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Florencia tiene 22 años y en su vida hay muchas vidas: está a cargo de su mamá con padecimiento mental, de su abuela con los primeros síntomas de demencia senil, y de su hermana de 12 años. Vive en el norte del país. Estudia dos carreras y trabaja en la capital de su provincia.

Cuenta que quedó embarazada en una relación violenta: “Estaba angustiada. Me dolía el cuerpo, vomitaba. Fui a una guardia y pedí hablar con una psicóloga”. Le explicó que no quería seguir adelante, y que no tenía dinero. La psicóloga la tranquilizó y se conectó con una red de socorristas de Buenos Aires. Organizaron y pagaron su viaje.

Argentina tiene una larga tradición de trabajo en redes de socorristas. Son personas que acompañan a otras a abortar y que articulan con profesionales de la medicina y el derecho.

“Llegué un lunes, la intervención fue el miércoles, y el sábado ya estaba en mi casa de vuelta. Me atendieron muy bien, todo el tiempo tuve a una acompañante conmigo -recuerda Florencia-. Fue muy difícil tomar la decisión y hacerlo, pero era lo que necesitaba para mí, para mi familia”.

Miriam vende artesanías en una esquina de su ciudad, en el noreste argentino. Los fines de semana es feriante. Tiene 35 años, 5 hijos y un marido con discapacidad que no puede trabajar. Ella es el sostén del hogar: “Cuando me enteré que estaba otra vez embarazada entré en pánico. ¿Cómo iba a hacer con otro hijo? Imposible. Fui al hospital y una doctora me explicó que había ley de aborto. Yo no sabía que había ley”.

La médica activó la red, que organizó todo, y Miriam pudo viajar a Buenos Aires a realizarse la práctica. “Le dije a mi familia que viajaba a hacerme un tratamiento. Yo sé la vida que tengo, y lo que puedo y no puedo hacer. Lo que decidí es lo que tenía que hacer. Estoy muy agradecida por cómo me cuidaron y atendieron. Me explicaron sobre anticonceptivos, porque yo no sabía nada, y ahora estoy más tranquila”.

Miriam ignoraba que el aborto era legal, y como ella, muchas otras mujeres lo desconocen. Y lo corrobora Amnistía Internacional que hasta el 25 de marzo recibió, cada 25 horas, un caso por obstáculos en el acceso al aborto, a través de un formulario de su web, donde hay información detallada sobre la ley argentina.

Mujeres de otras provincias y países limítrofes llegan a una casita baja, de paredes claras, que se parece a muchas otras del noroeste del Gran Buenos Aires. Tiene un pequeño jardín en el frente, con algunas plantas y la copa de un árbol que desde la calle no deja ver del todo bien el cartel que dice Centro Integral de Salud Sexual y Reproductiva. En el salón principal, una mujer espera. Lleva un embarazo de diez semanas. Va a interrumpirlo.

Prefiere no hablar. Un poco por vergüenza, otro poco por temor. Tuvo que viajar desde otra provincia. En su pueblo le dijeron que el aborto ya no era legal, pero una médica que la escuchó la conectó con la red de socorristas. Ellas la trajeron hasta este rincón del conurbano.

En Argentina el aborto es legal desde su aprobación en el Congreso de la Nación, el 30 de diciembre de 2020. La ley 27.610 entró en vigencia el 24 de enero de 2021 y desde entonces todas las mujeres tienen derecho a pedir la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive, o la Interrupción Legal (ILE) si su salud o su vida corre peligro o el embarazo es producto de un abuso.

En enero de 2024, a poco de asumir como presidente Javier Milei, un grupo de legisladores de La Libertad Avanza presentó un proyecto que proponía derogar el aborto legal y castigar a las niñas y mujeres que pidieran esta práctica, inclusive si habían sido violadas. Ante el rechazo social de la propuesta, la Red de Acceso al Aborto Seguro afirma que el Gobierno libertario decidió desfinanciar la ley: no compró ni distribuyó más los insumos necesarios. Según declaraciones de Milei, el aborto es “una aberración” y “un asesinato agravado por el vínculo”.

El último informe oficial de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) es de diciembre de 2023 y dice que en los tres primeros años de la ley 250 mil personas accedieron a un aborto seguro en instituciones públicas de salud del país. No hubo más datos porque el gobierno suspendió los informes de rendición de cuentas. El último 25 de Marzo celebró el Día del Niño por Nacer, y varios funcionarios se manifestaron en contra del aborto legal.

“Nadie puede negártelo, es tu derecho”, sostiene Amnistía Argentina en sus redes sociales. Sólo en el último año la ONG internacional recibió un 275% más de consultas sobre el aborto.

Como le pasó a Miriam, el desconocimiento y las fake news colaboran para negar la salud y prevenir el riesgo de vida de muchas mujeres. Damián Levy es ginecólogo y obstetra, trabaja en un hospital público porteño desde 2008 y era asesor de la DNSSR. Renunció cuando asumió la nueva gestión: “Este gobierno desarticuló la Dirección, que era nuestra base de referencia. No compraron más insumos como el misoprostol o la mifepristona, que son los medicamentos esenciales para el aborto, y no hacen más campañas”.

“Lo que se ve es la desintegración del tejido social, del tejido entre colegas. Tenemos temor de quedarnos sin insumos, de que no lleguen fondos, muchas organizaciones que nos apoyan tienen miedo”, dice. Levy creó la Fundación Cigesar en 2020 para brindar servicios de salud sexual y no reproductiva.

Hay otra casa muy similar, en la que también se garantizan servicios de salud sexual y no reproductiva. Está en otra zona de Buenos Aires. Quien la dirige es una médica que prefiere no dar su nombre ni la dirección. Dice que siente miedo, que recibe amenazas, que frente a la casa sufren escraches de grupos antiaborto que se potenciaron con la asunción del nuevo presidente en los Estados Unidos, Donald Trump.

“El Ministerio de Salud no compra insumos desde hace más de un año, cada provincia debe comprar sus propios medicamentos, y no les alcanza el dinero aunque tengan la voluntad política”, asegura.

“Para gran parte del imaginario social el aborto ya no es legal y hay más profesionales objetores de conciencia, el retroceso es muy grande”, dice. Habla del desmantelamiento del Plan ENIA, que en cinco años había disminuido a la mitad el embarazo no intencional en la adolescencia, y las trabas que pone el gobierno a la Educación Sexual Integral: “Dentro de poco vamos a ver cómo aumenta el embarazo adolescente“, asegura.

“El panorama es muy difícil. La mifepristona es muy cara, pasó a ser casi de lujo. Una sola pastilla puede costar 100 mil pesos. Y el misoprostol también lo es, cada pastilla sale más de 20 mil pesos, y se necesitan al menos cuatro. Para las interrupciones se deben hacer dos ecografías y por lo menos dos consultas con profesionales. Son casi 300 mil pesos -detalla-. Si una mujer no puede acceder a la práctica en el sistema público, es muy difícil que pueda pagar ese dinero”.

La profesional lo sabe bien porque al centro que dirige llegan mujeres de otras provincias. También de otros países, pero esa situación ha menguado debido a que Argentina “es muy cara para quienes vienen de afuera”.

Viviana Mazur está a cargo de la Coordinación Salud Sexual, VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Asegura que en los 48 centros de salud porteños se garantiza la IVE, al igual que en los 12 hospitales con servicio de obstetricia. La Ciudad siempre compró insumos y lo sigue haciendo. Por eso recibe a mujeres de otras provincias y países. En 2024 se practicaron unos 10.000 abortos. “El 90% son interrupciones del primer trimestre. Pocas son de adolescentes”,explica Mazur.

“Trabajamos en red, articulamos, derivamos, acompañamos y ayudamos económicamente a mujeres que no pueden abortar en sus provincias o países. De todas maneras, nada de lo que hacemos reemplaza la obligación del Estado de garantizar la ley”, explica Mariana Romero. Es médica, integra REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina), que reúne a profesionales de la salud y el derecho.

“Hay provincias que se han corrido a un costado, no hacen nada, no compran ningún insumo. Hay otras que están haciendo el esfuerzo pero les cuesta y algunas están garantizando el derecho pero deciden no decirlo en voz muy alta, como estrategia política. Lo que se está viendo es mucha desigualdad. Si perdemos el financiamiento que tenemos, no vamos a poder seguir acompañando a las mujeres”, se lamenta Romero.

“A REDAAS nos llegan muchas consultas y nuestra primera respuesta es que la ley está vigente. Insistimos en que llamen al 0800 222 3444, que es la línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Los comentarios son que es muy frustrante porque hay muchas menos personas atendiendo el 0800“, dice Romero.

“’¿Todavía es legal?’ nos preguntan las mujeres, y entonces hay que insistir en la vigencia de la ley y llevarles tranquilidad”. Quien habla es Ruth Zurbriggen. Forma parte de Socorristas en Red, una organización que reúne a más de 350 profesionales de todo el país que dan información y acompañan a mujeres que deciden interrumpir sus embarazos.

“Hay objetores de conciencia que estaban muy enojados con la ley, y ahora se están vengando. Escuchamos situaciones de maltrato hacia las mujeres que van a pedir abortos, les mienten, les dicen que no es más legal -asegura Zurbriggen-. A esto se suma que hay profesionales con miedo a ser denunciados por gente de su propio equipo que se oponen a la ley. Los retrocesos son muchísimos“, dice la socorrista.

Zurbriggen integra la Red Compañera, que reúne a mujeres de América Latina y el Caribe que acompañan abortos. Está integrada por 25 grupos de 19 países. La socorrista explica las distintas articulaciones que tienen según el país, las normativas y sus límites.

Emma tiene 44 años, es profesional y vive en Costa Rica. Hace dos años quedó embarazada, una opción que no era parte de su proyecto de vida pero “cuando ocurrió, decidí seguir adelante sola”. Los controles posteriores diagnosticaron un feto con anencefalia, una malformación congénita que se caracteriza por la ausencia de partes del cerebro y del cráneo.

“Fue un shock. Me dijeron que no había posibilidad de vida, pero que tenía que seguir adelante con el embarazo para que ellos investigaran. Me sentí un ratoncillo de experimento. Yo no iba a pasar por ese tormento”, asegura.

En Costa Rica la única modalidad de aborto permitida es en el caso de que la salud de la madre esté en riesgo por el embarazo, por eso Emma sintió que “no tenía chance de que me ayudaran en mi país, debía irme”.

“Llamé a una amiga argentina, porque sabía que en Argentina es legal. Ella armó red, hasta que llegó a una médica con la que hablé y me explicó que podría ir a Colombia, que me quedaba más cerca”. En Colombia “fue todo muy accesible, muy amable”, dice sobre la experiencia, a la que llegó con miedo por sortear los controles en el aeropuerto de su país, una realidad que relatan varias mujeres que atraviesan fronteras para acceder a un aborto.

La ley 27601 de Argentina no indica que la práctica debe ser supervisada por un profesional cuando es autogestiva. Tampoco dice que las personas que acompañan a hacer abortos o explican cómo realizarlos puedan ser criminalizadas porque es información pública y está basada en lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En otros países de la Región los acompañantes sí pueden ser procesados, y hay muchos casos.

“Nunca ha sido algo que yo he querido. No tengo hijos y no quiero tenerlos”. Marcela tiene 32 años y vive en una ciudad del sur de Chile. Se enteró que estaba embarazada a las 13 semanas. Averiguó en una clínica local, pero le explicaron que debía ir a un hospital público. “Me pusieron trabas, tenía que hacer muchos trámites y ya estaba en el límite de tiempo”, cuenta. Se conectó con una organización de socorristas de su país, que comprobó que las opciones allí eran pocas y complejas.

La contactaron con una red de Argentina. A la semana siguiente estaba en Buenos Aires. “No conocía a nadie, así que paré en un hotel. No me alcanzaba para pagar el avión y el alojamiento, tenía solo la mitad, y me ayudaron con el resto”. Marcela accedió al procedimiento en la clínica del conurbano bonaerense, donde pasó una noche. “El trato fue muy amable, me explicaron todos los procedimientos”. Cuatro días después estaba de vuelta en Chile, con un DIU colocado en su cuerpo.

“La decisión estuvo muy bien. Todas deberíamos poder decidir sobre nuestros cuerpos. Las redes son muy importantes, sobre todo en países que no tienen legislación o es mala. El Estado debería responder en estas situaciones, pero cuando no lo hace es fundamental que estén las redes”. Marcela accedió al servicio en forma gratuita. Las mujeres que pueden pagar lo hacen. Depende del caso, el costo va de 50 a 200 dólares.

Luz Reidel Wagner forma parte de la Corporacion Miles de Chile: “A siete años de la implementación de la Ley de Aborto en Tres Causales, persisten graves y múltiples barreras en el acceso a esta prestación. La objeción de conciencia sigue siendo un obstáculo significativo: para la causal de violación, uno de cada dos ginecobstetras se declaran objetores, y hay hospitales con 100% de objetores“.

“La obligación de informar la violación al Ministerio Público disuade a las mujeres de buscar la prestación, por temor de llevar su caso a la justicia. A esto se suma la prohibición de publicitar los servicios de aborto -concluye-. Todo esto ha configurado un panorama en que la ley existe, ha sido un gran aporte, pero no alcanza para asegurar los derechos de las niñas y mujeres”.

Es lo que le pasó a Belén, que vive en el sur de Chile. Tiene 32 años, una pareja y una hija de 15. “Me hice la ecografía y la médica me dice que mi bebé viene extraño, ¿cachai?”, cuenta. El diagnóstico era síndrome de Turner, una afección genética que se produce cuando una mujer tiene un cromosoma X anormal o falta un cromosoma X. Además se identificó Trisomía del par 12, asociada a patologías cardíacas, de desarrollo y formación del cerebro, y que puede llevar a una discapacidad cognitiva.

“La médica se cruzó de brazos y muy suelta nos dice: estos embarazos no llegan a término o la guagua muere al poco tiempo”, recuerda Belén. La patología diagnosticada no está incluida en el listado permitido por la ley chilena. En Argentina no hay lista de patologías fetales. Si es un riesgo para la mujer, entra en las causales, porque afecta la salud integral.

“Decidimos ir a Argentina. Nos pusimos en contacto con una organización de socorristas, nos asesoraron y derivaron. Nos dijeron que era urgente, que corría riesgo, porque además yo había tenido preeclampsia, mi salud estaba en riesgo”. Estuvieron una semana en el país y todo pudo resolverse. Belén cuenta que está embarazada de nuevo, pero que esta vez todo está bien y que está muy feliz.

En Brasil el aborto es legal en casos de violación, malformación cerebral del feto o si pone en riesgo la vida de la mujer. Sin embargo, un nuevo proyecto de ley plantea, a través de una modificación del Código Civil, penas de cárcel similares a las de un homicidio para quienes interrumpan un embarazo después de las 22 semanas, incluso en casos de violación.

Marcia googleó ‘dónde es legal el aborto’ desde su casa en Brasil, y el primer país que apareció fue Argentina. Tiene 21 años y trabaja como camarera. Cuando quedó embarazada le contó a su novio, que quiso obligarla a mudarse con él y a dejar de trabajar: “Decidí terminar la relación. Entonces él me denunció en una comisaría. Llegó a mi casa con policías, y desde la puerta me gritaba asesina y me insultaba”.

Se comunicó con una clínica de Buenos Aires: “Tenían una persona que hablaba portugués, me explicó todo, y junté el dinero y viajé. Después de lo que había pasado con la policía tenía mucho miedo, pero me tranquilizaron, me explicaron que no corría riesgo, que en el país era legal. Fui sola, me trataron muy bien, fueron muy amorosas. Hoy estoy muy bien”.

Débora Diniz es una antropóloga brasileña especializada en salud, bioética y derechos humanos que tuvo que exiliarse de su país. Es la autora del documental “Una mujer común”, que cuenta la historia de Scarleth, de 29 años y madre de tres hijos, que quedó sin trabajo cuando nació la más pequeña. Fue al hospital en busca de un método anticonceptivo, pero la mandaron de vuelta, sin nada. Al poco tiempo quedó embarazada.

El documental trata sobre su viaje a la Argentina, acompañada por su madre, y donde finalmente accedió a un aborto en una de estas casas de Buenos Aires. Todo fue organizado y pagado por las redes de socorristas.

“Siempre apoyé el derecho de las mujeres a acceder a un aborto. Se que muchas se identifican conmigo, por eso acepté contar mi historia. En Argentina me sentí acogida, con un tratamiento humanizado, pensaron en mi salud mental, sin juzgarme ni interrogarme”, relata cuando es consultada para esta crónica, desde su casa en Brasil.

“Ella cruzó la frontera para no morir, no sufrir y no ir presa. Cada cinco minutos una mujer aborta en Brasil. Cada cinco días una mujer muere por aborto inseguro. Scarleth es una mujer común, con una historia de aborto poco común en Brasil”. Así termina el documental

Según el último reporte anual del Centro de Estudios de Estado y Sociedad “Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales”, en 2018 en Argentina murieron 35 mujeres por causas relacionadas al aborto. En 2022, ya con la ley vigente, fueron 18. No hay cifras actuales.

El proyecto de esta investigación periodística recibió un premio de la International Women’s Media Foundation como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas. Colaboró Silvina Molina.