La ofensiva de la Administración de Donad Trump sobre las liberales universidades de Estados Unidos no cesa pese a algunas señales de alivio, como la liberación del posgraduado palestino Mohsen Madawi este miércoles, en un revés para el Gobierno. Pero las presiones de Emil Bove, fiscal general adjunto de EE UU entre el 20 de enero y el 6 de marzo y en la actualidad fiscal general adjunto asociado, a funcionarios del Departamento de Justicia para que hicieran una lista de activistas de la Universidad de Columbia y los investigaran hicieron saltar las alarmas en el ministerio, informa el diario The New York Times.
Madawi, con permiso de residencia legal en EE UU, es también egresado de Columbia. Tras casi dos semanas detenido por organizar protestas contra la guerra de Gaza, un juez ha determinado que no supone ninguna amenaza para la seguridad y que no presenta riesgo de fuga, por lo que decretó su puesta en libertad mientras se resuelve su caso.
La presión de Bove, que dirigió la defensa de Trump en el caso Stormy Daniels y fue recompensado por el republicano con el segundo puesto de Justicia, no es la primera de la que se tiene constancia a funcionarios de carrera, fiscales e investigadores. Un juez federal consideró que las exigencias de Bove no estaban justificadas y podían violar la Primera Enmienda, que protege la libertad de opinión, algo que estudiantes, docentes y organizaciones civiles vienen denunciando desde hace meses.
El malestar en el Departamento de Justicia por la intrusión de Bove recuerda la crisis ocasionada por el número dos cuando pidió a la fiscalía del distrito sur de Nueva York, la más prestigiosa del país, que retirara los cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Su injerencia provocó una cascada de dimisiones, incluida la de la fiscal en funciones, una conocida republicana.
Fiscales e investigadores de carrera consideran que las órdenes de Bove de investigar agresivamente a los estudiantes que han protestado contra Israel obedecen a una motivación política y carecen de fundamento legal. La amplitud de la investigación, encomendada a la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, no se ha conocido hasta ahora. El enfrentamiento entre la cúpula de Justicia y sus empleados pone de nuevo de relieve las tensiones internas por la instrumentalización de la justicia por parte de la Casa Blanca, incluida la reformulación o transformación de la división de derechos civiles, encargado tradicionalmente de proteger los derechos de los grupos minoritarios, para desempeñar una nueva función inquisitorial e implementar la promesa de campaña de Trump de combatir el supuesto antisemitismo en los campus.
Este tipo de demandas por parte de los cargos políticos del Departamento es una de las razones que explican el éxodo de abogados de la división en las últimas semanas, según funcionarios y exfuncionarios. La investigación federal sobre los manifestantes estudiantiles en Columbia parece haberse detenido por ahora, pero representa otro episodio polémico más del Departamento de Justicia durante el segundo mandato de Trump. Preguntado por lo sucedido, Todd Blanche, el fiscal general adjunto —Bove lo fue en funciones hasta que Blanche fue confirmado por el Senado—, aseguró que se trata de una historia falsa, “fabricada por un grupo de personas que permitieron que el antisemitismo y el apoyo a los terroristas de Hamás se enconaran durante varios años, manteniéndose al margen pero sin hacer nada”, en clara referencia a los administradores de la universidad.
En el historial de Bove durante sus breve periodo como número dos de Justicia, figuran haber exigido los nombres de miles de agentes del FBI que participaron en la investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por una horda de seguidores de Trump y ordenar el sobreseimiento del caso de corrupción del alcalde Adams, entre otras intervenciones.
Pero su injerencia en uno de los frentes abiertos por la Administración republicana, el de su guerra contra las universidades, añade sal a una herida que está lejos de cicatrizar. Para la Casa Blanca, los campus reflejan un antisemitismo que debe ser castigado mediante dos ofensivas en paralelo: contra los administradores de las universidades, a los que acusa de tibieza a la hora de responder a los supuestos mensajes de odio, y contra los propios estudiantes, en ocasiones activistas y en otras, simplemente, manifestantes por un alto el fuego en Gaza. Al menos una docena han sido detenidos por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas inglesas), de ahí que la puesta en libertad de Madawi constituya un soplo de esperanza para los detenidos. Otros, como Mahmud Khalil, el primero que fue detenido, podrían no correr la misma suerte.
En su ofensiva contra las autoridades universitarias, la Administración de Trump ha recurrido al chantaje, al condicionar la entrega de fondos federales, en contratos y subvenciones de programas de investigación, a la asunción por parte de las universidades de condiciones que constriñen la libertad académica. El plante de Harvard, que se negó a aceptar las exigencias del Gobierno, privó a la universidad de 2.200 millones de dólares vitales para programas de investigación biomédica, además de ser amenazada con la cancelación de su exención fiscal.
Este martes, Harvard entonó un relativo mea culpa al prometer cambios por dos demoledores informes sobre antisemitismo e islamofobia en el campus. Un grupo de trabajo interno constató que el antisemitismo ha infiltrado la contratación de algunos profesores, la vida social en el campus y el enfoque de determinados programas. Otro informe sobre los prejuicios antiárabes, antimusulmanes y antipalestinos en el campus, publicado el mismo día, ha revelado un malestar y una alienación generalizados también entre los estudiantes de este origen, mientras el 92% de los musulmanes encuestados afirmaban creer que se enfrentarían a una sanción académica o profesional si expresan sus opiniones políticas.
