EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
“La producción necesita de la naturaleza, pero la naturaleza también necesita de la producción porque es la que se está haciendo cargo de protegerla”. Esa es la premisa que el argentino Alejandro Brown, presidente de la Fundación ambientalista ProYungas, defiende para la conservación del medioambiente. “Creo que en el país hay más naturaleza resguardada en manos del sector productivo que todo el sistema de Parques Nacionales y áreas protegidas provinciales”, afirma. Y estima, a manera de hipótesis, que al 15% de la superficie silvestre protegida por el Estado habría que sumarle otro 15%, o más, bajo custodia de las empresas. “Nuestra tarea es ir reconociendo eso, poniéndolo en valor”, agrega.
En la actualidad no hay estadísticas que consideren la protección del territorio en manos privadas. Sin embargo, según sus cálculos, teniendo eso en cuenta, el país estaría cerca de cumplir la meta 30×30 propuesta las Naciones Unidas para proteger el 30% de la superficie terrestre y oceánica del planeta para el año 2030. Brown es biólogo, investigador y experto en biodiversidad y desarrollo sustentable con 30 años de experiencia en ecosistemas forestales subtropicales. Hace 25 años fundó ProYungas con la idea de trabajar en la conservación de las yungas o selvas de montaña en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, que se extienden hacia el norte para cruzar América.
Con el tiempo, la ONG amplió su acción hasta llegar a la selva atlántica en Misiones, los pastizales correntinos, el bosque seco y húmedo chaqueño de Formosa y el Chaco. Incluso se ha extendido a Chile, Paraguay y Bolivia. Además, tiene planes de expandirse a Cuyo, la Patagonia y otros países americanos.
En Argentina, las yungas abarcan tres millones de hectáreas. Junto con la selva misionera, representan sólo el 2% del territorio nacional, pero atesoran el 50% de la biodiversidad del país. En parte de este pulmón verde se concentran grandes empresas agroindustriales, cuyos bosques están al margen de los sistemas de protección oficiales, aunque bajo el paraguas de la Ley Nacional de Bosques.
Se estima que unas 250.000 hectáreas de yungas en zonas húmedas en altura están amparadas por el Estado, mientras que el territorio silvestre, más plano y bajo, colinda con la matriz productiva y es custodiado por el sector privado. Una realidad, dicen en la ONG, que está invisibilizada.
Brown remarca que ProYungas nace con la intención de generar información técnica útil para las políticas públicas y la toma de decisiones privadas. En este contexto, la fundación impulsa desde 2010 una alianza con grandes empresas agrícolas, ganaderas y forestales a través del programa Paisaje Productivo Protegido (PPP) para el resguardo de las yungas. El programa nació bajo la consigna disruptiva de que es posible la convivencia entre la producción y la conservación de la naturaleza. Y, aún más: plantea que esta comunión puede ser beneficiosa para los ecosistemas.
“La gente piensa que se produce sin importar nada. Sin embargo, siempre buscamos que nuestro negocio sea rentable, pero sustentable y sostenible en el tiempo”, dice Juan Martín Guerineau, jefe de zona de la Finca Caspinchango de la citrícola San Miguel, dedicada a la industrialización del limón en las selvas de montaña de Tucumán, y parte del programa desde 2014. “Falta mostrar un poco más. También hay clientes que lo exigen”, asegura.
El aporte privado
El primer paso para la alianza entre la ONG y las empresas es generar conocimiento sobre el territorio silvestre que está en manos privadas y, más tarde, proponer acciones para preservarlo a largo plazo. Así, se podrá convertir en un activo corporativo en un mundo que reclama responsabilidad ambiental. “Cuando empezamos a hablar con las citrícolas en Tucumán, preguntábamos cuántas hectáreas tenían de producción y cuántas silvestres. Ninguna sabía exactamente cuánto tenían de bosque. Hoy no hay una que no lo sepa. Eso es parte del trabajo”, dice Brown.
Actualmente, hay 40 empresas bajo el programa que, entre otras acciones, realizan monitoreos de flora y fauna para conocer la salud de los bosques y acciones de conservación. “Se está generando un enorme bagaje de información sobre biodiversidad con financiamiento privado, algo que no ha existido jamás”, agrega. En total, hay 2.700.000 hectáreas bajo el programa: de esa superficie el 40% es silvestre. El PPP cuenta con el apoyo económico y estratégico de la Unión Europea.
Conocer para cuidar
Carla Cárdenas, bióloga de ProYungas y encargada del monitoreo de fauna, explica que este se realiza a través de cámaras trampa fotosensibles. Las ubican en los bosques para capturar imágenes de mamíferos de mediano y gran porte, identificando especies críticas o en peligro de extinción. “En los programas de Tucumán, casi siempre encontramos una o dos especies vulnerables. Entre ellas, está el pecarí de collar, un chancho de monte que vive en las áreas boscosas de las sierras del Aconquija”, apunta. Por su parte, en los bosques de la citrícola San Miguel, que conserva 6.400 hectáreas silvestres y produce en poco más de 650, divisaron un lobito de río, que se creía extinto, y también ocelotes y hurones. En los programas de toda Argentina, ProYungas ha detectado un total de 52 especies de mamíferos grandes y medianos, y 617 especies de aves.
La presencia de los animales es un bioindicador de la salud del ecosistema y permite planificar acciones de mejora. Silvia Pacheco, coordinadora técnica de la fundación, cuenta que se hace un mapeo de la superficie natural y productiva, y se realiza un inventario forestal. Con base en esos resultados, se propone un plan de acción. Las empresas asumen el compromiso y el costo de llevarlo adelante.
“Habitualmente en algunos ámbitos se habla de la producción como una contraposición a la conservación y la realidad es que, sin producción, no tendríamos recursos para conservar y, sin conservación, no tendríamos producción”, subraya Bárbara Bradford, gerenta de sustentabilidad del Grupo Arcor, una multinacional líder en la producción de alimentos. En el ingenio azucarero La Providencia de esta empresa, el 75% de la superficie es silvestre y está protegida.
La empresa Ledesma, un gigante en la producción de azúcar y papel, fue la primera en sumarse al programa. En 2005 había trabajado con ProYungas en Jujuy en la revalorización de las áreas silvestres en sus 157.000 hectáreas. Ese ejercicio se convirtió en el primer ordenamiento territorial realizado por una empresa privada en Argentina, al comprometerse a conservar dos hectáreas de ambientes naturales por cada hectárea en producción. Incluso, el esquema sirvió como antecedente para la Ley Nacional de Bosques, promulgada poco después.
En Argentina, el remanente de yungas, que representa el 75% de lo existente originalmente, está bajo esta legislación. En 2010, Ledesma se incorporó al PPP con 100.000 hectáreas de espacios silvestres a la conservación (una superficie equivalente a cinco veces la ciudad de Buenos Aires), lo que incluía el monitoreo de fauna. En su territorio han registrado la presencia de 32 especies amenazadas como el yaguareté y otros seis felinos.
Para Brown, el programa -que ha sido recientemente admitido dentro de la Alianza Global de Negocios y Biodiversidad– no tiene techo y permite pensar la conservación desde una mirada positiva. “Creo que uno de los principales problemas que tiene el tema ambiental es que lo hemos difundido de una manera negativa cuando lo vinculamos con el sector productivo. Vivimos hablando de la crisis ambiental, de la crisis de la biodiversidad, de la crisis climática y parece que el fin del mundo está por venir. Es muy difícil mejorar si creemos que el futuro no merece la pena ser vivido”, concluye el fundador de ProYungas.
