El Consejo de Seguridad Nacional declaró este lunes una “crisis de electricidad” sin precedentes, tras el apagón generalizado que desde las 12.32 horas comenzó a afectar a España y Portugal, según informó el presidente Pedro Sánchez en una comparecencia sin preguntas en La Moncloa. De acuerdo con la directiva 2019/41 de la UE, una crisis de electricidad es “una situación presente o inminente en la que se produce una escasez significativa de electricidad, determinada por los Estados miembros y descrita en sus planes de riesgo”.
La declaración de este tipo de crisis obliga al país afectado a enviar —como efectivamente hizo el Gobierno— una “alerta temprana” a la Comisión Europea y a informar a esta, y a los países miembros de la UE de la región sudoeste sobre las posibles causas del deterioro del suministro, las medidas adoptadas para mitigarlo y la posibilidad de necesitar ayuda de otros Estados europeos.
El denominado Plan de Preparación frente a las Crisis de Electricidad en España, contiene una escala de crisis de electricidad, que pueden ir desde insignificantes, las de menor grado, a desastrosas, las más agudas. La crisis se clasifica en el umbral mínimo cuando el indicador ENS (energía no suministrada) es inferior al 0,002% de la demanda anual de España en MWh (megavatios hora); y en el máximo, cuando el ENS es igual o superior al 0,25%. A su vez, la crisis será menos grave si esta situación dura menos de tres horas y gravísima si se prolonga 168 horas (una semana) o más. También se tiene en cuenta la población afectada o el número de hogares vulnerables sin suministro eléctrico. Aunque aún es pronto para clasificarlo, este apagón es el más grave que ha sufrido jamás España.
Una vez declarada la crisis de electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico —que dirige la vicepresidenta tercera Sara Aagesen—, como autoridad competente para gestionar la crisis, podrá recabar información de las empresas energéticas, los gobiernos autonómicos o las Fuerzas Armadas, entre otras muchas entidades.
De los 31 escenarios de crisis previstos por la UE, el plan selecciona 10 para España y descarta los demás por considerarlos menos probables. Estos escenarios se engloban en nueve categorías en función de su causa: ciberataques, ataques físicos, fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales, desabastecimiento de combustible, factor humano, errores del mercado, fallos técnicos y otros.
Finalmente, los 10 que el plan considera más probables para España son, por este orden: pandemia; tormenta extrema; ciberataque contra sistemas de control; ciberataque contra equipos críticos empleados en actividades de control, protección y telecomunicaciones; ataque físico a infraestructuras críticas; ataque físico a centro de control; fallo técnico local (incendio o explosión en un activo crítico); sabotaje por parte de personal interno; incendio forestal; y erupción volcánica (esta última se incluyó tras la erupción del Cumbre Vieja en la isla de La Palma en 2021).
Ninguno de estos escenarios explica por su solo la súbita pérdida de 15 gigavatios de potencia, equivalentes el 60% de la demanda española de electricidad en ese momento, lo que provocó un brusco corte del suministro en la península Ibérica, según explicó anoche el presidente en una segunda comparecencia
Aún no se conoce la causa del gran apagón, pero las que se consideran más probables serían un problema técnico o un ciberataque. El primero solo lo contempla el plan español en caso de incendio o explosión en un activo crítico del sistema, en cuyo caso recomienda, como medida paliativa para minimizar daños, “la aplicación de restricciones técnicas en tiempo real para gestionar desvíos de frecuencia fuera de los límites establecidos”. Si la causa del fallo masivo fuese un ciberataque, del que no se han encontrado indicios hasta ahora, se recomienda, una vez desencadenada la crisis, la adopción de una serie de medidas, que van “desde la revisión de privilegios de acceso hasta el traspaso de la operación activa del sistema a los centros de control u operación secundarios o redundantes, los cuales contarán con un equipo de trabajo independiente”.
Dentro del Ministerio para la Transición Ecológica, que ejerce como coordinador de crisis, la autoridad responsable es la Dirección General de Política Energética y Minas, que estará en contacto con la Comisión Europea, las autoridades de los Estados miembros y el gestor de la red eléctrica; aunque el plan prevé la participación de otros ministerios como Sanidad, Interior y Defensa.
Si la gestión de la crisis lo hace necesario, se pueden movilizar los servicios de emergencia y seguridad pública, para atender al “rescate y salvamento de las víctimas”; los servicios de salud, para asegurar su recepción en establecimientos sanitarios; los servicios sociales, para proporcionar asistencia a los afectados; los servicios de seguridad, que podrán acordonar la zona afectada, mantener el orden en la misma, evacuar personas o gestionar el tráfico; y los servicios técnicos, para conseguir “la rehabilitación inmediata de los servicios públicos esenciales”.
El plan explica que, habitualmente, existirá una alerta previa antes de que se produzca una crisis de electricidad, pero reconoce que “puede desarrollarse una situación en la que no haya tiempo entre la amenaza/riesgo y la aparición de los primeros impactos negativos (y cortes de electricidad)”. En casos como el sucedido este lunes, precisa, el Ministerio de Transición Ecológica comunicará a la Comisión Europea, a las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE de la misma región y a los países vecinos, como Marruecos y Andorra, “a través de todos los canales de comunicación disponibles hasta que proporcionen confirmación de la recepción” del mensaje; algo que debió producirse ayer. Todos los operadores del sistema, precisa el plan, se intercambiarán información en tiempo real para intentar superar la crisis.
El plan prevé también la adopción por Red Eléctrica (Redeia) de planes de emergencia y de reposición del servicio, que contemplan “el disparo automático de determinadas instalaciones de generación tras una contingencia predefinida”, de forma que se reduzca la potencia para mantener la seguridad del sistema. También contempla el empleo de reservas de sustitución o la modificación de los programas de interconexión internacional. Finalmente, contempla “planes de reposición de servicio” para “devolver el sistema eléctrico a su estado normal de funcionamiento tras graves incidencias que han provocado cortes de suministro”, como ha sido el caso. La ley otorga además al Gobierno la capacidad de utilizar las reservas estratégicas de gas natural para atender a una situación de emergencia.
Una vez superada la crisis, el Ministerio de Transición Ecológica deberá realizar un análisis de la misma que incluirá como mínimo las causas que la desencadenaron, las medidas adoptadas para paliarla, el impacto del corte de suministro y las propuestas de mejora para que no se repita.
