Marine Le Pen, líder del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN), ha sido declarada este lunes culpable de malversación de fondos públicos, con una pena a cuatro años de cárcel —dos firmes con un brazalete electrónico— y a la inhabilitación política de cinco años. La condena, que le impide presentarse a cargos públicos, puede recurrirse. Pero el tribunal ha decidido que se cumpla de manera inmediata sin esperar a la resolución de dicha apelación. Se trata del peor escenario posible para la líder del RN, que abandonó la sala de forma airada sin terminar de escuchar la condena. La carrera de Le Pen para las presidenciales de 2027 se complica enormemente y dependerá ahora de lo que tarde en resolverse el recurso que previsiblemente presentará contra la decisión. Uno de sus abogados, Rodolphe Bosselut, ha confirmado ya la intención de su cliente de recurrir, en declaraciones a medios franceses. La sentencia desatará un enorme terremoto político en Francia y en Europa, donde los aliados de la ultraderechista, como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, o el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Salvini, han comenzado ya a enarbolar la bandera del complot.
Pasadas las 10 de la mañana, en la sala 2.01 del Tribunal Correccional de París, la misma que ha frecuentado durante las nueve semanas del proceso con otros 24 miembros de su partido imputados por el mismo asunto, Le Pen tomó asiento en la primera fila del banquillo de los acusados. Desde ahí, la líder del RN ha escuchado la sentencia que la ha declarado culpable a ella y a ocho eurodiputados de su formación política en el caso por un desvío de fondos europeos originalmente destinados a pagar asesores en Bruselas. La presidenta del tribunal fue desgranando las penas, que siguieron el severo criterio de la Fiscalía y acarrearon prisión e inhabilitación para la mayoría de condenados. Mientras Le Pen se marchaba rumbo a la sede de su partido dando un portazo en la sala, el resto de acusados y compañeros de partido permanecieron en el tribunal.
Le Pen, condenada también a 100.000 euros de multa, estuvo arropada en la sala por los miembros más cercanos del clan, también imputados en la misma causa. A su izquierda, su mejor amiga y excuñada, Catherine Griset. A la derecha, el vicepresidente del partido, alcalde de Perpiñán y excompañero sentimental, Louis Aliot, condenado a 18 meses de cárcel (seis en firme con brazalete electrónico) y tres años de inhabilitación, aunque sin ejecución inmediata, que evitará su dimisión como primer edil. “El desafío supera el marco de la sala de este tribunal. Esto se va a demorar algo, va a haber que dar algunas explicaciones”, advirtió al comienzo la presidenta del tribunal, admitiendo la dimensión de las consecuencias de la condena, anticipando ya la magnitud de las penas y el revuelo político que acarrerarán.
El veredicto del tribunal señala que, aunque no haya habido un “enriquecimiento personal”, el delito se produjo para beneficio del “confort de los dirigentes del partido”. El tribunal considera que el daño total es de 4,1 millones de euros y, en el caso de Le Pen, la cuantía de su malversación ascendería a 474.000 euros. Sobre la existencia de un “sistema” que organiza el desvío de fondos públicos, el tribunal considera que “realmente no ha tenido dudas” a la vista de los elementos de la investigación. Un sistema, señala la sentencia, en cuyo “corazón se encontraba Marine Le Pen desde 2009″. “Marine lo sabe”, señalaba uno de los correos electrónicos intervenidos. El partido deberá también pagar una multa de dos millones de euros.
La carrera de Le Pen para las presidenciales de 2027 se complica enormemente y dependerá de la velocidad en la que se resuelvan los recursos que, previsiblemente, presentará. De momento, su delfín y presidente del partido, el joven Jordan Bardella (29 años), pasaría a ser el presunto candidato a dichos comicios. Bardella, en sus redes sociales, no tardó en apoyar a su jefa y azuzar la teoría de la conspiración. “Hoy no es solo Marine Le Pen quien es injustamente condenada: es la democracia francesa la que está siendo ejecutada”, denunció. Desde el Kremlin, donde Le Pen sigue siendo vista como una posible aliada, también hubo una reacción adversa a la condena. “De hecho, cada vez más capitales europeas siguen el camino de la violación de las normas democráticas”, declaró el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria, respondiendo a una pregunta sobre la condena de Le Pen. Peskov calificó, sin embargo, el juicio de “asunto interno de Francia”.
El denominado escándalo de empleos ficticios fue, supuestamente, una estrategia de la cúpula del partido de Le Pen para utilizar la financiación que recibía de Bruselas entre 2004 y 2016, un periodo en el que el partido tenía mucha más presencia en Europa ―y, por tanto, subvenciones― que en Francia, para funciones fuera de su perímetro legal. Una práctica, en mayor o medida explotada y demostrada, extendida a otros partidos en Francia, como el del actual primer ministro, François Bayrou. El entonces presidente de la Eurocámara, el socialista alemán Martin Schulz, presentó una denuncia en 2015 que desembocó en casi 10 años de investigación y acabó en el juicio.
Bruselas elevó entonces a 6,8 millones de euros —aunque el tribunal lo haya ahora rebajado sensiblemente— el montante del que se benefició el RN a través de un “sistema fraudulento de desvío de fondos” que, fundamentalmente, utilizaba el dinero destinado para pagar asistentes en el Parlamento Europeo a asuntos domésticos de la formación en Francia. Durante sus alegatos, según publicó el diario Le Monde, los dos fiscales describieron, uno tras otro, la estructura de un “sistema” consistente en contratar “falsos” asistentes parlamentarios europeos que, en realidad, trabajaban para el partido.
Los acusados eran sospechosos, según los magistrados franceses que llevaron a cabo la instrucción desde finales de 2016, de haber puesto en marcha “de manera concertada y deliberada” durante ese periodo un “sistema de malversación” de los 21.000 euros mensuales asignados por la UE a cada eurodiputado para remunerar a sus asistentes parlamentarios. Estos últimos habrían trabajado todo o parte de su tiempo para el RN, permitiendo así al partido un ahorro considerable en salarios.
En 2014, tras la elección de una veintena de eurodiputados del FN, el tesorero del partido Wallerand de Saint-Just escribió: “Solo podremos salir adelante si logramos ahorrar significativamente a través del Parlamento Europeo”, recordó la fiscal, mencionando correos electrónicos —”no todos, ya que son demasiados”— que hablan de “montajes financieros” y de “traslados” de determinados asistentes a ciertos diputados en función de la disponibilidad de los fondos. En un mensaje se lee: “Uno u otro, tú puedes elegir”.
La cuestión es ya un asunto político de primer orden. Aliot, vicepresidente del partido, también condenado, lo calificó de “instrusión en el juego electoral, una mancha en la historia de la democracia francesa”. Una tendencia que irá aumentando a medida que pasen los días. Pero más allá de la inflamada retórica política, y esa es la primera clave, el asunto puede terminar en los despachos del Consejo Constitucional, presidido por el fiel macronista Richard Ferrand, cuyo nombramiento fue avalado por el Parlamento hace mes y medio por tan solo un voto y con la abstención del partido de Le Pen. Un movimiento que muchos interpretan como un favor que acarreará contrapartidas. Este organismo no ha sentado aún jurisprudencia sobre la aplicación provisional de una pena de inhabilitación para un cargo nacional, aunque sí lo avaló el pasado viernes para un cargo municipal en un caso de un concejal de Mayotte.
