La ciudad de Doral, en el condado Miami-Dade, teme no volver a ser la misma de ahora en adelante. Hay quien dice que se vaciarán los negocios y las calles, que la gente se callará la violencia antes de denunciarla, que el temor se expandirá entre los inmigrantes de la comunidad. Cuando los agentes de la policía se alíen, mano a mano, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tal como tienen planeado las autoridades locales, el bastión venezolano de Estados Unidos será un lugar peligroso para sus habitantes.
“Solo puedo pensar en el miedo, en la desconfianza que esto va a provocar entre las personas”, asegura la venezolana Adelys Ferro, directora ejecutiva de la organización liberal Venezuelan American Caucus. “La sola posibilidad de que la policía comience a colaborar directamente con el ICE, es preocupante, desoladora”. La incertidumbre embarga a los vecinos de la ciudad, desde que se supiera que el Ayuntamiento del Doral está próximo a cerrar un acuerdo con el ICE, que dará luz verde a la policía para realizar lo que por ley toca a las autoridades migratorias: interrogar, detener y procesar a inmigrantes. Un reporte del medio Miami Herald asegura que se espera que este miércoles se autorice dicha colaboración.
Según funcionarios locales, el acuerdo “no pretende criminalizar a los inmigrantes que viven en Doral”. Sin embargo, los residentes de la ciudad conocida como “Doralzuela”, donde el 40% de la población es de origen venezolano y el 70% nacida fuera del país, teme lo que el pacto entre el ICE y la policía local pueda suponer para la comunidad. En Doral se concentra la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos de Estados Unidos, que apoyaron con fuerza a Donald Trump en las elecciones del pasado mes de noviembre. Por eso, Ferro cree que esta nueva medida es “una traición a la confianza depositada por los venezolanos en sus autoridades locales”.
No se trata de la primera política encaminada a perjudicar a los migrantes y, en especial, a la comunidad venezolana en Estados Unidos. Es un hecho que, entre todos los indocumentados, los venezolanos no solo fueron particularmente criminalizados durante la campaña electoral, sino que fueron de los primeros en ser afectados con las políticas migratorias del nuevo Gobierno.
Una vez se asentó en la Casa Blanca, Trump mandó a suspender el amparo legal con el que vivían unos 300.000 venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que luego la justicia revocó. Otros cientos de miles también han conocido el miedo de que les lleguen notificaciones para que se “autodeporten”, al ser cancelados los beneficios con los que llegaron a través de programas como el de parole humanitario o la aplicación CPB One. Otros 200 fueron deportados a una megacárcel de El Salvador, sin que se sometieran al debido proceso, tras ser acusados de ser criminales, aunque la gran mayoría de ellos carecía de antecedentes penales.
Ferro cree que, sin duda, la Administración Trump ha usado a los venezolanos para aleccionar al resto de la comunidad migrante, en su misión de llevar a cabo la deportación más grande de la historia de Estados Unidos. “Hemos sido la narrativa que favorece a una promesa de campaña del presidente Trump, los más fáciles de utilizar como foco de toda esta retórica”, asegura. La criminalización de este colectivo ha sido posible porque la diáspora venezolana es “la más nueva” en haber cruzado la frontera en masa, según Ferro. “Somos la comunidad más vulnerable, que apenas tiene representación en el país, no tiene ni siquiera una oficina de relaciones comerciales”, explica. “Hemos sufrido el ataque despiadado de Trump y de todo su equipo de trabajo. Éramos el target perfecto, por el que nadie iba a alzar la voz para defenderlos”.
Trump sabe que tiene las puertas de Florida abiertas para él y su equipo, arropado especialmente por el gobernador Ron DeSantis, que ha estado ejerciendo presión para que los departamentos de la policía del Estado se acojan a estos programas que los faculta para hacer cumplir la ley de migración.
No solo los venezolanos se verán afectados con la alianza que permite a la policía actuar como si fueran agentes del ICE, sino toda la comunidad migrante del Estado, donde casi seis millones son latinos. La llamada Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite este tipo de cooperación, fue suspendida en el 2012 luego de que se probara que bajo esta norma se llevaban a cabo muchas redadas y detenciones ilegales e indiscriminadas en las comunidades hispanas. El 30 de enero de 2025, sin embargo, el ICE acudió una vez más al programa 287(g) y firmó su primer acuerdo de la nueva era Trump.
No obstante, el Herald insiste en que, aunque existen tres tipos de programas 287(g), “no está claro a qué tipo se unirá el Doral”. Algunos lugares en Florida que ya se han acogido a la medida, como Coral Gables, Hialeah, Miami Springs, West Miami o Key West, han echado mano del modelo Task Force, que permite a los policías interrogar y detener a cualquier indocumentado “o persona que crean que es un extranjero”. En el pasado, se acusó al programa de ser discriminatorio.
Ferro opina que aún es incalculable el miedo con el que va a vivir la gente en esta zona de Miami. “Se va a acrecentar hasta proporciones que no puedo describir”, asegura. “La gente ya está aterrada, y cada vez que vean a un policía se pondrán nerviosos. Esto va a hacer que los negocios sufran, la gente va a dejar de salir, de compartir con su familia. La policía debe ser un aliado de la comunidad, un cuerpo en el que descansen, confíen, y ahora va a ser un símbolo de miedo para una inmensa cantidad de personas. La seguridad pública en general va a sufrir, porque las personas no van a confiar en la policía”, lamenta.
