte. Lahitou cursó una maestría en la Universidad Austral, donde García-Mansilla hizo su carrera académica.
La secretaría de Desarrollo Institucional funciona bajo la supervisión de la vicepresidencia de la Corte, que ocupa Rosenkrantz, el supremo que demuestra más afinidad con García-Mansilla. Ambos vienen del mundo corporativo. Hace tres años, Rosenkrantz consideró que ya no debía excusarse de intervenir en los casos que involucran a quienes fueron sus clientes –que integran una nómina mucho más extensa que la que le aportó al Senado el recién llegado.
