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Hace 12 años, un horrible acontecimiento cambió mi vida para siempre. Como contó EL PAÍS entonces, el 9 de diciembre de 2013, dos hombres me secuestraron a punto de amenazas y me arrastraron hasta un hotel en la colonia Doctores de la Ciudad de México. En aquella habitación, además de ser brutalmente golpeada y ultrajada, fui víctima de una agresión sexual. A pesar de que no puedo borrar aquella experiencia, me siento afortunada porque soy una sobreviviente. Y lo soy gracias a que, cuando uno de mis agresores trató de matarme, me defendí con una fuerza que todavía no sé de dónde saqué. Para salvar mi vida, ejercí mi derecho a la legítima defensa. Un derecho que ni siquiera yo sabía que tenía. Solo peleé para seguir viva.
No obstante, cuando fui a denunciar a la policía la violencia que había sufrido, en vez de protegerme como una víctima de intento de feminicidio, me trataron como a una criminal y protegieron a mis agresores, enviándome a prisión acusada de homicidio. Una práctica común ejercida contra las mujeres violentadas desde el sistema judicial en México, tan corrupto como patriarcal. Como mi familia no contaba con dinero para contratar a un abogado, nadie quiso tomar mi caso. Entonces llegó Ana Katiria Suárez, quien nunca me soltó la mano, ni se rindió para pelear por mis derechos y sacarme de prisión, convirtiéndose en la defensora de mi voz y en una gran amiga.
Hace unos meses, Ana Katiria tuvo que salir de México después de ser víctima de amenazas de muerte y una campaña de criminalización orquestada por hombres muy poderosos a los que ella había denunciado, entre ellos Guillermo Sesma Suárez, acusado por su exesposa Regina Seemann de violencia machista y abusar sexualmente de sus hijos. En lugar de conseguir justicia, el caso fue manipulado para invalidar las evidencias y proteger al agresor, asesor de campañas políticas y quien goza de influyentes conexiones en el poder.
Desde finales del año pasado, la abogada está siendo perseguida no solo por este agresor, sino por otros tantos de las víctimas que representa, mujeres que están sufriendo el mismo hostigamiento. Víctimas de violencia vicaria a las que sus agresores metieron en la cárcel y les arrebataron a sus hijos, como Mafer Turrent. Su caso sí se hizo viral, pero en realidad son muchas más las mujeres en su misma situación y cuya voz no solo es silenciada, sino perseguida, que sufren un calvario a manos de la corrupción del Poder Judicial, que favorece la actividad de colectivos como No Más Presos Inocentes, responsable de la campaña de acoso digital que sufrió Ana Katiria y tantas otras mujeres a las que atacan por denunciar la vulneración de sus derechos.
A través de sus redes sociales y manifestaciones, este grupo de choque antifeminista pretende criminalizar a muchísimas mujeres víctimas de la violencia machista más atroz. Entre ellas, Carmen Sánchez, víctima de tentativa de feminicidio por ataque ácido y quien, tras años de lucha, consiguió una sentencia histórica contra su agresor, el padre de sus hijas, a quien este colectivo defendió. O Roxana Ruiz que, como en mi caso, fue sentenciada por matar a su violador en defensa propia y sigue batallando contra un sistema judicial que la criminaliza por tratar de salvar su vida. El Colectivo No Más Presos Inocentes también se ha manifestado en contra de casos como el de Fabiola Posadas, sobreviviente de tentativa de feminicidio en 2019, y contra los familiares de Montserrat Mejía Rangel, asesinada el 20 de febrero de 2021 de forma brutal a manos de su pareja en Ecatepec.
Este grupo, que tiene un discurso antiderechos y llama al feminismo un cáncer, reclama por la libertad de los presuntos feminicidas y de los feminicidas sentenciados, y tacha de “violentas” a las mujeres que denuncian la impunidad de sus casos. Una forma de operar contra las víctimas y sus familiares que refleja la terrible violencia institucional por la que pasan las mujeres que deciden levantar la voz. Que evidencia el sistema corrupto contra el que la abogada Ana Katiria lleva enfrentándose más de una década, denunciando el uso indebido del derecho penal y promoviendo el acceso a la justicia de mujeres en situación como la mía.
En los últimos meses, las víctimas de violencia machista de este país, hemos escuchado a las mandatarias del Gobierno afirmar que están trabajando por un México donde las mujeres vivan libres de violencia. También hemos sido testigos de algunas acciones positivas llevadas a cabo por la nueva Fiscal Bertha Luján, quien recientemente destituyó de su cargo a Miguel Ángel Barrera Sánchez, el titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, por permitir la detención injustificada de Mafer Turrent. En una entrevista reciente, la secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, reconocía que “el Poder Judicial es el que tiene más resquicios machistas y patriarcales”, atestiguando el modus operandi actual que usa denuncias para violentar mujeres y que ella se ha comprometido a cambiar.
Sus declaraciones suponen un atisbo de esperanza: sí hay lugar para la justicia en este país feminicida. No obstante, víctimas y familiares seguimos a la espera de acciones contundentes que lo demuestren. Esperamos que la Secretaría de las Mujeres cumpla con su palabra de proteger a todas las víctimas. Para ello, es prioritario apartar del poder judicial a aquellos jueces y funcionarios que criminalizan a las víctimas y a sus defensoras, mientras protegen a los violentadores.
Las mexicanas reivindicamos más que nunca el cese de la violencia contra las mujeres y la caída de un sistema judicial que es cómplice. Exigimos que el Gobierno cumpla con el compromiso que asumió la presidenta cuando tomó el poder y afirmó que “es tiempo de mujeres”. El daño que arrastramos las víctimas directas e indirectas de violencia machista no es reparable, pero para poder sobrellevarlo, necesitamos saber que no estamos solas y que el Estado mexicano sí nos va a proteger.
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