El fiscal federal Carlos Rívolo le adjudicó a la jueza María Eugenia Capuchetti una maniobra para distorsionar el objetivo de la causa sobre la posible autoría intelectual del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que se centraba en el diputado del PRO Gerardo Milman. La acusó, además, de hacer forum shopping para quedarse con una investigación donde apunta a responsabilizar a la Policía Federal (PFA) en relación al atentado que –en caso de tener algún sustento, algo que él descarta– debería investigar otro juez/a.
La llamada “pista Milman”, sobre el papel el diputado en el intento de magnicidio, se tramitaba en un expediente específico que la magistrada volvió invisible al fusionarlo la semana pasada –como relevó Pagina/12— con un legajo que pasó a poner el foco en un supuesto papel de la PFA que, en rigor, ya fue investigada. No está claro hacia donde va la nueva teoría. El nombre del legislador, exmano derecha de Patricia Bullrich, que está imputado, ni siquiera figura ya en la carátula.
Tan envalentonada está la jueza que citó a declarar desde esta semana a cuatro policías que participaron de un sumario interno contra otros agentes. El fiscal pidió, sin suerte, suspender esos testimonios. “Téngase presente”, le contestó Capuchetti. La primera declaración fue postergada solo porque el juzgado había enviado mal el oficio.
Rívolo le planteó este jueves a Capuchetti en su presentación dos cuestiones claves: que si quiere analizar hechos cometidos por personal policial bajo sus propias instrucciones y que carecen de relación directa con el ataque a CFK, no lo puede hacer ella misma sino que debe “extraer testimonios” y mandar el caso a sorteo. Pero, además, le advirtió que la “repentina reunificación” del asunto Milman con el de la PFA “resulta a todas luces irregular” porque no tienen pruebas en común ni relación alguna el uno con el otro. “Los hechos de cada uno de ellos, si bien encuentran un lógico punto de conexión en el atentado, estaban orientados en sentidos distintos, claros y determinados, sin comunidad probatoria entre ambas pesquisas”, alertó Rívolo.
Qué se juega
Lo que está en juego en esta discusión es un expediente residual, que quedó en primera instancia, que apunta a desentrañar quién estuvo detrás del ataque a CFK ocurrido el 1 de septiembre de 2022, y eventualmente alguna conexión económica. En paralelo tramita el juicio ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) por el hecho material en sí, el intento de asesinato, por el que están acusados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte como coautores, y Gabriel Carrizo como partícipe secundario.
Si bien la querella de la expresidente denunció durante el trámite de la causa numerosas irregularidades que adjudicó a Capuchetti, en una audiencia de fines de marzo en el juicio, un grupo de testigos dejó muy mal parada a la jueza (peritos y su propia custodia), en especial en relación a cómo se dañó el celular del principal acusado, que tuvo un intento de peritaje dentro del juzgado y luego fue enviado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria sin cadena de custodia.
A la defensiva y para tener un instrumento de presión la jueza decidió quitarle al fiscal Rívolo el manejo de la investigación pendiente, que le había delegado por sí misma hace más de dos años, debido a que estaba recusada y decía preferir evitar problemas y futuras nulidades. Había sido cuestionada después de negarse a secuestrar los celulares de dos colaboradoras de Milman que mintieron y se contradijeron al declarar. Son las mujeres que estaban con él cuando un testigo lo escuchó decir en el bar Casablanca en la esquina del Congreso “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, dos días antes del atentado. Eso les dio tiempo a borrar el contenido de los teléfonos (en una oficina de Bullrich) antes de que la Cámara ordenara su secuestro en diciembre de 2022.
Rívolo le retrucó que sacarle el expediente era algo arbitrario, intempestivo y extemporáneo. Recurrió con una queja ante la Cámara Federal, pero no le fue bien. Los jueces Mariano LLorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, le dijeron este miércoles que los jueces pueden discrecionalmente delegar o no una investigación.
¿Por qué la Federal?
Al reasumir la causa Capuchetti criticó a la fiscalía. Sostuvo que “no se ha observado un progreso significativo” y que hacía falta “un nuevo enfoque”. Según ella “no se ha profundizado suficiente” respecto del papel de la Policía Federal (PFA). Es evidente que aquella policía era la que dependendía del gobierno de Alberto Fernández y, en partiuclar, del exministro de Seguridad Aníbal Fernández.
En su escrito de este jueves ante el juzgado, al que accedió este diario, Rívolo le recordó que él ya hizo hace tiempo “numerosas medidas de prueba tendientes a verificar algún tipo de vinculación y/o participación de todos aquellos funcionarios de las distintas fuerzas de seguridad (Policía de la Ciudad, Policía Federal y/o División Custodia Vicepresidencial) que estuvieron afectados a los diversos dispositivos de seguridad desplegados en las inmediaciones del domicilio de la Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández, con alguna de las tres personas imputadas en el atentado” no sólo el día del echo sino “los días previos, todas las cuales arrojaron resultado negativo”.
Repasó que hubo tres sumarios policiales: uno sobre la actuación de agentes el día del intento de magnicidio; otro sobre el primer peritaje en el que se intentó extraer el contenido del celular de Sabag Montiel, realizado por agentes de Cibercrimen de la PFA; el tercero, que le interesa desempolvar a Capuchetti, se refiere a lo que ocurrió el 4 de septiembre, cuando la exnovia del principal acusado, Brenda Uliarte, que estaba en los “copitos” en una vivienda en Barracas, salió de allí y pasó por delante de las narices de dos policías del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, que debían detenerla pero no lo hicieron. La misma dependencia, además, se demoró en intervenirle el celular. La oficina de escuchas de la Corte avisó que el celular se movía. La chica fue detenida un rato después, por la PFA y con directivas de un secretario del juzgado, en la estación Palermo del ferrocarril San Martín. Los oficiales involucrados tuvieron una sanción de cinco días de arresto.
Según plantea Rívolo, los policías cumplían directivas de la jueza y es “un hecho temporalmente posterior y distinto al suceso principal y que involucraría a personal policial que nada tuvo que ver con la seguridad” de CFK. Ni en el caos de Milman y en el de la PFA ve nada nuevo y ya había sido decisión de la jueza en su momento que tramitaran separados. En la pista Milman más bien lo que hubo fueron dilaciones, pérdida de pruebas de los celulares y un callejón sin salida, ya que el celular de él nunca fue peritado.
Si Capuchetti “entiende, aún sin pruebas
ni elementos, que se deben investigar las falencias o irregularidades que habría
cometido personal de la Policía Federal Argentina, en el cumplimiento de diversas
tareas de investigación que le fueran ordenadas por el Tribunal en las horas posteriores
al ataque, o alguna otra cuestión –dice Rívolo– la Magistrada debe ordenar la extracción de
testimonios para que sea otro Magistrado, completamente ajeno a los hechos, el que
investigue tales sucesos”. Ese, indica, sería el modo de actuar según “el principio de imparcialidad” para “disipar cualquier sospecha de forum shopping” (que implica elegir al tribunal más conveniente, en este caso a ella misma). El escrito explica también que la causa 2.998 (que la jueza juntó con el legajo 45, sobre la policía), siempre estuvo dirigida a “identificar eventuales partícipes y/o autores intelectuales del
atentado. En dicha hipótesis no se incluye, en modo alguno, el involucramiento del
personal de las fuerzas de seguridad actuantes”, agrega.
La aparición de Milman
El único punto de contacto forzado que podría haber entre la PFA y el atentado, es el que intentó introducir Milman antes del atentado y en una llamativa aparición mediática hace tres semanas. En agosto de 2022 había presentado en Diputados proyectos de resolución donde pedía información sobre la custodia de la entonces vicepresidenta, que por esos días tenía rodeada su casa de manifestantes que iban a darle apoyo en medio del juicio conocido como Vialidad. En uno de ellos anunció que podía haber lo que sería como un autoatentado dada su situación judicial.
En una entrevista publicada el 5 de abril por el sitio Mdz, mostró satisfacción porque Capuchetti había reasumido la causa: “No quiero spoilear a la jueza, pero ella esta semana ha retomado la conducción de la causa, así que creo que vamos a tener novedades importantes en los próximos días”, se despachó. “Pronto se sabrá quien le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel”, anunció. Sobre el final dijo que esperaba conocer a los “responsables reales” “de, entre comillas (sic), el atentado de Cristina Fernández de Kirchner”. ¿Será que hacia ahí quiere llevar todo la jueza?
