Un reciente informe de la Encuesta Nacional Inquilina 2025, realizada por Inquilinos Agrupados, revela que la mayoría de los inquilinos se enfrenta a alquileres imposibles de pagar. El estudio, que relevó a 1.402 personas en todo el país, pone en evidencia los efectos de los altos precios, el sobreendeudamiento y la precariedad laboral sobre un sector cada vez más vulnerable.
Desde la implementación del DNU 70/2023 en enero de 2024, los precios de los alquileres subieron drásticamente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el alquiler de un departamento de un ambiente supera los 398.000 pesos, mientras que el alquiler de un 2 ambientes alcanza los 445.000 pesos, y el de un 3 ambientes ronda los 606.000 pesos mensuales. En la provincia de Buenos Aires, los precios son algo más bajos, pero igualmente altos, con un departamento de un ambiente en 233.000 pesos.
El informe revela una situación alarmante: más del 88% de los encuestados considera que tendrá dificultades para abonar el alquiler en los próximos meses. De hecho, un 29,8% asegura haberse mudado en los últimos meses debido a la imposibilidad de pagar.
Precariedad laboral: un obstáculo adicional
El informe también pone en evidencia una situación laboral que agrava la crisis habitacional. Un 35.3% de los inquilinos está buscando trabajo, mientras que el 9.2% se encuentra desempleado. A su vez, el 27.7% tiene algún familiar que perdió su empleo recientemente, lo que aumenta la incertidumbre y el riesgo de no poder cubrir los gastos básicos. La mayoría de los inquilinos tiene trabajos informales o son monotributistas, lo que les otorga una estabilidad precaria en un contexto económico desfavorable.
La precariedad laboral también se refleja en el endeudamiento. El 64.6% de los inquilinos reporta tener deudas, y las principales razones son el uso de tarjetas de crédito (51.2%) y los gastos en alimentos (38%). Además, casi la mitad de los encuestados (48%) se encuentra atrasado en el pago de sus deudas, lo que aumenta la presión financiera sobre los hogares.
Movilidad forzada: mudanzas impuestas por los precios
Otro de los datos preocupantes que revela el informe es que un 29.8% de los hogares inquilinos debió mudarse por los altos precios de los alquileres. En su mayoría, estas mudanzas son impulsadas por la necesidad de encontrar una opción más económica, algo cada vez más difícil de conseguir.
Si bien los precios en el interior del país son más bajos que en Buenos Aires, la situación no mejora significativamente. El grupo más afectado por la movilidad forzada es el de los jóvenes entre 25 y 34 años (34.8%), seguido de las mujeres, que representan el 59.1% de los casos.
La falta de regulación: una realidad crítica
El informe también aborda la falta de regulación en el mercado de alquileres. El 87.4% de los inquilinos está en desacuerdo con la afirmación de que “el mercado se regula solo”.
La mayoría de los encuestados exige una intervención estatal. Un 76.8% está a favor de que el Estado regule los precios de los alquileres para garantizar el acceso a la vivienda. Además, un 83.4% apoya la prohibición de las viviendas vacías por más de tres meses, una medida que podría aliviar la escasez de viviendas disponibles.
El esfuerzo económico: el Salario destinado al alquiler
Un dato clave del informe es el esfuerzo económico que deben hacer los inquilinos para pagar el alquiler. Más del 50% de los inquilinos destina al menos el 40% de su salario al pago del alquiler. Este dato refleja la enorme presión económica que sufren los hogares, que se ven obligados a priorizar el pago del alquiler por sobre otros gastos esenciales.
La encuesta revela una profunda desigualdad en este sentido. Mientras que el 10% de los inquilinos con menor esfuerzo económico destinan solo el 20% de su salario al alquiler, en el decíl más alto (el 10% más vulnerable) esa proporción supera el 60%.
El debate: soluciones para el mercado de alquileres
La situación habitacional es insostenible para millones de inquilinos. Con precios de alquiler cada vez más elevados, una creciente precariedad laboral y un mercado sin regulación, los inquilinos exigen la intervención del Estado.
La regulación de los precios, la creación de políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda y la regularización de los contratos son algunas de las propuestas más escuchadas en este contexto.
