El sueño de la Corte propia terminó de pincharse para Javier Milei. El Gobierno nacional finalmente aceptó la renuncia de Manuel García Mansilla al máximo tribunal, a donde había ingresado por la ventana de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado el 25 de febrero. Ahora, 52 días después, con otro decreto -el 276- firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se formalizó la salida del exdecano de la facultad de derecho de la Universidad Austral. En el medio, el fugaz supremo que había dimitido el 7 de abril, firmó más de 200 fallos.
Tras enviar el pliego de García Mansilla al Senado, junto al del juez federal Ariel Lijo, el 27 de mayo de 2024, el Gobierno Nacional volvió hoy, casi 11 meses despúes, a fojas cero. Tiene, otra vez, dos vacantes en la Corte Suprema, que se encuentra funcionando con 3 de sus 5 integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Para cubrirlas deberá volver a presentar ante la Cámara alta las candidaturas de otros dos postulantes y esperar que se cumpla el procedimiento constitucional de designación. Al menos ese debería ser el aprendizaje obtenido del frustrado intento de hacerse de los dos lugares en la Corte mediante el atajo del DNU.
Milei había firmado las designaciones de ambos jueces el 25 de febrero, justo antes de que se iniciara el período ordinario de sesiones del Congreso. Lo hizo porque ninguno de los dos candidatos había obtenido el apoyo del Senado, pese a que en distintas oportunidades el oficialismo intentó conseguir los votos. Es más, ni siquiera habían logrado superar el paso previo a la votación: obtener dictamen en la Comisión de Acuerdos. Ya sea por la falta de postulantes mujeres en el caso de García Mansilla o por la trayectoria como juez federal en el caso de Ariel Lijo, los apoyos no resultaban suficientes.
Una vez consumado el nombramiento por decreto, sólo alcanzó a jurar en el cargo García Mansilla, dos días después. Lo hizo en secreto, a las apuradas, ante el presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti y sus colegas. Lijo, en cambio, nunca llegó a asumir porque le fue rechazado su pedido de licencia como juez de primera instancia en Comodoro Py.
La decisión presidencial de pasar por alto al Senado sólo agravó la situación. Los aliados del oficialismo en la Cámara Alta, así como los principales bloques de oposición, se abroquelaron en contra del avasallamiento del Poder Ejecutivo y cuestionaron a ambos abogados por consentir ese atropello institucional. A García Mansilla, incluso, le habían consultado en la audiencia realizada en agosto si aceptaría ser designado de esa manera y había dicho que no.
Es así que el 3 de abril se votaron los pliegos con un resultado negativo abrumador. 51 rechazos para García Mansila y 43 para Lijo, sobre 72 senadores totales. Esa misma noche, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, hizo lugar a la medida cautelar presentada semanas atrás por un grupo de organizaciones de derechos humanos, ordenándole a García Mansilla que se abstenga de realizar ninguna otra acción como juez supremo.
El Gobierno insistió en que García Mansilla tenía, de todas maneras, posibilidad de quedarse en el cargo hasta el fin del período ordinario de sesiones, como consecuencia de su interpretación constitucional sobre la validez del DNU. Sin embargo, sin apoyo político ni académico, el abogado ultraconservador optó por presentar su renuncia.
En la carta de dimisión dirigida a Milei, García Mansilla esbozó una serie de cuestionamientos al Senado por las presuntas demoras en su nombramiento y también por haber malinterpretado o tergiversado sus dichos en la comisión de Acuerdos. Hizo un descargo similar dirigido a la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, donde habló de irregularidades en el procedimiento.
En el medio, el efímero juez de la Corte participó de más de 200 decisiones del máximo tribunal, 50 de ellas el mismo día en que el Senado estaba votando el rechazo de sus pliegos.
