El proyecto que declara la situación de “emergencia” en materia de discapacidad hasta fines de 2027 obtuvo dictamen de mayoría este miércoles en el plenario de comisiones de Diputados. La iniciativa del bloque de Unión por la Patria, que obtuvo 59 votos positivos, busca forzar al Gobierno a incrementar los fondos destinados a los prestadores de servicios de salud, educación y transporte que utilizan las personas con discapacidad en todo el país; y también se propone revertir el recorte en marcha sobre las pensiones por invalidez laboral, que tal como adelantó Página/12 afectaría al menos a un tercio del total de beneficiarios. La idea de la oposición es incluirlo entre los temas a debatir dentro de una próxima sesión especial, aún sin fecha.
El proyecto fue respaldado con una marcha frente al Congreso protagonizada por familias y organizaciones civiles vinculadas a distintas discapacidades y también por trabajadores de centros de día, educadores, acompañantes terapéuticos y transportistas. “¡Emergencia en Discapacidad YA! ¡Que sea ley!”, fue una de las consignas de la movilización.
“La situación del colectivo ya era crítica desde hace varios años, pero se ha profundizado a niveles impensados”, dijo el diputado Daniel Arroyo al presentar el dictamen. “Una persona con discapacidad que trabaja en un taller protegido cobra 28 mil pesos por mes. No por día, por mes. Y ese monto no se actualiza desde febrero de 2023”, graficó Arroyo para después concluir que “está claro que estamos ante una emergencia evidente“.
El proyecto propone actualizar el valor de las prestaciones de salud, educación y transporte que brindan las instituciones que asisten a las personas con discapacidad. De ese nomenclador, que pagan las obras sociales, las prepagas y el propio Estado, depende la susbsistencia de centros de día, talleres protegidos, escuelas especiales y centros de rehabilitación en todo el país, y también los salarios de sus trabajadores y profesionales. Como describió Arroyo, ese valor está congelado desde hace un año y tres meses.
“Nosotras estamos cobrando 400 mil pesos por jornada simple. Es una vergüenza, es insostenible”, relató a Página/12 Noemí, docente del Centro Educativo Terapéutico Maité, que trabaja con unos 50 jóvenes con Síndrome de Down, TEA y enfermedades neurológicas de distinto tipo. “A los alumnos, además, recién les aprueban la matrícula en 90 días… es una agresión constante”, agregó desde las inmediaciones del Congreso, donde se congregaron decenas de trabajadores en la misma situación.
La iniciativa también contempla el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, que el Gobierno atacó por dos blancos: restringió el acceso de los nuevos beneficiarios –ya no es compatible con un trabajo formal– y puso en marcha una auditoría con la que pretende justificar un recorte de por lo menos 400 mil pensiones ya otorgadas –un tercio del total–, tal como anticipó este diario.
El dictamen “es el resultado de un trabajo conjunto para acompañar a las personas con discapacidad, que se encuentran en una situación muy crítica producto del maltrato institucional y económico que genera este Gobierno”, dijo Arroyo. A la par del dictamen de mayoría de Unión por la Patria, hubo otros tres en minoría, uno del PRO, otro de la UCR y un tercero presentado por la diputada Carla Carrizo.
“Enérgico rechazo”
Según la letra chica del texto, los fondos necesarios para poner en marcha esas iniciativas saldrán de la reasignación de recursos de que dispone la Jefatura de Gabinete. Para el Gobierno, el proyecto “generará un déficit extra de 250 millones de dólares por mes”, según confiaron a este diario fuentes del Ministerio de Salud.
El dictamen produjo el enojo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular es Diego Spagnuolo, el funcionario que firmó la resolución que contenía insultos como “idiota” y “retardados” para referirse al colectivo. En un comunicado colgado en las redes oficiales tras el plenario, Spagnuolo expresó su “enérgico rechazo” al proyecto. “Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.
Habrá que ver que muñeca tiene el oficialismo para evitar que el proyecto sea aprobado por ambas cámaras y evitarse un veto, tal como ya sucedió el año pasado con iniciativas opositoras como el financiamiento educativo y la reforma previsional.
Voces en el Congreso
*Valeria llegó desde la Boca con un cartel que denunciaba la situación de su hija Mariluz, de siete años, que tiene un retraso madurativo severo. “Hace un año y medio que tengo frenado el trámite para la pensión”, se queja. En el colegio al que asiste no hay maestra integradora. “Hay días que le agarra una crisis y tengo que salir volando del trabajo a buscarla”, agrega.
*Cecilia es Gino, un joven de 15 años con discapacidad intelectual y autismo. Gino necesita transportarse para ir al colegio, pero con los paros la cosa se le complicó. “Les están pagando a tres, cuatro meses de diferencia… Entonces hay muchos días que no pasa la combi, lo que nos desorganiza lo cotidiano”, dice. Todos los medicamentos y las terapias los paga de su bolsillo. “Hoy el Estado no te da nada”, agrega.
*Malena, otra madre de un niño con mi autismo, también encuentra problemas para tramitar la pensión. Vive en la 21-24, en Flores, trabaja en negro. “Mi hijo tiene todos los papeles en regla y se hizo los estudios, pero no quieren que ingresen más nuevas personas” al beneficio, dice. Desde los 3 años que su hijo se atiende en el Hospital Bonaparte, donde recientemente hubo despidos masivos. “El personal que está conteniéndolo en la medida que puede porque están colapsados”.
*Damiana Comune es la directora de la ONG Triade, que administra un centro de día para personas adultas con discapacidad mental en Escobar. Atiende unas 40 personas todos los días. “Abrimos hace 25 años. Nunca, en todo este tiempo, estuvimos peor que ahora”, relata. “Actualmente solo pagamos sueldos y comemos. Hemos tenido que recortar materiales y recortar la calidad de la alimentación”.
*Vanessa Morelli es la vicedirectora del Instituto Educativo “Déjalo Ser” de Adrogué. Trabaja con chicos de discapacidad intelectual y trastornos emocionales severos, unos 200 en total. “No se están pagando las prestaciones”, cuenta y dice que las obras sociales le mandan 900 pesos por mes por chico para los costos de tres comidas diarias. “Nos mantenemos a flote porque amamos lo que hacemos y peleamos por los derechos de las personas con discapacidad, pero es cada día peor, más difícil”. “Las docentes ponen todo, la verdad que siempre ponen de más de lo que tienen, de su propio bolsillo. ¿Entendés lo que estamos pasando?”
