El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha enviado este jueves una carta a las siete asociaciones de jueces y fiscales en la que les invita a colaborar en un “debate serio, riguroso y sosegado” sobre la reforma de la carrera judicial impulsada por el Gobierno. La carta de Bolaños llega después de que cinco asociaciones (todas menos las dos progresistas) suscribieran la semana pasada un comunicado en el que califican el proyecto como “un serio retroceso en el Estado de derecho”. En su misiva a las asociaciones, el ministro desgrana los aspectos clave de la reforma y tiende la mano a las asociaciones para que hagan aportaciones durante el trámite parlamentario “sobre la base de la realidad de lo que regula el proyecto de ley”.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) “para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal” se ha convertido en un nuevo foco de enfrentamiento con el Gobierno de las asociaciones de jueces y fiscales mayoritarias y conservadoras. La carta de Bolaños, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, va dirigida a las cuatro asociaciones de jueces —Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) y Foro Judicial Independiente (FJI)— y las tres de fiscales —Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)—, a las que llama a participar en el trámite parlamentario que ahora se abre.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de mayo el proyecto de ley, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Las críticas de las asociaciones se han centrado, sobre todo, en los cambios en el actual sistema de oposiciones de acceso a la carrera de jueces y fiscales, que, según estos colectivos, “no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad”; o en el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, una medida que el Gobierno considera obligado para cumplir requerimientos de la Unión Europea, y que, según las asociaciones críticas con la reforma, es “contrario a los principios constitucionales”.
Algunos extractos de la carta de Bolaños dejan entrever que el Gobierno considera que las críticas más duras a la reforma no se ajustan al texto real de la ley. “Un debate serio, riguroso y sosegado, sobre la base de la realidad de lo que regula el proyecto de ley, seguro que contribuirá a mejorar la Justicia de nuestro país, objetivo que sé que compartimos”, señala el ministro, que defiende que las reformas que recogen el proyecto aprobado por el Gobierno “son imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI”.
La carta resume la ley en 10 puntos clave. El primero, los cambios en la oposición, que, según el Gobierno, propiciarán un sistema de acceso “más objetivo y adaptado a las necesidades” actuales. Frente a los reproches de la mayoría de las asociaciones, Bolaños recalca que en la oposición “quedan intactos tanto el temario como los dos primeros exámenes (es decir, el test y la prueba oral), y se introduce posteriormente un examen práctico, en forma de dictamen, que permite evaluar la capacidad de razonamiento jurídico y la expresión escrita, en la línea de lo que ya sucede en el resto de oposiciones del mismo nivel (Notarías, Registros o Abogacía del Estado)”.
Sobre el proceso extraordinario de regulación de sustitutos, muy cuestionado por las asociaciones, el ministro advierte que la reforma se adapta a las medidas que reclama Europa para acabar con el abuso de la temporalidad en el empleo público y que el acceso por esta vía “cumple los principios de mérito y capacidad”. “Al mismo tiempo, este proceso extraordinario permite ofrecer una oportunidad de consolidación a personas que llevan muchos años ejerciendo con profesionalidad como jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes, evitando, además, una posible sanción al Reino de España por incumplir el Derecho de la Unión Europea”, afirma Bolaños.
El ministro destaca también que la ley blinda el sistema de becas para opositores y defiende la decisión de convertir el Centro de Estudios Jurídicos se convertirá en un centro público de preparación de oposiciones y de “introducir la pluralidad en la Comisión de Ética Judicial”, un órgano consultivo que esta reforma amplía, de siete a nueve miembros, reduciendo (de seis a cinco) los miembros jueces y aumentando (de uno a cuatro) los académicos de otros ámbitos.
La carta hace referencia también las medidas recogidas en el proyecto para el “cumplimiento efectivo del porcentaje” de jueces provenientes del llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio), que en “la práctica, no se cumple, ya que los jueces que han accedido a la carrera por el cuarto turno suponen un 8% en lugar de un 25% al que obliga la ley”. La reforma fija en un tercio de las plazas ofertadas las que se deberán destinar siempre por concurso oposición a este cupo en cada proceso selectivo y contempla que los magistrados que accedan por esta vía verán reconocidos cinco años de servicios, pero solo a los efectos del acceso a cargos de carácter discrecional, nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. “El objetivo es garantizar la igualdad en el derecho a la promoción profesional”, defiende Bolaños frente a las críticas de las asociaciones mayoritarias a esta medida.
El ministro destaca también en su escrito la creación de un cuarto turno de fiscales; la supresión de la fase actual de sustitución y refuerzo para jueces en prácticas, una medida que se ha incorporado a petición del CGPJ y de las asociaciones, al igual que la eliminación del concurso forzoso tras el ascenso automático por antigüedad; y el “refuerzo a la independencia de las asociaciones” al establecer que solo podrán obtener fondos públicos o provenientes de las cuotas de sus miembros. “El objetivo reside en fortalecer y proteger su efectiva independencia y la apariencia de esta, evitando que pueda interpretarse que la financiación privada pueda condicionar su actuación”, señala Bolaños.
