Javier Milei dice que a él le gusta acelerar en las curvas. Lo repitió este viernes al visitar Expoagro tan solo 48 horas después de la represión más violenta que protagonizó su gobierno. Pablo Grillo, el fotógrafo que fue herido por un cartucho de un lanzagases, debió volver a ser intervenido quirúrgicamente. Su estado es grave, pero la administración de La Libertad Avanza (LLA) está decidida a redoblar la apuesta. Promete más represión mientras busca armar en los tribunales de Comodoro Py una causa por sedición contra quienes se manifestaron en apoyo a los jubilados.
Una puesta en escena para respaldar a Patricia Bullrich después de un operativo desmedido. Eso fue lo que hizo Milei al pasearse con la ministra de Seguridad por San Nicolás. Ante los referentes del campo, Milei volvió a pronunciar una frase que ya había dicho otras veces, pero que adquiere una especial relevancia después de una represión que incluyó detenciones arbitrarias y, al menos, un herido de suma gravedad. “Los buenos son los de azul”, dijo en respaldo a los integrantes de las fuerzas de seguridad. Los otros, para el Presidente, son “los hijos de puta” que vienen por él. “Los vamos a meter presos”, prometió.
La principal respuesta contra el mandatario no salió del ámbito local sino desde el internacional. La oficina regional de las Naciones Unidas (ONU) instó a las autoridades argentinas a investigar con diligencia lo que pasó el miércoles. “En particular, nos preocupa el estado de salud de Pablo Grillo”, señaló Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su consternación por lo que pasó con Grillo y urgió al Estado a garantizar el derecho a la protesta y el ejercicio de la prensa. El pronunciamiento se conoció después de que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hiciera presentaciones ante los organismos internacionales, tal como anticipó este diario.
Al menos seis denuncias se presentaron contra Bullrich en los tribunales de Comodoro Py por la represión del miércoles. La primera en sortearse fue la que formuló el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, que pidió que se la investigue por privaciones ilegales de la libertad, apremios ilegales y abuso de autoridad. La denuncia recayó en el juzgado de María Servini, que podría concentrar todas las investigaciones. Servini es la jueza de la criptoestafa y es la misma magistrada que en junio del año pasado fue ferozmente crítica con las fuerzas de seguridad que comanda Bullrich: dijo que tenía una treintena de personas detenidas por estar en las inmediaciones del Congreso mientras se discutía la Ley Bases pero no tenía pruebas de delitos.
Algo similar sostuvo la jueza de la Ciudad Karina Andrade, que ordenó la liberación de 114 personas que habían sido detenidas el miércoles. Andrade se convirtió en la enemiga pública de la administración libertaria. Este viernes, Bullrich pidió que los tribunales de Comodoro Py le saquen la investigación por los incidentes que se registraron en la última movilización.
Conocedora de que la mejor defensa es un buen ataque, Bullrich presentó una denuncia por sedición contra quienes se manifestaron, pero no aportó pruebas. Todas fueron promesas de futuro, lo que da cuenta del apuro de la ministra para que actúen los tribunales de Retiro. No fue muy agraciada con el sorteo: el expediente quedó en manos de Sebastián Casanello, el juez que quiso investigar las denuncias contra el protocolo anti-movilizaciones y terminó corrido por obra y gracia de la Cámara Federal porteña –y para alegría de Bullrich. Casanello se reincorporará en los próximos días y todo indica que delegará la pesquisa en el fiscal Franco Picardi, que investiga la represión del 12 de junio del año pasado.
Las acusaciones de Bullrich
Bullrich presentó una denuncia por sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada. Terminó sincerando lo que se advertía desde la oposición y los organismos de derechos humanos: que pretende usar la llamada ley antimafias contra quienes salgan a manifestarse.
“La violencia ejercida fue enmascarada en una ‘protesta social’ cuando su claro objetivo fue el de ‘desestabilizar’ al gobierno del Presidente Javier Milei“, insistió Bullrich en su afán por quedar a la derecha de Victoria Villarruel –que llegó a decir que la manifestación era parte del juego democrático.
Bullrich apeló a un sinfín de lugares comunes a la hora de armar una causa. A saber:
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Dijo que se enteró por los medios que había grupos organizados, “profesionales de la violencia”, que recibían hasta 50.000 pesos por generar disturbios;
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Afirmó que no solo eran “barras” –como habían instalado desde el Gobierno– sino que también habría “parcialidades” del gremialismo y de la política;
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Relató que hubo llamadas a la línea 134 identificando a hinchas de Tigre y de Nueva Chicago, pero no aportó las comunicaciones;
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Prometió aportar imágenes de que los principales grupos de “barras” salieron de La Matanza y Lomas de Zamora, distritos gobernados por el peronismo. No explicó de dónde ni por qué tiene esas imágenes porque ir a una marcha no es delito;
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Acusó a Leandro Capriotti, hincha de Chacarita, como el principal organizador de la movida y lo caracterizó como amigo y “protegido” de Luis Barrionuevo.
Capriotti declaró que él ni siquiera estuvo en la marcha del miércoles y que su abogado, Miguel Ángel Pierri, haría una presentación en Comodoro Py para desvincularlo.
El municipio de La Matanza negó las acusaciones a través de un comunicado, que publicó el intendente Fernando Espinoza en sus redes sociales. “Cuando quede absolutamente claro que es todo un invento para justificar la represión salvaje de anteayer (por el miércoles), esperamos que la Ministra haga una conferencia de prensa y cuente cómo le fue en la justicia con este invento”.
Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, también afirmó que era “absolutamente falsa” la denuncia de Bullrich y que lo buscaba el Gobierno nacional era cambiar el eje de la discusión.
Una autodesmentida
En la presentación que hizo con Fernando Soto –funcionario del Ministerio de Seguridad y abogado del policía Luis Chocobar–, Bullrich lamentó que el miércoles hubo catorce oficiales heridos y ocho móviles dañados –incluido el que fue abandonado por los policías de la Ciudad que lo conducían y después apareció incendiado.
“Lamentablemente también han sido heridos un fotógrafo, Pablo Grillo, y una señora mayor de edad”, añadieron. Se refería a Beatriz Blanco, que radicó una denuncia contra Bullrich. Según la versión oficial, Beatriz no fue arrojada al piso por un policía sino que éste “giró para defenderse de la agresión y luego la mujer cayó al suelo”.
Sobre Pablo Grillo, la versión de Bullrich se volvió más atemperada, sobre todo después de haber justificado el ataque que sufrió por ser militante. “Fue herido en su cabeza aparentemente por un proyectil de gas lacrimógeno que habría sido lanzado con trayectoria horizontal desde una distancia alejada del lugar donde se encontraba el fotógrafo, que estaba ubicado detrás de un objeto incendiado, en el cruce de los proyectiles que arrojaban las personas violentas que estaban detrás suyo”, dice la presentación.
Si el lanzagases fue lanzado con trayectoria horizontal, no fue siguiendo “los manuales”, como había dicho Bullrich en conferencia de prensa el jueves. Los manuales desaconsejan su empleo y, si se usan, deben ser disparados a 45 grados para no impactar sobre las personas.
“Las armas menos letales –como las lacrimógenas– deben usarse adecuadamente según los estándares internacionales. De no ser así, pueden convertirse en letales”, le recordó la oficina regional de la ONU. La historia argentina reciente tiene un recuerdo trágico en ese sentido: el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en una protesta en Neuquén.
