La afgana de 31 años Hamida Sultani huyó de Afganistán al vecino Pakistán hace un año, después de que los talibanes amenazaran con matarla por manifestarse en contra de la privación de derechos que sufren las mujeres y niñas de ese país. El pasado domingo, la mujer aterrizó en el aeropuerto de Barajas con un visado humanitario expedido por la Embajada de España en Pakistán. Sin embargo, al contrario de lo que venía sucediendo con otras solicitantes de asilo de Afganistán —donde rige un “apartheid de género”, según la ONU—, Sultani no fue integrada de forma automática en el sistema de acogida de solicitantes de protección internacional. Sin esa protección, la mujer ha quedado desamparada; sola y sin dinero, alojamiento ni manutención. Si la también refugiada y activista afgana Khadija Amin no la hubiera acogido en su casa, se habría quedado en la calle.
Después de que Amin y este diario preguntaran este lunes por la mañana a Exteriores por el caso de esta mujer, la activista afgana ha recibido, entrada la tarde, un correo de la Subdirección de Visados y Documentos de Viaje de ese Ministerio, en el que se le informa de que las afganas que lleguen a España deberán solicitar visado en la frontera. En su respuesta a preguntas de este diario, fuentes oficiales del Ministerio aseguraron que Sultani debería haber cumplido también con ese trámite. El correo dirigido asegura que esa circunstancia “se había indicado anteriormente”, algo que la activista niega.
Lo que diferencia el caso de Hamida Sultani del de las otras afganas a las que España había concedido un visado humanitario es que la legación diplomática en Pakistán no proporciono a esta mujer un segundo documento que debería haber acreditado su condición de solicitante de protección internacional. Sin ese papel, que hasta ahora acompañaba al visado, la mujer atravesó el control policial de la frontera en el aeropuerto de Barajas sin saber—según asegura— que tenía que pedir asilo antes de penetrar en territorio español. Al salir a la sala de llegadas, la única que la estaba esperando era Khadija Amin, la también periodista que preside la organización humanitaria Esperanza de Libertad, que ayuda a afganas perseguidas a solicitar protección internacional en España.
El procedimiento habitual en estos casos, explica Amin, es que, tras esperar meses o incluso más de un año la preceptiva cita para una entrevista con la Embajada de España en Pakistán y superarla —para lo que deben ofrecer pruebas de estar en riesgo en su país— las autoridades españolas conceden a las afganas perseguidas un visado para viajar a España. A ese documento se añade otro que reza textualmente en inglés, según comprobó este diario, que “el Gobierno de España patrocina el desplazamiento a España de la beneficiaria con el fin de que solicite protección internacional”.
Hasta ahora, cuando el avión de esas afganas aterrizaba en Madrid, “la policía nacional subía al aparato, preguntaba por ellas y las acompañaba para que solicitaran protección internacional”. Después, personal de ONG como ACCEM o Cruz Roja, en las que se externaliza la atención a los solicitantes de asilo, las conducía a alguno de sus centros, donde quedaban alojadas en espera de que se resolviera su solicitud.
En el caso de Sultani, no fue así. Cuando Khadija Amin se percató de que la mujer había llegado a España sin ese documento que acreditaba el apoyo del Gobierno para que pidiera protección internacional, se dirigió a la comisaría de policía del aeropuerto para averiguar qué había pasado. Allí se limitaron a comunicarle que Sultani tenía que haber solicitado asilo en frontera, antes de penetrar en territorio español, y que, como no lo había hecho, debía pedir cita en una oficina de Extranjería para solicitar protección internacional.
Cuando Amin les informó de que Sultani tenía el visado de la Embajada de España en Islamabad, por lo que debería haber entrado de forma automática en el sistema de acogida, los agentes le pidieron el documento que acreditaba esa condición y que la mujer no había recibido. Amin contactó también con ACCEM y Cruz Roja, que le aseguraron que no habían sido informadas de la llegada de esta afgana a España.
La alternativa de pedir cita en Extranjería es, en teoría, sencilla y, en la práctica, una tarea titánica. El colapso de los números de teléfono para cumplir con ese trámite en España es tal que, en ocasiones, no solo se dan las citas para varios meses después, sino que a menudo ni siquiera se logra que alguien responda al teléfono a causa de la enorme afluencia de llamadas. La altísima demanda incluso ha provocado el surgimiento de un mercado negro en el que se han llegado a revender las citas de asilo hasta por 200 euros. Según la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR),167.366 personas solicitaron protección internacional en España en 2024.
Hasta esa primera cita que puede costar meses obtener —eso si se logra— los solicitantes de asilo quedan en un limbo. No pueden acreditar su condición, por lo que se les considera inmigrantes irregulares. Tampoco acceden al sistema de acogida.
Visados
Antes de que Khadija Amin recibiera el correo en el que se le notificaba el cambio del tipo de visado para las afganas, EL PAÍS había preguntado a Exteriores por Hamida Sultani. Fuentes oficiales del Ministerio respondieron que “por la naturaleza del caso” de esta afgana, “no se tramitó un traslado a España, sino que se le expidió un visado directamente para que pudiera viajar a España y solicitar protección internacional en frontera”. Las fuentes no precisaron cuál es esa naturaleza.
EL PAÍS ha comparado el visado que figura en el pasaporte de esta afgana con el de otras cuatro de sus compatriotas llegadas a España y que tuvieron acceso automático al sistema de acogida. Parecen idénticos. En el correo remitido a Sultani por la Embajada de España en Pakistán, en el que le comunicaban que su petición de viaje a España había sido aceptada, fechado el 24 de marzo, se alude dos veces a ese “traslado” que, según Exteriores, no se ha aplicado en este caso.
El texto en inglés dice textualmente: “Esta es una notificación relativa a su traslado a España en relación con el artículo 38 de la Ley Orgánica 12/2009 del 30 de octubre de 2009 que regula el derecho al asilo”. Tras confirmar que la solicitud de Sultani había sido aprobada, se precisa que las “instrucciones para los próximos pasos de su traslado a España, se adjuntan en siguiente hilo de mensajes”. En ese documento, se vuelve a aludir al “traslado” a España y se precisa, en su apartado 6, que las “autoridades españolas la acompañarán a su llegada a España”. Las instrucciones no mencionan la necesidad de pedir asilo en frontera en España.
Hamida Sultani no es la única afgana que estos días llegará a España. Este lunes, se espera a otras dos afganas, que, sin hablar ni una palabra de español, deberán pedir asilo en la frontera, recalca Khadija Amin, que teme que también “queden desamparadas”. La activista asegura no comprender cuál es el criterio que aplican ahora las autoridades españolas: “Otra afgana que además viene con su marido llega este martes. Ambos vienen con el documento de protección internacional y serán acogidos por la ONG ACCEM; otras tres mujeres solas llegan sin ese documento y pueden quedarse en la calle, cuando todas tienen perfiles de mujeres amenazadas por los talibanes”. El miércoles, prosigue Amin, “llega a Barajas una familia, padre, madre y tres niños de entre tres y diez años” que tampoco disponen del texto que les abriría las puertas del sistema de acogida.
Todas estas personas han acreditado, subraya, haber sido perseguidas por los talibanes. En Afganistán, las mujeres ya no pueden estudiar más allá de los 12 años, ni trabajar en la mayor parte de los empleos y ni siquiera viajar ni obtener documentos sin el permiso de un pariente varón. Los talibanes han prohibido a las mujeres incluso que miren a los hombres o eleven su voz en público. También han decretado que se cubran las ventanas de las casas donde viven afganas. El pasado mes de diciembre, España denunció ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) la vulneración de los derechos de las mujeres y niñas afganas por parte del régimen talibán.
