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El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles que desde enero de 2027 se pondrá en marcha el llamado Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), un formato similar al que se aplica en algunos países de Europa y en Estados Unidos, a través del cual, además de reconocerse las horas cátedra cursadas, se pondera el tiempo autónomo que los alumnos destinan a las materias, lo que en el sector empiezan a llamar “horas asincrónicas”, es decir, tiempo de estudio, sea para trabajos, proyectos o resolución de actividades puntuales, como para preparación de exámenes.

La información constituye un punto de inflexión para el mundo universitario argentino, pero muy en particular para las nuevas carreras que pretendan tener reconocimiento oficial desde 2027. Salvo que se defina prorrogar por hasta dos años más la implementación del SACAU (aclara el comunicado oficial), son ésas las que deberán ponerlo en marcha primero. Si bien las carreras que ya existen no estarán obligadas a hacer ningún cambio, desde la secretaría de Educación esperan que “de a poco se vayan sumando, tal como pasó con la acreditación de la CONEAU”, explicó a Clarín Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

Quienes hayan estado siguiendo los debates de los plenarios del Consejo de Universidades sabrán que, si bien esta es auténticamente una noticia, no constituye realmente una novedad.

La intención de despabilar el sistema universitario argentino (que muchos consideran anclado un par de siglos atrás) hacia un formato más moderno de puntajes y equivalencias que –entre otros aspectos– faciliten el traspaso de alumnos entre carreras y universidades (nacionales e internacionales), tuvo su primer antecedente en octubre de 2023, cuando el ministro de Educación era Jaime Perczyk, y el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Si bien entonces se aprobó la intención de implementar un sistema como el anunciado ahora, no hubo real consenso acerca del “cómo”.

El siguiente mojón sobre el tema es el que se comparte en estas líneas, pero no se definió en estas horas sino hace meses: en diciembre de 2024. La difusión de la noticia, que en alguna medida es algo vieja, debió esperar su turno en la abultada cola de comunicaciones que salen del Ministerio de Capital Humano, cartera que maneja Sandra Pettovello.

Si bien se puede pronosticar una calurosa polémica sobre la implementación del nuevo sistema de créditos, Álvarez celebró la novedad. Consideró que fue esta gestión la que logró implementar los ajustes necesarios para lograr el consenso del sector acordado en el plenario 274 del Consejo de Universidades en diciembre pasado, cuando “por unanimidad” (subrayó), se pudo definir el “cómo” de este flamante sistema de valoraciones, a través del cual los alumnos pasarán a acopiar, como si fueran porotos, Créditos de Referencia del Estudiante (CRE).

Aunque cada institución decidirá de qué manera implementar el sistema (“hay autonomía universitaria”, recordó Álvarez), desde la cartera de Educación esperan que “en los próximos años, todas las universidades se vayan sumando a este formato de manera paulatina”.

El comunicado de Capital Humano detalla que “cada crédito académico equivaldrá a entre 25 y 30 horas de dedicación académica”. Como se dijo, esto incluye las horas de clase pero también el tiempo extra clase, que por supuesto no determinará el alumno sino la propia institución de manera predefinida.

Para decirlo de modo sencillo, tal materia en tal carrera (siempre que haya sido creada luego de 2027) de cierta universidad, pasará a tener un valor numérico relativo. Justamente, “x” cantidad de créditos; 10, 20 o los que sean.

“Dentro de un mismo campo del conocimiento, los créditos serán intercambiables de manera automática“, adelantó Álvarez, abriendo un capítulo novedoso, por ahora difícil de representar imaginariamente, en el día a día de las decisiones particulares que adopte cada institución.

Pero, según dice el comunicado oficial, “este enfoque permite a las universidades diseñar planes de estudio más libres y abiertos, interdisciplinarios y flexibles, en los que se podrán integrar diversidad de estrategias pedagógicas utilizando distintas tecnologías y modalidades de cursado. Los planes deberán organizarse con un promedio de 60 créditos anuales”.

Lo de la flexibilidad y las equivalencias es un punto bastante sensible, que no todos entienden por igual. En especial, las universidades de mayor reputación, que no vinieron estando tan bien dispuestas a ceder terreno y liberar la posibilidad de que alumnos de instituciones menos prestigiosas, aterricen en sus claustros solicitando el reconocimiento de su trayectoria previa.

Por plantear un escenario exagerado, ese camino recorrido podría ser del 80% o del 90% de la carrera en cuestión, porcentaje acopiado en la forma de créditos supuestamente equivalentes. ¿Podrían entonces cursar el 20% o 30% restante de la carrera y tener el título de la universidad donde prefieren terminar sus estudios? Hay quienes entienden que no y que por eso habrá que establecer acuerdos y más consensos respecto de la implementación de los créditos equivalentes.

Álvarez esbozó que la Secretaría entiende que sin consenso no se puede llegar a buen puerto, en este sentido. “La idea es tender a una estandarización”; nada de esto puedo hacerse “por imposición”.

Tal como fue concebida hace años, la idea de los créditos partió de la intención de que el sistema universitario debería ser más realista con respecto a los tiempos de cursada. De muchas carreras se dice que duran cinco años, pero son demasiados los casos de alumnos a los que finalizar sus estudios les llevan seis, siete o más, dado ese plus de la ahora llamada cursada “autónoma”, fuera de la instancia de clase, propiamente dicha.

“Muchas cuestiones prácticas las va a definir y aplicar el área académica de la universidad respectiva. En general, la idea es asignarle un monto en créditos a cada materia, como si uno dijera ‘esta requiere tantas horas asincrónicas’. Una valoración de lo que vale la materia”, ejemplificó Álvarez.

Según el área de conocimiento (si es más teórica o más práctica), ese tiempo asincrónico será mayor o menor. Para el subsecretario, ponderar estas particularidades generará un gran beneficio, no sólo para quienes quieran hacer una segunda carrera dentro de la misma universidad (y puedan obtener equivalencias entre materias parecidas) sino para los que estudian tecnicaturas o terciarios, ya que “se podrán empalmar mucho más fácilmente con las licenciaturas”.

Partiendo de las desparejas realidades socioeducativas y socioeconómicas de la Argentina, posiblemente no sea sencillo trazar un sistema de valoraciones único, liso y estandarizado. Clarín le preguntó a Álvarez por esas rugosidades.

El subsecretario explicó que este punto también fue contemplado, y por eso se creó el Sistema de Aseguramiento de Calidad. “Fue consensuado en diciembre pasado. Las dos resoluciones salieron al mismo tiempo”, informó. Explicó que “es un sistema a través del cual cada universidad va a tener que asegurar su calidad, en relación a los estándares de la CONEAU”, y cerró: “Todavía no se difundió porque se están haciendo algunos ajustes. Va a salir”.