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En el inicio del juicio oral y público al ex diputado misionero Germán Kiczka (44) y su hermano Sebastián (47) por consumir y compartir videos y fotos de chicos abusados, los abogados defensores dejaron entrever la estrategia que implementarán durante las audiencias: cargar la responsabilidad sobre el mayor de ellos para buscar su internación debido a la compulsión que presenta por los menores.

Por su parte, los fiscales Martín Rau y Antonio Vladimir Glinka apuntan a elevar considerablemente la pena para los dos imputados al encuadrar el delito de “tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), agravado por ser las víctimas menores de 13 años, en concurso real”.

A Sebastián Kiczka también se le imputa un abuso sexual simple de una menor, hecho que ocurrió en el baño de un gimnasio de Apóstoles.

Con el concurso real los fiscales quieren quebrar el techo de ocho años de prisión que el Artículo 128 del Código Penal impone a las personas que consumen y comparten desde sus dispositivos electrónicos imágenes con abusos de chicos.

“Veremos durante el proceso cuántos hechos logramos probar y en base a eso haremos la estimación de las penas”, sostuvo uno de los fiscales a Clarín apenas finalizó la audiencia.

El concurso real le permite a los acusadores acumular las penas hasta llegar a un máximo de 50 años de prisión.

Germán y Sebastián Kiczka están detenidos desde fines de agosto del año pasado por una causa que se inició a partir de un reporte de la organización internacional Guardianes Digitales por la Niñez, que detectó varios usuarios que compartían MASI en Argentina y otros países de Sudamérica. Una de las direcciones IP correspondía a la vivienda de los padres de los hermanos, en el barrio Illia de Apóstoles, que fue allanada en febrero.

En ese lugar se halló una notebook Acer que contenía 52 sub-carpetas con 603 archivos de abusos de menores que, además, eran compartidos con otros usuarios a través de la aplicación eMule. Las pericias establecieron que ese dispositivo estaba asociado al correo electrónico de Germán Kiczka, pese a que el por entonces legislador aseguró que desde 2019 la computadora había quedado en la casa de sus padres y la usaba muy esporádicamente.

Los fiscales Rau y Glinka refirieron en el inicio del juicio que en algunos videos aparecen menores de muy corta edad siendo abusados sexualmente por adultos y también casos de zoofilia.

Seis meses después de este operativo y con los peritajes de los dispositivos electrónicos finalizados, el juez de Instrucción ordenó allanar la casa del por entonces legislador, que integraba el bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura de Misiones.

Germán intentó ampararse en sus fueros pero el magistrado le explicó que esa prerrogativa impedía su detención, no el allanamiento y secuestro de elementos en la causa donde se lo investigaba por tenencia y distribución de MASI. En una notebook Lenovo se hallaron más de 300 archivos del mismo tenor.

En forma paralela la Legislatura inició una investigación que, semanas después, derivaría en su expulsión, marcando un hecho histórico. Antes de ser eyectado de su banca y ante una inminente detención, Germán Kiczka desapareció de Apóstoles y los lugares que solía frecuentar.

Una semana después una mujer lo reconoció en Loreto, Corrientes, tras ver su imagen en la televisión. El prófugo, que ya tenía pedido de captura internacional, había buscado refugio en un camping que estaba en refacciones. La Policía lo detuvo sin que opusiera resistencia.

En su indagatoria el ex diputado negó haber estado prófugo. Refirió que caminaba todos los días por el pueblo, que sacaba libros de la biblioteca e incluso se instalaba en una plazoleta próxima a la ruta 118, en el acceso al pueblo. Que no cambió su fisonomía ni se manejó con una identidad falsa.

Sebastián, que es profesor de bellas artes, fue capturado un día después en cercanías de San Juan de la Sierra, una zona rural no muy alejada de Apóstoles. Estaba desorientado y sólo se alimentaba con limones.

El mayor de los hermanos también es juzgado por un caso de abuso sexual cometido en un gimnasio de Apóstoles, donde era instructor. Una adolescente denunció que el imputado le tocó los glúteos y besó contra su voluntad en uno de los baños: y que en otra ocasión le envió una foto desnudo, exhibiendo sus genitales. Según su relato, en varias ocasiones le propuso encuentros sexuales.

En los alegatos de apertura, la fiscal que investigó el caso señaló que en una de las computadoras secuestradas se contabilizaron 18 sesiones completas de intercambio de archivos MASI.

Un perito informático de parte cuestionó severamente las pericias realizadas sobre los dispositivos electrónicos: sostuvo que se hicieron con programas viejos y que hubo una falla en la cadena de custodia, ya que los aparatos fueron remitidos en sobres que permitían una eventual manipulación de los mismos.

El fiscal Rau negó que la imputación de los hermanos tenga una connotación política. Y calificó a Germán como “un hombre que ha jugado a ser político”. Y dijo que durante el proceso “vamos a demostrar que hay variedad de hechos delictivos”.

Por su parte Glinka le advirtió a los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya que los defensores iban a intentar “sugestionarlos” e “instalar dudas donde no las hay”. Y buscó descalificar el trabajo legislativo al enumerar los escasos proyectos que presentó.

El abogado Eduardo Paredes, defensor de Sebastián Kiczka, admitió que su cliente bajó material MASI para consumo personal. Buscó mostrarlo como un adicto a ese tipo de material y destacó que fueron los psicólogos del Poder Judicial los que recomendaron “un tratamiento especial”.

En ese sentido, el abogado dijo que “debería ser internado y tratado compulsivamente” como parte de una medida de seguridad.

Gonzalo De Paula, el defensor del ex diputado, sostuvo que a lo largo de las audiencias probarán que el menor de los hermanos nada tiene que ver con la tenencia y distribución de los archivos que contienen abusos sexuales de chicos encontrados en los dispositivos.

Sobre el final de la audiencia hubo cruces entre fiscales y defensores por la participación de un psicólogo como consultor técnico particular ofrecido por la defensa fuera de término.

Otro contrapunto es la citación de tres nuevos testigos por parte de la Fiscalía, entre ellos el diputado provincial Pedro Puerta, hijo del ex presidente Federico Ramón Puerta.

Además, hubo reparos al pedido de los fiscales para que la menor abusada declare ante los jueces, lo cual fue considerado una revictimización por parte de los defensores.

Las diferencias serán dirimidas por los jueces antes del inicio de las primeras testimoniales, previstas para este martes.