La querella que representa a Pablo Grillo, el fotógrafo que tuvo que volver a ser ingresado a terapia intensiva por el disparo con un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, denunció ante la jueza María Servini “inconsistencias, vacíos temporales y fragmentación” en los videos de la represión a la marcha de los jubilados del 12 de marzo que entregó al juzgado Gendarmería Nacional y en las modulaciones aportadas por la Policía Federal. En un escrito presentado en el expediente, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), le piden a la magistrada que reclame precisiones y el material a las fuerzas de seguridad ya que los tramos faltantes, tanto de imágenes como de audios, son “momentos clave del operativo” y se omiten “escenas de interés probatorio”.
La semana pasada, la Gendarmería entregó filmaciones que muestran el instante en que el cabo Héctor Guerrero le tira a Grillo, agachado, rodilla en tierra, y con el arma en posición horizontal apuntando directo al cuerpo del reportero gráfico. Se observa, como informó Página/12, al agente de espaldas, la detonación (se ve el humo) y luego se pone de pie tras el disparo. Otro gendarme le pone la mano en el hombro en señal de aprobación. Este efectivo lleva una cámara “Go Pro” en el casco. La jueza reclamó esas imágenes y la respuesta de Gendarmería fue que no estaba “activa”. En lo que lograron analizar hasta ahora los organismos señalan que el clima entre los efectivos era de cebarse entre ellos: “estamos excelente, más que bien”, se escuchó a quien filmó el disparo a Grillo. Sonaban insultos y frases como “no le perdonen”.
Imágenes faltantes
Según explica la querella en su nueva presentación, en el caso de Gendarmería había quienes filmaban con la cámara “Go Pro” pero también quien registraba el operativo “cámara en mano”. Una cuestión básica que solicitaron son los reglamentos que regulan el uso de cámaras en estos procedimientos en manifestaciones públicas. ¿Es obligatorio activarlas al inicio o en ciertas situaciones? ¿Cada agente puede hacer lo que quiera con la cámara? ¿Puede cortar y volver a filmar cuando le parece? En el caso de la cámara que Gendarmería informó como inactiva, buscan saber si la fuerza dio una orden, si fue una “omisión individual” o si no funcionaba. El gendarme, a quien piden identificar, tenía esa cámara en su casco. El interrogante, además, es si cometió una falta.
Las imágenes registradas con una cámara en la mano fueron entregadas en un disco compacto que contiene 26 videos y 136 fotografías. No se sabe qué gendarme la operaba, información que también la querella reclama. Lo que advierte el escrito, centralmente, es que falta material fílmico del intervalo entre las 17.09 y las 17.17 horas, período crucial ya que, según analizó el colectivo Mapa de la Policía el disparo se produjo a las 17.18 horas. La pregunta es por qué no está y si existe. Agrega el interrogante sobre por qué falta también el tramo comprendido entre el final de un video que corta a las 17.24 y el inicio de otro a las 17.28. “Es un intervalo de casi tres minutos de duración, coincidentes con los minutos posteriores al disparo que recibió Pablo Grillo por parte del gendarme Héctor Guerrero”, dicen el CELS y la LADH.
Modulaciones policiales
La Policía Federal puso a disposición los audios de las modulaciones del día en cuestión en un archivo que lleva el rótulo “Audios Modulaciones del Grupo PF1 del día 12-3-2025 de las 12.00 hs hasta las 23.24 hs”. La duración del audio efectivamente enviado al juzgado es bastante menor a ese rango que figura allí, ya que es de 5 horas 40 minutos y 50 segundos. “Solicitamos saber a qué responde este recorte de horas del registro y solicitamos se remita el contenido completo, que va de las 12 del mediodía a las 23.24 de la noche del 12 de marzo para su correspondiente análisis”. La querella, en el documento que firman las abogadas Agustina Lloret y Claudia Cesaroni y la familia de Pablo, solicita también que se le informe si existe transcripción de las modulaciones con la indicación de los horarios y la identificación de quiénes modulan.
El material de la Policía Federal es clave en relación al análisis de todo el operativo y otros hechos que ocurrieron ese día, como la agresión a la jubilada Beatriz Blanco, quien fue golpeada con una tonfa por un agente policial, cayó al suelo y fue gaseada. Terminó hospitalizada, pero aún no se sabe quienes son los responsbles. Por información que había enviado la jueza porteña Karina Andrade, quien tuvo a cargo las 116 detenciones de ese día (que decidió transformarlas en solturas), el acta policial en relación a Blanco solo hablaba de posibles lesiones, señalaba que “se encontraba tirada en el suelo una señora de 87 años” con cortes en el cuero cabelludo. La responsabilidad de los agentes que están en el lugar, es identificar al o los agresores. Eso no ocurrió. El parte dice una generalidad.
Andrade también informó, algo que debería investigarse, que el oficial Leonardo Tomás Núñez –jefe de Servicio de la Comisaría de Intervenciones Judiciales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA– había declarado que a través de la orden de servicio se le había puesto un nombre al operativo, algo completamente inusual, ya que lo que llevan es un número. En este caso parecía venir con cinismo: “A las 12 horas aproximadamente implantó en las inmediaciones del Congreso de la Nación la Orden de Servicio 659/2025 –dijo Núñez– identificada ‘POR QUE HAY QUE SER MUY CAGÓN PARA NO DEFENDER A LOS JUBILADOS’” (sic), en alusión a la frase célebre de Diego Maradona. ¿Habrá algo de eso en las modulaciones?
