Desde el momento de su investidura, Donald Trump pasó a la acción para cumplir una de sus promesas electorales más populares: la deportación masiva de 13 millones de migrantes indocumentados. Más de un centenar de medidas migratorias han cambiado la vida de millones de personas que residían y trabajaban en el país, documentadas e indocumentadas, y ahora temen la expulsión. Desde el Gobierno se ha querido equiparar a los indocumentados con delincuentes que suponen una amenaza, pero la realidad es que la mayoría carece de antecedentes penales. Los abusos cometidos por el Ejecutivo bajo el argumento de proteger el país se han personificado en el caso de Kilmar Abrego García, convertido en símbolo de las injusticias que se están produciendo con las deportaciones y que ha hecho que hasta el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto pidiendo su retorno.
Abrego García, salvadoreño de 29 años, se encuentra en el Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador desde el 15 de marzo. Es uno de los 23 salvadoreños que junto a 238 venezolanos fue deportado al país centroamericano bajo la acusación de pertenecer a la MS-13, una pandilla criminal salvadoreña que Trump ha definido como grupo terrorista, lo mismo que la venezolana Tren de Aragua, la otra banda a la que supuestamente pertenecen los expulsados.
La singularidad del caso de Abrego García es que, por primera vez, el Gobierno admitió que fue deportado por un “error administrativo”. El detenido contaba con una protección judicial desde 2019 que prohibía su deportación. A pesar de ello, la Administración se negó a intentar enmendar su equivocación y traerlo de vuelta, lo que ha desembocado en un pulso entre el poder ejecutivo y el poder judicial que aún no se ha resuelto.
El Ejecutivo justificó que el detenido ya estaba bajo la custodia del Gobierno de Nayib Bukele y que no podía hacer nada por regresarlo a Estados Unidos. Un argumento que no ha aceptado ni el Tribunal Supremo, que unánimemente ha exigido al Gobierno que “facilite” su retorno.
A cambio, Trump y su equipo han iniciado una campaña de desprestigio contra Abrego García para justificar su permanencia en la cárcel, a pesar de que no han aportado pruebas de comportamiento delictivo y carece de antecedentes penales.
El miércoles pasado, la jueza federal de distrito Paula Xinis, que ha llevado el caso desde el comienzo, suspendió temporalmente su orden que exigía al Gobierno explicar sus gestiones para el regreso. La pausa se produjo un día después de que criticara a la Administración por negarse a proporcionar información y es la primera señal de un posible cambio de tono en la batalla legal.
Detenido sin razón
Abrego García fue detenido el 12 de marzo cuando viajaba en su coche con su hijo de 5 años, que es autista, y se disponía a recoger a los otros dos niños hijos de su esposa, ciudadana estadounidense. Los cinco formaban una familia residente en el condado de Prince George, en Maryland. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pararon su coche y le anunciaron que su estatus había cambiado. Se lo llevaron detenido y empezó el calvario de la familia. Sin saber el motivo de su detención, Abrego García fue trasladado a Florida, Georgia y Luisiana.
Agitado, el 15 de marzo le comunicó a su esposa, Jennifer Vásquez Sura, que creía que le deportaban a El Salvador, a la megaprisión que Bukele construyó para encerrar a los terroristas, conocida por las deplorables condiciones en las que viven los presos y los abusos de los derechos humanos.
Vásquez Sura reconoció a su esposo por una foto publicada del interior de la prisión, gracias a los tatuajes del brazo y las cicatrices de su cuero cabelludo, ahora visibles por el rapado al que someten a todos los presos.
Desde ese momento, Vásquez Sura se ha convertido en la principal defensora de su causa, encabezando protestas y presentándose ante los medios de comunicación. En declaraciones a The Washington Post publicadas la semana pasada, afirmó que ha tenido que mudarse con sus hijos a una residencia segura porque tiene miedo. En su intento por criminalizar a Abrego García, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compartió con sus 2.4 millones de seguidores en X antiguos documentos de tribunales en los que aparecía su dirección.
“No me siento segura cuando el gobierno publica mi dirección, la casa donde vive mi familia, para que todos la vean, especialmente cuando este caso se ha vuelto viral y la gente tiene opiniones muy diversas”, dijo. “Esto es un poco aterrador. Tengo miedo por mis hijos”.
El DHS y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicaron en X una queja de violencia doméstica de 2021 presentada por Vásquez Sura que ella desestimó. Más tarde ha explicado que hubo momentos difíciles en su matrimonio en parte como consecuencia de la depresión que él sufrió después de ser detenido en 2019.
Es a esa fecha que se remonta el único altercado con la justicia que tuvo. Abrego García fue detenido mientras esperaba un trabajo en las afueras de una tienda de Home Depot, en Baltimore, Maryland, junto a otros tres hombres. Funcionarios federales lo acusaron de ser miembro activo de la MS-13. No se consiguieron pruebas ni se presentaron cargos contra él y seis meses después un juez le otorgó una suspensión de deportación, que le protegería de ser enviado a El Salvador. El magistrado entendió que corría peligro si regresaba a su país.
Cuando tenía 16 años, su familia lo envió a Estados Unidos, donde ingresó de forma ilegal, para huir de las amenazas de las pandillas. Su madre, que tenía un negocio de pupusas, sufrió la extorsión de la banda criminal y él estaba sometido a mucha presión para que se uniera a la pandilla.
Un tatuaje como prueba
Su familia y abogados han negado rotundamente que pertenezca al MS-13. Trump se ha mostrado en X sujetando una foto en la que aparece una mano en la que los nudillos tienen tatuajes que, dice el presidente, son la prueba de que pertenece a la banda, aunque no se ha comprobado que sea de él.
Precisamente la presencia de tatuajes es una de las pruebas que el Gobierno usa para acusar a los detenidos de pertenecer a las pandillas, a pesar de que son diseños comunes en sus países de origen y no se pueden considerar pruebas irrefutables, según han denunciado los expertos.
Además de la indignación popular, el caso de Abrego García se ha convertido en un arma política contra el Gobierno. El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, viajó a El Salvador el 17 de abril para entrevistarse con el detenido, y cuatro congresistas demócratas se trasladaron al país centroamericano esta semana para exigir su liberación.
Más casos
Aunque sí es el caso que más titulares ha ocupado, el caso de Abrego García no es el único que muestra la arbitrariedad de las deportaciones. La jueza de distrito Stephanie Gallagher, que fue nombrada por Trump, pidió la semana pasada a la Administración que solicite al Gobierno salvadoreño que libere a un venezolano de 20 años identificado como Christian para que regrese a Estados Unidos, en donde contaba con una protección judicial hasta que se resolviera su petición de asilo.
Christian fue otro de los deportados el 15 de marzo a El Salvador por la Ley de Enemigos Extranjeros, en la que el Gobierno se apoyó para detener y expulsar a los migrantes sin derecho a un juicio ni acceso a abogados. Concebida en 1798 para situaciones de crisis bélicas, sólo se ha usado en tres ocasiones, la última durante la Segunda Guerra Mundial.
El Tribunal Supremo ha impedido temporalmente la aplicación de esta ley y prohibió al Gobierno que la usara para deportar a un grupo de venezolanos recluidos en un centro de detención de Texas. Era la respuesta a una de las decenas de demandas que las organizaciones de defensa de los migrantes han interpuesto contra la dudosa legalidad de las acciones del Gobierno.
La imposible meta del millón
Desde el 20 de enero, un aluvión de medidas han estado encaminadas a cumplir el objetivo de expulsar del país a un millón de indocumentados al año. “El ritmo y la intensidad de los eventos migratorios han sido mucho mayores de lo que la mayoría de la gente habría esperado. Actualmente, contamos con 175 acciones importantes. Esto supera las 94 de los primeros 100 días de la Administración Biden y multiplica por seis las acciones tomadas durante la primera Administración Trump, que en ese momento parecía ser la de mayor actividad migratoria de la historia”, subraya Doris Meissner, directora del Migration Policy Institute (MPI).
La revocación de visas, la eliminación de programas destinados a ofrecer vías legales a los migrantes, como el estatus de protección temporal (TPS) y el parole humanitario, y la eliminación del CBP One, la aplicación para obtener citas para solicitar asilo, son algunas de las medidas que Trump ha aprobado. Con ellas engrosaría la lista de indocumentados con unos cuatro millones de migrantes que residían de forma legal y, si no lo frenan los tribunales (que ya lo han hecho en algunos casos), serán ahora deportables.
Un informe recién publicado del MPI explica que en sus primeros 100 días, Trump 2.0 ha transformado drásticamente el sistema de inmigración de Estados Unidos, pero no está cumpliendo los objetivos de deportación masiva. El think tank con base en Washington, estima que podrían alcanzarse medio millón de deportaciones, la mitad del objetivo.
Para que la campaña de deportaciones alcance su meta es necesario que el Congreso, que ahora es de mayoría republicana, apruebe más recursos financieros para el DHS y que aumente la cooperación de las fuerzas locales con ICE.
Lo que sí se ha conseguido es que la comunidad migrante viva ahora presa del temor. Las personas abandonan sus empleos y los niños dejan de ir a las escuelas por el miedo a toparse con los agentes de ICE. Muchos piensan en abandonar el país, algo que el Gobierno ha promovido a través de la aplicación CBP Home para las autodeportaciones.
“Estamos viendo una enorme cantidad de miedo e incertidumbre en las comunidades, y esta es otra herramienta para la deportación”, afirma Murad Awawdeh, director de New York Immigration Coalition.
