La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villaruel, le aseguró a la Casa Rosada una semana sin turbulencias en el Congreso y pateó para el 3 de abril la sesión especial para tratar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, quienes ya fueron nombrados por decreto por el presidente Javier Milei.
El pedido fue motorizado por el bloque de Unión por la Patria luego de conseguir dictamen en la Comisión de Acuerdos la semana pasada. El bloque opositor había solicitado que la sesión especial sea este jueves 20, pero Villaruel podía disponer el día y la hora de la sesión y decidió despejar nuevos problemas para el Gobierno, luego de que esta tarde consiguiera, de la mano de sus aliados, aprobar el DNU para avanzar en un nuevo endeudamiento con el FMI.
Los pliegos de García-Mansilla y Lijo quedaron listos para ser debatidos en el recinto, luego de que Unión por la Patria consiguera sumar las firmas –con un dictamen propio– del senador radical Martín Losteau y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri en la Comisión de Acuerdos realizada de la semana pasada. Con nueva firmas y dos dictámenes, se alcanzó la mayoría de los intengrantes de la comisión para exigir la convocatoria al debate en el recinto.
“Esta comisión de Acuerdos y el Senado en conjunto son los que tienen que decidir los jueces de la Corte Suprema, algo que establece la ley y la Constitución Nacional”, sostuvo entonces Tagliaferri, presidenta de la comisión. Ambos dictamenes firmados la semana pasada fueron a favor de las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo, pero con el objetivo de rechazarlas en la Cámara.
De esa manera, el Senado logró plantear un desafío a la designación por decreto firmado por Milei, que fue ampliamente cuestionada incluso por sus aliados del PRO, pero que la Corte Suprema validó al tomarle juramento a García-Mansilla. La asunción de Lijo continúa demorada, porque se resiste a renunciar a su cargo como titular de Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 4 ante las inconsistencias de su nombramiento, sin la aprobación de la Cámara alta.
Tras conseguir el dictamen, el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans, celebró la posiblidad de “poner un límite” al presidente Milei tras tomar una decisión que “viola la Constitución”. De acuerdo al artículo 99 de la carta magna, los jueces de la Corte Suprema deben ser aprobados por el Senado con los dos tercios de los votos, un número que el oficialismo no podría alcanzar ni siquiera con el respaldo de sus aliados del PRO y el radicalismo.
Milei no envió el debate de los pliegos de los jueces durante las sesiones extraordinarias, sabiendo que no contaban con los votos que tampoco había conseguido durante el año legislativo, y decidió firmar la designación “en comisión” vía decreto días antes de la apertura de sesiones del 1 de marzo. García-Mansilla, que ante los senadores había asegurado que no aceptaría tal designación, juró pocos días después. Si el Senado rechaza los pliegos podrá seguir sentando en el máximo tribunal solo hasta el final del año legislativo.
