Han transcurrido poco más de tres meses de su última excarcelación y José Daniel Ferrer vuelve a la cárcel: el reconocido líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) no solo se encuentra en paradero desconocido, sino que le fue revocada la libertad condicional que el Tribunal Supremo le había otorgado a mediados de enero, días antes del fin de la Administración demócrata de Joe Biden y tras negociaciones de La Habana con El Vaticano, que implicó la excarcelación de 553 presos. Ahora no solo han cargado con él, sino también con su esposa, Nelva Ortega, con el pequeño hijo de ambos y con dos activistas de la organización.
La familia volvió a situarse en la mira de las autoridades cubanas luego de que, con el regreso de Ferrer a su casa de Altamira, comenzaran una labor diaria de asistir con alimentos a casi mil personas en situación vulnerable. Es la explicación que muchos activistas le dan a su reciente detención. La hermana del líder, Ana Belkis Ferrer, comunicó que las “fuerzas represivas” al servicio del Gobierno de Miguel Díaz-Canel asaltaron la casa de la familia y “la saquearon completamente”. En las últimas semanas, Ferrer lidiaba además con un cerco policial en su barrio de la ciudad de Santiago de Cuba, al oriente de la isla, que impedía no solo que compraran comida para repartir, sino que limitaba el paso a las decenas de personas que llegaban a todas horas en busca de alimentos. A algunos, incluso, los amenazaron con ingresarlos en el hospital psiquiátrico o llevarlos a la cárcel.
No obstante, las autoridades cubanas no admiten que esta sea la razón principal por la que vuelven a arremeter contra Ferrer, quien acapara gran visibilidad en los últimos tiempos por su ayuda al pueblo santiaguero. Una declaración emitida por Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, a la que tuvo acceso EL PAÍS, asegura que la revocación de la libertad condicional llega tras incumplir “lo establecido en la ley” durante el “periodo de prueba” al que estaba sujeto. Desde el inicio de las excarcelaciones, grupos de activistas se encargaron de enfatizar la idea de que no se trataba de “liberaciones”, porque muchos de los exprisioneros volvieron a casa con determinadas reglas por cumplir, como no hacer denuncias en redes sociales, la imposibilidad de viajar al extranjero, las constantes citaciones por parte de la policía política y la vigilancia a las afuera de sus viviendas.
Según el Tribunal Supremo, Ferrer —condenado a 4 años y 6 meses de privación de libertad tras ser detenido por su participación en las protestas antisistema del 11 de julio de 2021— incumplió una serie de requisitos tras su salida de la prisión. El documento cita que el líder político no compareció ante el juez en dos ocasiones. “No solo no se presentó, sino que dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial”, se indica en el documento.
Ciertamente, desde su primer día fuera de la prisión de Mar Verde, Ferrer fue claro en hacerle saber a la autoridad que no cumpliría con las reglas de su supuesta libertad. En una entrevista entonces con El PAÍS, aseguró que no estaba dispuesto a participar de este tipo de juegos. “Dijeron que yo debía ir a un tribunal a firmar mensualmente y debía ponerme a trabajar donde ese tribunal me ubicara”, sostuvo. “Yo no tengo tiempo para vender tomates ni sembrar lechuga, mi tiempo es para luchar por la libertad y la democracia”.
Pero Ferrer no es el único preso político excarcelado al que ahora le revocan su libertad condicional. Félix Navarro, de 72 años, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba —quien también salió de prisión en enero tras más de cuatro años tras las rejas por su participación en las manifestaciones masivas de 2021 —, fue detenido en las últimas horas en Matanzas. Según el Tribunal Supremo, Navarro, “en franco irrespeto a la ley”, incumplió en siete ocasiones la medida de salir de su municipio, “sin solicitar autorización del juez de ejecución del Tribunal Municipal Popular de Perico”. Por tanto, las autoridades ordenaron el reingreso “del sancionado” a un establecimiento penitenciario para el cumplimiento del resto de su sanción de nueve años.
El Tribunal, además, hace saber en su documento que los “sancionados” son personas que de forma pública “hacen llamados en sus entornos sociales y digitales al desorden, el desacato a las autoridades y mantienen vínculos públicos con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba”, no obstante, insiste en que “las revocaciones dispuestas en este momento no guardan relación directa con estas conductas”.
Ferrer supo que era solo cuestión de tiempo la posibilidad de que volviera a entrar a una cárcel cubana, un lugar que conoce de cerca por sus reiteradas detenciones. “Y ahí empezaremos el nuevo capítulo de ese círculo vicioso en el que te encarcelan, te torturan, te presionan para que te vayas del país, te enferman, te causan todo tipo de problemas, golpean a tu familia, los amenazan con desalojarlos de su hogar”, dijo en enero a este periódico. “Luego la Iglesia vuelve a intermediar, una administración demócrata les pide algo a cambio de quitar una medida o castigo, y liberan a quienes nunca debieron estar presos. Eso es una burla a la inteligencia y la dignidad del ser humano”.
