El Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad impulsado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el decreto-ley para el reparto de menores migrantes, pactado por el Gobierno y Junts. La impugnación de esta norma se basa en la tesis de que los criterios de reparto y distribución acordados podrían vulnerar los artículos 81.1 y 86.1 de la Constitución, en la medida en que “regula el contenido esencial del derecho fundamental de las personas menores extranjeras no acompañadas a la libre circulación y elección de residencia dentro del territorio nacional”.
El Ejecutivo de la Comunidad madrileña informó el pasado 26 de marzo de su decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto-ley a la vista de los términos del pacto entre el Gobierno y Junts. El portavoz del Consejo de Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, explicó en rueda de prensa que la Comunidad no iba a seguir “tolerando” un reparto “discrecional” como el acordado, cuyo “único propósito” –añadió- era “conseguir los siete votos (de Junts en el Congreso) para mantenerse en la Moncloa”. En consecuencia, desde la presidencia de la Comunidad se dieron instrucciones a la Abogacía General autonómica para que impugnase el decreto-ley, cuya finalidad esencial es reubicar 4.400 menores migrantes llegados a Canarias y Ceuta.
De este total de menores que deben ser acogidos por las comunidades autónomas, a Madrid le corresponderían entre 700 y 800, cifra sobre la que el Gobierno de la Comunidad manifestó objeciones, considerando que los centros que podían utilizarse para esta función están “sobresaturados”. La Abogacía de la Comunidad indicó que el decreto–ley “es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones”, y que el reparto de los menores acogidos “carece de justificación y se ha realizado sin contar con las comunidades autónomas”.
El recurso contra el decreto-ley por el que se aprobaron “medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencia migratorias extraordinarias” fue impugnado finalmente por la Comunidad madrileña añadiendo a sus primeras alegaciones que se trataba de una norma contraria al régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, a los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre territorios, y al de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, así como a los de lealtad institucional y autonomía financiera.
Tras anunciarse la presentación del recurso con estos planteamientos, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, criticó que la presidenta madrileña se hubiera “descolgado” de sus manifestaciones previas, en las que había afirmado que “cumpliría la ley” en materia de reubicación de menores migrantes. Espinar dijo que “Ayuso no tiene palabra, y el tono de sus declaraciones cada vez tiene más tintes racistas”. También afirmó que el rechazo de la presidenta madrileña al citado decreto-ley resultaba contradictorio con actuaciones anteriores de la Comunidad de Madrid, ya que su presidenta no tuvo en su momento “ningún problema en acoger a ucranianos”. En las mismas fechas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó a su vez su convencimiento de que la norma impugnada se ajusta a la Constitución. Clavijo –cuyo Gobierno está formado por Coalición Canaria y el PP- defendió en todo caso la legitimidad de la actuación ante los tribunales por parte de cualquier comunidad que considerara injustamente comprometidas sus competencias e intereses.
