La jueza estadounidense Lisa Walsh ha condenado a Genaro García Luna y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar al Gobierno mexicano casi 2.500 millones de dólares. La sentencia de la corte civil de Miami, en Florida, supone un gran triunfo para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que lleva desde 2021 detrás de la fortuna que amasó el exsecretario de Seguridad Pública con un esquema de corrupción y desvíos millonarios de fondos públicos.
La UIF está de fiesta. Después de una persecución judicial de más de cinco años, el brazo antilavado del Gobierno mexicano ha logrado que una corte estadounidense obligue a García Luna a devolver, por triplicado, el dinero que se presume que robó a las finanzas del país. La UIF reclamaba al exsecretario 250 millones de dólares y la corte del Décimo Primer Circuito Judicial del Condado de Miami Dade le ha sentenciado a pagar 750. Misma dinámica para Pereyra, la unidad reclamaba a la esposa 580 millones dólares y la jueza la ha condenado a devolver 1.740 millones.
La sentencia se ha emitido sin juicio, puesto que ninguno de los dos demandados se ha hecho presente en el proceso. En el caso de García Luna, recoge la solución, “no ha presentado o notificado ningún documento en respuesta a la demanda como exige la ley”. El que fuera el zar de seguridad del presidente Felipe Calderón (2006-2012) fue condenado por la Corte de Nueva York en octubre del año pasado y sentenciado 38 años de cárcel por narcotráfico y delincuencia organizada por haber colaborado durante dos décadas con el Cártel de Sinaloa.
Su esposa, en cambio, sí empezó contestando a la demanda del Gobierno mexicano. Se quedó sin defensa en julio de 2023 y la corte asumió que se iba a representar a sí misma, sin embargo, ya no volvió ni a contestar ni a presentarse a las audiencias. Actualmente no se conoce el paradero de Pereyra. En consecuencia, y ante el desacato, la jueza ha decretado el fin del proceso judicial y la sentencia contra ambos.
“La sentencia es consecuente con 7 resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus 5 empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio”, ha informado este martes la Secretaría de Hacienda mexicana.
