El ajuste que el Gobierno está aplicando sobre las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad llegó a los oídos de la Iglesia. La Comisión Episcopal De Pastoral Social, el Equipo De Sacerdotes De Villas y
Barrios Populares De Argentina y la Fundación Universidad
Latinoamericana De Las Periferias, entre otras organizaciones católicas, calificaron de “injusticia” el recorte de las pensiones por invalidez y la situación dramática de los centros de día y de los presteadores de salud y educación del colectivo.
El problema “nos duele e interpela”, dice el comunicado episcopal, que además remarca que “son miles las personas que no acceden a los servicios básicos y esenciales para su subsistencia, lo que lleva a muchos a una situación de desprotección cada vez más extrema”. “Si la situación económica es compleja para la mayoría, más lo es para quienes portan alguna discapacidad”, advierte.
El comunicado apunta contra el recorte o la eliminación de “los servicios de salud, vivienda, educación, rehabilitación, habilitación, facilitadores de inclusión social y convivencia”, cuyos prestadores se movilizaron este miércoles haciai el Congreso para reclamar la sanción del proyecto que declara la “emergencia” en el área y que impulsa el diputado Daniel Arroyo junto a otros legisladores de la oposición.
Tal como había anticipado Página/12, la intención del Gobierno es, en paralelo al ajuste sobre las prestaciones, recortar este año unas 400 mil pensiones por invalidez.
“Reconocemos que hay voces que denuncian múltiples violaciones de los derechos elementales de personas con discapacidad, pero poco se hace para que éstos sean concretamente ejercitados y garantizados. La multiplicidad de discursos fragmentados, nos lleva a invisibilizar y despersonalizar a quienes requieren ser mirados. No queremos que nos venza la sensación de impotencia, confiamos en la sensibilidad humana del pueblo y de las autoridades gubernamentales para salir de la indiferencia hacia quienes son nuestros hermanos y hermanas”, dice el comunicado de los curas.
La carta sigue con un llamado “urgente a la conciencia colectiva”. “Es necesario que nosotros como sociedad y las autoridades gubernamentales, actuemos ahora. Si no lo hacemos, seguiremos profundizando un sistema en el que la exclusión y la desigualdad se perpetuarán”, asegura y propone “generar un espacio de encuentro, entre todos los actores para el diálogo constructivo a fin de reflexionar y articular acciones concretas a seguir, que nos permitan construir una nación en la que todos seamos valorados como personas humanas”.
