El caso por la extradición de un bolsonarista, que se instaló en España en 2023 para eludir al Tribunal Supremo de Brasil, ha empañado la fluida relación entre ambos países. La decisión de la Audiencia Nacional española de rechazar, el lunes pasado, la entrega de Oswaldo Eustaquio Filho, reclamado por participar en la conspiración golpista, fue respondida a las pocas horas por el juez que instruye el caso en Brasil, Alexandre de Moraes, con dos decisiones en represalia: dejó en suspenso un proceso de extradición solicitado por España y pidió públicamente explicaciones a la embajadora en Brasilia en un plazo de cinco días. Mientras, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prepara el recurso que presentará ante la Audiencia Nacional en Madrid y el Ejecutivo español mantiene silencio.
Oswaldo Eustaquio Filho, un periodista de 46 años, es un activista bolsonarista al que el Supremo de Brasil procesó por golpismo y por difundir noticias falsas. Brasil lo reclama por incitar a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a perpetrar actos antidemocráticos contra el Tribunal Supremo y por exponer públicamente a comisarios de la policía que han investigado casos de golpismo para intimidarlos. En 2023, llegó a Madrid y presentó una petición de asilo porque se considera víctima de una persecución política.
Para el juez de Moraes, el rechazo de la Audiencia Nacional a la petición de entrega supone “una falta de respeto a la reciprocidad” contemplada en el tratado de extradición bilateral vigente hace más de tres décadas. Por eso, en cuanto tuvo noticia del fallo de los magistrados españoles, difundió una nota pública en la que pedía explicaciones a la embajadora española en Brasilia, Mar Fernandez-Palacios, en un plazo de cinco días y anunciaba que dejaba en suspenso la entrega de un búlgaro al que España busca por tráfico de drogas llamado Vasil Georgiev Vasilev. El juez ordenó además su excarcelación para mantenerlo en prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Moraes es el juez más poderoso de Brasil, el encargado de instruir el caso contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus supuestos cómplices en la conspiración golpista y la mayoría de los expedientes contra el bolsonarismo.
Mientras, el Ministerio de Justicia del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prepara un recurso contra el rechazo de la entrega. Considera el ministerio que los delitos imputados a Eustáquio por el Supremo brasileño (“obstrucción a una investigación, incitación al crimen, asociación para delinquir, corrupción de menores y divulgación de datos confidenciales”) “son punibles tanto por la legislación brasileña como por el Código Penal español, con penas de prisión superiores a un año, por lo que son objeto de extradición”, según una nota difundida por el departamento brasileño de Justicia y citada por Efe.
La Audiencia Nacional española rechazó extraditar a Eustaquio Filho a Brasil con el argumento de que las acciones que se le imputan tienen “una evidente conexión y motivación política” y, por tanto, quedan excluidas del tratado bilateral de extradición que sí la contempla en casos excepcionales, como atentados contra los jefes de Estado y de Gobierno, actos de terrorismo o crímenes de guerra, contra la paz o la seguridad de la humanidad.
En una resolución de 11 páginas, los magistrados españoles de la Audiencia Nacional sostienen que autorizar la extradición se traduciría en “un riesgo elevado de que la situación del reclamado pueda verse agravada por causa de sus opiniones políticas y su adscripción a determinada ideología”. De todos modos, añaden que las publicaciones en redes sociales contra el comisario que encabeza las investigaciones sobre los casos de golpismo rebasan “el ámbito de los derechos de libertad de expresión e información”, en contra de la tesis defendida por los abogados del activista bolsonarista.
