Nuevo varapalo judicial para Google. La jueza de Alexandria (Virginia) encargada de analizar la demanda presentada en 2023 por el Departamento de Justicia y un grupo de Estados por abuso de posición dominante en la publicidad digital ha declarado a la compañía responsable de ejercer prácticas monopolísticas ilegales. La sentencia de la jueza federal Leonie Brinkema, de 80 años, declara a la compañía responsable en dos de los tres mercados analizados. Google ya fue declarado responsable en otro caso de ejercer un monopolio ilegal en el mercado de las búsquedas. Se abre ahora un nuevo proceso para analizar las medidas a imponer a la compañía.
“Los demandantes han demostrado que Google ha incurrido deliberadamente en una serie de actos anticompetitivos con el fin de adquirir y mantener el poder monopolístico en los mercados de servidores publicitarios para editores y de intercambio de anuncios para publicidad gráfica en la web abierta”, dice la sentencia de 115 páginas de la jueza Brinkema.
“Durante más de una década, Google ha vinculado su servidor publicitario para editores y su plataforma de intercambio de anuncios mediante políticas contractuales y la integración tecnológica, lo que le ha permitido establecer y proteger su poder monopolístico en estos dos mercados. Google consolidó aún más su poder monopolístico imponiendo políticas anticompetitivas a sus clientes y eliminando características deseables de sus productos. Además de privar a sus rivales de la capacidad de competir, esta conducta excluyente perjudicó sustancialmente a los editores clientes de Google, al proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta”, concluye.
La jueza, por tanto, dictamina que la empresa violó la ley antimonopolio en los mercados de intercambio de publicidad y en los de herramientas utilizadas por sitios web para vender espacios publicitarios, conocidos como servidores de anuncios. En ese sentido, la compañía también ha sido hallada responsable de la vinculación ilegal del servidor de anuncios para editores de Google, DFP (que es la evolución de DoubleClick, que compró en 2008 por 3.100 millones de dólares), y el servicio de intermediación, AdX. Sin embargo, la resolución afirma que la empresa no cumple la definición de monopolio en un tercer mercado de herramientas utilizadas por los anunciantes para comprar anuncios gráficos.
La decisión incluye también un duro reproche a la compañía del grupo Alphabet por “el incumplimiento sistemático por parte de Google de las normas probatorias relativas a la destrucción de pruebas y su uso indebido del secreto profesional entre abogado y cliente”. La jueza dice que esas conductas “podrían ser sancionables”, pero que, dado que la compañía ha sido declarada responsable no es necesario “sancionar a Google por destrucción de pruebas en este momento”. Al igual que en el caso de las búsquedas, matiza la jueza, la decisión de no sancionar “no debe interpretarse como una aprobación del incumplimiento por parte de Google de su obligación de conservar las pruebas”.
Los demandantes piden la división del negocio publicitario de Google mediante desinversiones para fomentar la competencia. Sin embargo, las medidas concretas a adoptar serán objeto de un nuevo proceso con alegaciones de las partes antes de la sentencia definitiva. Según el Departamento de Justicia, el plan de Google consistió, por un lado, en neutralizar o eliminar a los competidores de tecnología publicitaria, reales o potenciales, mediante una serie de adquisiciones; y, por otro, en ejercer su dominio en todos los mercados de publicidad digital para obligar a más editores y anunciantes a utilizar sus productos y, al mismo tiempo, perturbar su capacidad para utilizar los productos de la competencia.
Ese es el punto en el que se encuentra el otro caso, más graves, en el que Google fue declarada culpable de violar la ley antimonopolio: el mercado de las búsquedas. Los fiscales han pedido que se obligue a la compañía a vender su navegador Chrome, a desvincular su buscador de Android y a romper los acuerdos con Apple y otras empresas para que sus navegadores usen Google como buscador por defecto, entre otros remedios. La compañía se opone a ello. Se espera una sentencia en los próximos meses.
Los casos contra Google forman parte de la ofensiva Gobierno de Joe Biden contra las prácticas monopolísticas de las grandes empresas, en particular los gigantes tecnológicos. En esa batalla tuvo como principales arietes a Lina Khan, responsable de la Comisión Federal de Comercio (FTC, en sus siglas inglesas) y al equipo del Departamento de Justicia. La vista oral del caso de la FTC contra Meta por la compra de Instagram y WhatsApp ha comenzado esta semana en Washington con la declaración como testigo del fundador y consejero delegado de la compañía, Mark Zuckerberg.
La FTC sostiene que Meta ha utilizado el monopolio de su tecnología para generar enormes beneficios a medida que ha disminuido la satisfacción de los consumidores. Zuckerberg, que estuvo declarando durante tres días, insistió en que compró Instagram y WhatsApp porque le gustaban las empresas, y no para reducir la competencia, como alega la FTC.
El supervisor utilizó como prueba un correo electrónico del fundador de Facebook en que advertía sobre el crecimiento de Instagram y expresaba su sensación de que necesitaba neutralizar su amenaza. Zuckerberg explicó que está muy centrado en inventar cosas nuevas, y que comprender lo que otras personas están creando es una parte importante del proceso. En cualquier momento de la historia de su empresa, dijo, se podían encontrar tonos similares de preocupación en los correos electrónicos sobre lo que otras empresas estaban haciendo mejor que él. “Este es mi trabajo”, dijo Zuckerberg, según recoge AP. “Necesito entender lo que está pasando y necesito impulsar a nuestros equipos para que actúen con rapidez” para aprender lo que está pasando en un mercado muy competitivo, alegó
