El mismo día que prohibió el derecho a huelga por decreto, el Gobierno modificó el artículo artículo 10° de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, lo que se traduce en la supresión de la obligación de que el Estado participe de la negociación del salario mínimo docente. Como en pleno auge neoliberal, esa cuestión quedará únicamente en manos de las provincias.
El gremio CTERA repudió la medida y convocó a un paro nacional. “Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la paritaria nacional docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro sistema educativo”, dijeron en un comunicado.
La medida, básicamente, corre al Estado como garante de un piso salarial común para los docentes de todo el país. “Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo, y es consagrar la desigualdad”, agregaron desde CTERA.
“Esta medida se inscribe en una política de vaciamiento del Estado, desfinanciamiento de la educación pública y desconocimiento de los derechos de las y los trabajadores de la educación, llevada adelante por un Gobierno que ha decidido abandonar su responsabilidad indelegable de garantizar el derecho social a la educación”, dijeron.
“CTERA no permitirá este atropello. Exigimos la derogación inmediata de esta modificación y convocamos a todas las organizaciones sindicales, a las comunidades educativas y a la sociedad en su conjunto a defender la educación pública y el rol del Estado como garante de la educación pública y equidad federal”, sostuvieron
“Sin salario digno, no hay educación de calidad”, denunciaron.
