La Justicia admitió un amparo presentado por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación para que el Ministerio de Salud de la Nación “reanude inmediatamente” el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), un programa que en cinco años había logrado bajar estos embarazos a la mitad, y que el actual Gobierno disolvió.
El juez federal Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Contencioso Administrativo Federal 11, resolvió que la Justicia tome la acción colectiva que habían presentado el 26 de febrero la Defensora Marisa Graham y el defensor adjunto Juan Facundo Hernández, “en representación y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes radicados en las doce provincias donde se desarrolló el Plan ENIA”, para que “se ordene al Ministerio accionado a que garantice la plena implementación del Plan ENIA en todas aquellas jurisdicciones donde se desarrolló”.
Los defensores habían asegurado que “las omisiones” del Ministerio “derivaron en una palmaria restricción al acceso a derechos y garantías reconocidas por la Constitución Nacional, circunstancia que evidencia una manifiesta regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales de niñas, niños y adolescentes, particularmente en sus derechos sexuales y derechos reproductivos”.
Solicitaron que se ordene al Ministerio de Salud que “ejecute inmediatamente el presupuesto asignado para las políticas sanitarias vinculadas a la salud sexual y reproductiva para garantizar que el colectivo representado acceda a sus derechos sexuales y reproductivos adecuadamente y, en consecuencia, pueda gozar de las prestaciones que el Plan ENIA garantiza para la prevención del embarazo adolescente no intencional; de enfermedades de transmisión sexual; del abuso y la violencia sexual y el acceso a una interrupción voluntaria y legal del embarazo“.
Los defensores también pidieron que se le ordene al Ministerio a garantizar la dotación de personal necesaria para que los equipos territoriales puedan seguir trabajando -el Gobierno actual despidió a 700 personas que trabajaban en estas áreas-; que se garantice el acceso y la entrega de anticonceptivos, sobre todo los de larga duración; que continúen las capacitaciones a los efectores de salud de las doce provincias, y que se restituyan los espacios de consejerías para que chicos y chicas puedan tomar “decisiones autónomas e informadas sobre su sexualidad, el cuidado de su cuerpo y su salud reproductiva”.
En 2017 nacieron en el país 704.609 niños y niñas, de los cuales un 13% (94.079) eran hijos de adolescentes menores de 20 años y 2.493 de niñas menores de 15 años. El Plan ENIA se implementó en 2018 en Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, las jurisdicciones con mayores tasas de embarazo adolescente.
En 2019 los nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años bajaron a 69.803 y los de niñas menores de 15 a 1.938. En 2021 el descenso fue aún más notorio: 46.236 nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años y 1.394 de niñas menores de 15 años. El Plan ENIA logró reducir los embarazos en la adolescencia a la mitad.
El año pasado, al desmantelarse el Plan, los Defensores hicieron un pedido de informes a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, pero no recibieron respuesta. “Al día de la fecha, los convenios no se ejecutaron”, dicen.
Aseguran que “el Plan no se está desarrollando y no se tiene información respecto al trabajo de rectoría del gobierno central existiendo una marcada disminución de la ejecución presupuestaria en el financiamiento del Plan y de la inversión en políticas de salud sexual y reproductiva en clara regresividad de los derechos del colectivo de infancias y adolescencias”.
En 2023, se destino al Plan ENIA una partida de 2.028 millones de pesos. Cuando empezó 2024, el Plan tenía asignado un presupuesto de 2.243 millones, que a lo largo del año sufrió un recorte de 12% y terminó siendo de 1.968 millones. De este último valor, se ejecutaron sólo 277 millones, es decir, un 14% de lo que tenía asignado el programa.
“Decidimos presentar este amparo porque es una política pública muy exitosa que en cinco años logró bajar a la mitad la tasa del embarazo adolescente. No había sentido para desmantelar el Plan. Las respuestas del gobierno fueron muy erráticas. En el Congreso hubo dictámenes. Despidieron a todos los trabajadores, se frenó la compra de insumos -asegura Hernández a Clarín-. Queremos que se restituya el Plan tal como se había diseñado porque fue efectivo y porque estaba planeado en base a evidencia incontrastable”.
Si bien en el escrito los Defensores reiteran “la urgencia del caso”, ahora es la Justicia la que debe decidir, pero el Gobierno puede apelar, y la causa podría llegar a la Corte Suprema.
Dice la Organización Mundial de la Salud que una niña tiene cuatro veces más riesgo de morir en el embarazo o parto que una mujer mayor de 20 años, que los bebés de menores de 20 tienen el doble de riesgo de mortalidad prenatal o morir en las primeras semanas. Los embarazos en niñas y adolescentes provocan depresión, angustia y ansiedad. Seis de cada diez deben dejar la escuela.
