Una de las obras más relevantes de la filosofía y de la sociología del derecho es sin dudas “Vigilar y castigar” del filósofo e historiador francés Michel Foucault.
En esa obra maravillosa Foucault describe el terror del poder penal durante la llamada edad moderna.
Quien haya visto la brutal e inhumana represión de manifestantes seguramente ha encontrado demoledoras similitudes del pretendido disciplinamiento social a través del show punitivo que describe Foucault. Estamos en presencia de un gobierno que ha elegido el camino del castigo indiscriminado al pobre, al viejo y al disidente.
Ayer la democracia sangró, sangró mucho.
Ya no puede haber silencio en nadie que crea en los principios básicos sobre los que hemos construido el mínimo ético universal: los derechos humanos.
Una jueza, Karina Andrade, le ha devuelto a nuestra comunidad la convicción de que nuestra Constitución todavía late, débilmente, pero late. Nuestro texto fundamental sobrevive en las páginas de la resolución de una jueza valiente, honesta y sensible que solo recordó al país que nadie puede ser encarcelado sin que haya una imputación precisa y detallada de un hecho ilícito. La jueza Andrade le indicó al gobierno anarco-autoritario-cripto-punitivista que hay un derecho a la protesta. Que es posible manifestarse en democracia y que rige la libertad de expresión. Que nadie debe ser sometidos a castigos inhumanos sólo por expresar la defensa esencial a un sector extremadamente vulnerable de la comunidad.
La amenaza de perseguir a esta jueza de la Constitución no es otra cosa que un paso más en la consolidación de un modelo autoritario de ejercicio del poder.
En este tipo de casos se ponen en juego como nunca las garantías de la independencia judicial y la protección de los derechos humanos.
Es muy elocuente como la inmoralidad de un gobierno autoritario protege a la violencia policial y persigue la independencia judicial. Todo es muy claro y muy grave.
* El autor es doctor en Derecho. Ex Fiscal General de la Nación. Profesor Titular de Derecho penal y procesal penal de la UBA.
