El académico mexicano José Luis Caballero Ochoa (Chihuahua, 60 años) es un hombre de esperanza. Creció en el norteño Estado de Chihuahua, en donde, desde adolescente, acompañó algunas de las causas civiles que le rodeaban y comenzó a aprender sobre igualdad y otras temáticas siempre estrechamente relacionadas con derechos humanos. En 2011, participó en la elaboración de una propuesta de reforma constitucional que reforzó el acceso de todas las personas en México a los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y también en los tratados internacionales. Profesor de la Universidad Iberoamericana durante los últimos 25 años, es desde septiembre del año pasado el nuevo presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde su casa en Ciudad de México, Caballero habla sobre su nombramiento. Es optimista pese al escenario regional y global que reconoce como complejo, plagado de amenazas que se creían superadas. “Siempre los derechos humanos han enfrentado enormes desafíos, pero ahora hay una gran diferencia: que antes había una conciencia de la construcción democrática y de los esfuerzos civilizatorios hacia un sentido, y esa conciencia se está perdiendo. Hay apuestas regresivas, escepticismo. Ahora tenemos que defender los derechos humanos no solamente frente a las violaciones, sino frente a sociedades y a estados escépticos y francamente negacionistas”, dice.
Pregunta. Usted se presenta como un hombre de esperanza. Quizás ahora mismo sea lo que más le hace falta a un país como México, con una crisis de desapariciones y violencia.
Respuesta. Tengo prohibición reglamentaria para referirme a los temas de mi país, y es una regla muy saludable porque permite que no haya una cargada de ciertos comisionados con sus países. Pero sí puedo decir que el tema de la esperanza no es fácil, que se tenga esperanza no es seguridad de que las cosas van a salir bien, sino que las cosas tienen un sentido. Sobre todo en cuanto a la construcción de los derechos humanos frente a estas sociedades escépticas, donde fenómenos cada vez más complejos, como las desapariciones, ya tienen que entenderse no como propiciadas desde los aparatos del Estado sino desde la colusión de ese fenómeno macrocriminal que está asolando la región. Tenemos que visibilizar mucho más este fenómeno que está moviéndose en la desaparición, pero que empieza desde el reclutamiento de jóvenes pauperizados que no tienen oportunidad en el empleo formal ni en la educación.
P. Es difícil pensar en la esperanza cuando se ve lo que sucede por ejemplo en Venezuela o en las cargas policiales de hace solo unos días en Argentina, o en países como El Salvador. Todos gobiernos elegidos en la urnas ¿Qué postura tiene la CIDH?
R. En realidad la conciencia de la CIDH y del sistema fue moviéndose no solamente hacia la defensa de los derechos políticos, sino en la idea de que un elemento esencial de las democracias representativas son los derechos humanos. Las democracias representativas están para defender los derechos y no hay vigencia de derechos humanos si no hay un orden democrático. No solamente a través de elecciones, sino democrático entendido como una estructura del Estado que tiene separación de poderes. Vemos como muy preocupante cuando no hay auténtica separación de poderes, cuando hay sumisión del Legislativo y del Judicial al Ejecutivo, cuando hay colusión de actores y poderes fácticos, sean empresariales, financieros, del crimen organizado en los gobiernos. Entendemos que tampoco puede haber régimen democrático si el poder económico está tomando esas posiciones y se presenta como la institucionalidad del Estado prevaleciente.
P. ¿Cómo analiza la actual situación de la migración y las medidas que muchos países de la región están tomando para evitar un choque con el gobierno estadounidense?
R. Es un fenómeno que tiene ahora un componente de temor a la diversidad, a los distintos, a la gente que llega en la situación que llega por razones económicas y también por razones de persecución. La humanidad proviene de movimientos de migraciones a lo largo de la historia, Estados Unidos mismo. Pero ahora se ve con rechazo y con esa tentación de pureza, incluso racial, que finalmente nos vuelve a llevar a un régimen de Estados cerrados en las fronteras y en su conformación de ciudadanía que parecía que habíamos superado ya en el siglo XX. Vuelven a cerrar las fronteras, cuidarlas, pertrecharlas. Nosotros por ejemplo con respecto al Darién, uno de los grandes temas que advertimos es la falta de información y de comunicación entre Panamá y Colombia. Hay muy poca información de los flujos, dejan a las personas a su suerte y se convierten en presas de estas redes de macro criminalidad. Cuando hay ausencia de los Estados y de la cooperación internacional, entonces la violación de derechos humanos son exponenciales.
P. ¿Es el actual Gobierno estadounidense una amenaza para los derechos humanos en América Latina?
R. Estados Unidos es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, por lo tanto, es parte de la supervisión de la CIDH. La Comisión ha estado estos 66 años con Estados Unidos supervisándolo. Me parece que ha tenido momentos muy afortunados en el desarrollo de la democracia, en la expansión de los derechos civiles y también ha sido aliado de causas más bien contrarias al desarrollo o emancipación de los pueblos, porque también ha tenido una connotación de imperio. Y ahora lo que vemos, como en muchos otros lados, es un Gobierno escéptico, negacionista y contrario al desarrollo constitucional incluso de su propio país. Lo que me preocupa mucho más son estas coordenadas comunes con otros países para la regresión. Acabamos de sacar un comunicado hace unos 10 días y le recordamos a EE UU sus obligaciones internacionales con respecto a la necesidad de no devolver a personas que soliciten asilo; a que no pueden utilizar a las personas llenando campos de concentración como lo es Guantánamo. No podemos tener campos de concentración de personas. Lo hicimos con contundencia y convicción, no digamos que se dio una apertura, pero sí hubo recepción.
P. ¿No es compleja esta posición de la CIDH ante el país que más aporta recursos económicos para hacer su trabajo?
R. A nosotros los Estados que nos financian lo hacen para que hagamos supervisión de esos Estados y rendimos cuentas también como organismo internacional ante ellos, supervisándolos, aunque suene paradójico. No somos generaciones espontáneas, los Estados quisieron tener un organismo que los supervise y nosotros estamos cumpliendo con el mandato. Al mismo tiempo, ellos tienen que recibir las observaciones de la CIDH y en eso se mide la calidad democrática de un Estado. Hay que cooperar internacionalmente con los organismos que los propios Estados se dieron, aunque esos organismos externen señalamientos y consideraciones incómodas. Nuestro cometido es visibilizar los derechos humanos de las personas de esta región, protegerlos, defenderlos y garantizarlos.
