Cada 24 de marzo, conmemoramos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, reafirmando nuestro compromiso con la enseñanza de la historia reciente como una pieza clave para consolidar la democracia y para que el olvido nunca dé lugar a la impunidad.
La historia argentina está entrelazada con hilos de dolor, resistencia y esperanza. Crecer en este país implica asumir una memoria colectiva que, lejos de ser estática, es dinámica, plural y en constante construcción. El pasado no es un relato inmutable, sino que se interpreta desde las preocupaciones del presente, en un proceso donde la memoria se disputa entre recuerdo y olvido. Por eso, hablar de ‘memorias’ en plural permite comprender su complejidad y los distintos modos en que se transmite y se apropia socialmente.
La escuela como espacio de construcción de memorias colectivas
La educación desempeña un papel central en la construcción, transmisión y circulación de la memoria colectiva. Más que un mero repositorio de hechos, la escuela es un espacio donde las nuevas generaciones aprenden a reflexionar sobre la historia y a proyectar un futuro más justo. En este sentido, la enseñanza de la memoria en las aulas busca evitar la repetición de los errores del pasado y se propone formar ciudadanos críticos y comprometidos con la democracia y los derechos humanos.
El ejercicio de ‘hacer memoria’ cobra vida en el aula, donde los estudiantes se encuentran con relatos de víctimas, exiliados, activistas de derechos humanos. Recuperar estas voces permite comprender las huellas del pasado en el presente y fortalece la empatía junto con la búsqueda de justicia. Así, la escuela actúa como un puente intergeneracional, enlazando la experiencia de quienes vivieron los momentos más oscuros de nuestra historia con quienes tienen la responsabilidad de construir el futuro.
No obstante, este proceso enfrenta desafíos. La falta de formación docente sobre nuestro pasado reciente dificulta la transmisión efectiva de estos contenidos, lo que subraya la necesidad de capacitaciones específicas y continuas. Además, la enseñanza de la memoria enfrenta resistencias ideológicas y políticas que intentan relativizar o minimizar el impacto del terrorismo de Estado, generando tensiones en el ámbito educativo.
Por otro lado, las nuevas tecnologías juegan un papel ambivalente. Pueden ser aliadas en la construcción de la memoria a través de archivos digitales, documentales interactivos y plataformas educativas. Sin embargo, también funcionan como vehículos de discursos negacionistas y desinformación. Por ello, es fundamental diseñar estrategias pedagógicas que permitan un abordaje crítico y reflexivo. Integrar diversas herramientas garantizará una enseñanza rigurosa, accesible y alineada con los derechos humanos.
Políticas públicas de memoria: avances y desafíos
Desde 1983, las políticas públicas de memoria en Argentina han evolucionado hasta consolidarse como una política de Estado que fomenta valores democráticos como la verdad, la justicia y los derechos humanos. Un ejemplo clave fue el Programa ‘Educación y Memoria’, creado en 2018 en CABA, que articuló esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil para integrar la memoria histórica en el currículo escolar. A través de jornadas, capacitaciones y materiales educativos, este programa permitió que la enseñanza del pasado reciente se transforme en una herramienta para la formación ciudadana.
Sin embargo, estas políticas no estuvieron exentas de tensiones. Desde el retorno democrático, el debate en torno a la memoria ha estado marcado por disputas como la “Teoría de los Dos Demonios”, plasmada en el informe Nunca Más, y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que obstaculizaron los procesos judiciales contra los responsables del terrorismo de Estado. Por otro lado, con la anulación de estas leyes y el avance de los juicios de lesa humanidad, Argentina logró superar estos obstáculos y fortalecer su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.
El uso ejemplar de la memoria en la educación
Para que la memoria no quede atrapada en la mera evocación del pasado, es clave adoptar lo que Tzvetan Todorov define como el ‘uso ejemplar’: un proceso que transforma el recuerdo en un principio de acción para construir un presente más justo. En este sentido, la enseñanza de la memoria no debe limitarse a transmitir el horror, sino que debe fomentar la reflexión sobre cómo estos hechos interpelan el presente y qué acciones son necesarias para evitar su repetición.
Los organismos de derechos humanos han sido protagonistas en este proceso. Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto con Nietos y Nietas restituidos y otros colectivos, han mantenido viva la demanda de justicia y han promovido la recuperación de identidades arrebatadas por la dictadura cívico-militar. Su rol ha sido primordial para la reparación de las víctimas y para la consolidación de una conciencia colectiva sobre la importancia de los derechos humanos.
En la actualidad, bajo el gobierno de Javier Milei, los espacios de memoria enfrentan despidos masivos, dejando sitios históricos desmantelados, desfinanciados y en riesgo de cierre, cuestionando su capacidad para transmitir el pasado a las nuevas generaciones. Este vaciamiento institucional, denunciado como sistemático por sus trabajadores bajo la consigna “Sin trabajadores no hay memoria”, amenaza la preservación de la memoria colectiva y la transmisión de valores como los derechos humanos y la lucha contra el negacionismo
Memoria e identidad: la construcción de subjetividades colectivas
La memoria no solo resguarda el pasado, sino que también moldea identidades individuales y colectivas. La historia de un pueblo se cimienta en relatos compartidos que otorgan sentido al presente y proyectan expectativas hacia el futuro. En este entramado, la identidad se construye en relación con los otros, en un proceso donde la memoria es tanto un derecho como una responsabilidad.
La memoria colectiva enfrenta amenazas que ponen en jaque su transmisión a las nuevas generaciones. La deslegitimación de contenidos educativos bajo el rótulo de “adoctrinamiento”, la reivindicación de figuras asociadas a la dictadura y la institucionalización de discursos negacionistas socavan el “uso ejemplar” de la memoria que la escuela debe promover.
En este contexto, la escuela se reafirma como un laboratorio de ciudadanía, un espacio donde la memoria colectiva se transmite con emoción, reflexión y compromiso. A pesar de los intentos de sectores negacionistas por desvirtuarla, su enseñanza sigue siendo una herramienta indispensable para consolidar una sociedad que valore la justicia y los derechos humanos.
