El ex interventor de la Administración General de Puertos de Mauricio Macri, Gonzalo Mórtola, deberá enfrentar en mayo el juicio oral en su contra por administración fraudulenta, tras contratar en forma directa a una consultora extranjera por más de un millón de dólares, basado en un informe de dos carillas firmado por “expertos” contratados para blanquear la operación.
La estrategia de Mórtola para evitar llegar al juicio oral el 14 de mayo es alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para realizar algún tipo de compensación económica a una institución de salud pública y así evitar el proceso que puede llevarlo a una condena por administración fraudulenta.
A lo largo del proceso judicial, Mórtola utilizó decenas de tácticas para demorar el avance de la causa a la espera que la suerte política pueda finalmente ayudarlo a cerrar la investigación a su favor.
A fines de marzo pasado, el juez federal Daniel Rafecas, que llevará adelante el proceso de juicio oral, desestimó todos los pedidos de Mórtola respecto de librar exhortos internacionales a España y otros países en los que se habría realizado un “road show” de la futura licitación del Puerto de Buenos Aires. El juez afirmó que los pedidos de Mórtola se consideraban “intentos de dilación”
En un fallo contundente, se consideró que las medidas solicitadas por la defensa de Mórtola tenían un fin dilatorio del inicio del juicio oral y se subrayó que “el objeto del proceso no es determinar si el material elaborado por ALG/INDRA era útil o beneficioso para el Puerto de Buenos Aires, sino si la contratación directa se ajustó a la normativa vigente”.
Otra de las estrategias de Mórtola para dilatar el proceso judicial fue intentar correr a la Administración General de Puertos como querellante de la causa, de forma de inmovilizarla hasta tanto lograr la forma de cerrarla.
También por decisión del juez Rafecas se desarmo la estrategia y la AGP mantiene el rol de querellante, motorizando el avance la investigación.
No solamente la dilación judicial fue el mecanismo que Mórtola utilizo para dar vuelta su situación en la Justicia. En 2024, a comienzos de la gestión libertaría, intento acercarse a las filas del oficialismo como otra manera de contener su situación. Entre los antecedentes que destacaba como experiencia de gestión se subrayaba la confección del pliego para la Hidrovía durante el macrismo.
Hidrovía y una investigación que hizo todo el camino hasta llegar al Juicio Oral
Mórtola fue un asesor clave en todo el proceso de armado de licitación para la Hidrovía que Macri, Guillermo Dietrich y su equipo aseguran haber dejado “listo” al finalizar su mandato, y que le ofrecieron a la administración de Javier Milei. No es ningún secreto el interés del ex presidente en la licitación que se intentó llevar adelante y fracasó en febrero, ni la cercanía de Macri con altas esferas del reinado de los Países Bajos, lugar que visitó en su momento junto a Mórtola.
Gonzalo Mórtola fue procesado por la Justicia y elevado a juicio oral por haber pruebas suficientes que confirman el pago de más de 940 mil dólares a la empresa INDRA, que fue contratada de manera ilegal para realizar una consultoría sobre pliegos para una futura licitación del Puerto de Buenos Aires.
Para burlar el reglamento de compras –que indicaba que por ese monto se debe realizar una licitación- contrató a dos “asesores” que recomendaron –en un escrito de dos carillas- contratar de manera directa a la empresa INDRA.
En su escrito de elevación a juicio oral, el juez federal Martínez de Giorgi consideró que la consultora “fue elegida, al menos arbitrariamente, es decir sin el menor fundamento legal o de conveniencia, para hacerse de una contratación, a la que accedió de modo directo, eludiendo una licitación pública, evitando la confrontación con otros oferentes, en virtud de la actuación irregular del entonces interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, quien violó de este modo los deberes a su cargo”.
Las consideraciones del juez fueron ratificadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo de los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Durante su gestión, Mórtola buscó avanzar en una licitación que favorecía al negocio inmobiliario en terrenos portuarios.
