El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, resolvió rechazar una medida cautelar solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el marco de una acción de amparo colectiva que busca declarar la inconstitucionalidad de la Resolución 943/23, conocida como “Protocolo Antipiquetes”. De todos modos, el juez dijo que “observará presencialmente con suma atención” todo lo que suceda durante la movilizacion convcada para este miércoles, “a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta”.
La medida solicitada pretendía suspender el referido protocolo y que se ordene al Ministerio de Seguridad que respete y garantice el derecho a la vida, integridad personal, la salud y la libertad de expresión de quienes participen de protestas, transiten por las zonas en donde se lleva a cabo una protesta o desempeñen su labor periodística para brindar cobertura a dichos eventos.
La acción originalmente iniciada por CELS argumentaba que el Protocolo Antipiquetes vulnera los derechos constitucionales enunciados en lo sartículos 14, 14bis, 19, 28, 75 inciso 12 e inciso 22 y los artículos 7.2, 13,15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sin perjuicio de que el magistrado rechazó la cautelar, expresó que “no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12/03/25 que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”.
Habeas Corpus
Los pedidos para preservar la integridad de los manifestantes y el fin de la impunidad represiva llegaron también desde otros organismos, como la Red Federal de Derechos Humanos, que presentó un Habeas Corpus ante el juzgado Criminal y Correccional N° 7 “para que se tomen medidas preventivas de cara a la manifestación del próximo miércoles”.
La Red Federal de Derechos Humanos también presentó un escrito ante la jueza federal María Servini para que “de forma urgente ordene la preservación de la prueba sobre la represión del 12 de marzo”. El pedido exige la prueba “dspecialmente de las cámaras de seguridad, modulaciones, geolocalizaciones, entre otras cosas”.
“Querems que la gente pueda ir a expresarse sin violencia, sin provocaciones, sin represión. En paz y en democracia”, dijern. “Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura”, concluyeron.
