Nora Dalmasso (51) fue hallada estrangulada en la madrugada del 26 de noviembre de 2006, en su casa del barrio Villa Golf, una zona residencial de alto poder adquisitivo de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba. Vivía con su esposo, el traumatólogo Marcelo Macarrón, pero esa noche estaba sola porque su marido había viajado a Uruguay a disputar un torneo de golf. En noviembre se cumplirán 19 años de un femicidio que estremeció a un país y que tiene a un sospechoso identificado por un cotejo de ADN, pero libre.
Ahora, y en una decisión que deja abierta la posibilidad de llegar a la verdad, el juez Diego Ortiz, a cargo del Juzgado de Control y Faltas de Río Cuarto, propuso que la causa sea sea investigada bajo la figura de “juicio de la verdad”.
El fallo establece que el caso debe continuar “activo y abierto”, permitiendo a la querella y la defensa proponer nuevas medidas probatorias orientadas a reconstruir la verdad histórica de lo ocurrido. Para el magistrado, cerrar el caso implicaría incumplir con obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos, especialmente en contextos donde ha mediado violencia de género.
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De esta manera, el juez rechazó un planteo central de los defensores de Bárzola, el presunto autor del crimen (N. de R.: el año pasado un cotejo de ADN con las muestras halladas en la escena del crimen arrojó resultado positivo).
La defensa pedía declarar la prescripción de la acción penal, pero Ortiz consideró que esa decisión sería “prematura” y atentaría contra la posibilidad de alcanzar justicia: “El proceso penal debe continuar vigente y abierto, a fin de que la investigación prosiga y las partes puedan incorporar todas las pruebas que estimen conducentes a la determinación de la verdad de lo ocurrido”, señaló en su resolución.
La figura de los “juicios de la verdad” cobra fuerza porque propone otra forma de llegar a la verdad. Esta herramienta jurídica se basa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha reconocido el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad de lo sucedido, incluso cuando no se deriven sanciones penales.
En este marco, el juez Ortiz consideró que mantener abierta la causa por el crimen de Dalmasso no solo responde a un interés jurídico, sino también a una exigencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. El objetivo ya no es únicamente castigar a los responsables sino habilitar los medios para reconstruir la verdad y hacer justicia simbólica, aún sin pena.
“Debe avanzarse en los ‘juicios de la verdad’ en relación con este caso, a fin de conciliar los derechos de los familiares directos de la víctima al acceso a la Justicia y el deber del Estado argentino de investigar los hechos delictivos en los que se hubieran vulnerado derechos humanos”, sentenció el juez.
El crimen de Nora Dalmasso atravesó diversas etapas judiciales. En 2022, el viudo Marcelo Macarrón fue juzgado por el caso y resultó absuelto por falta de pruebas. El fallo de Ortiz viene a contrarrestar esa sensación de cierre definitivo, al proponer una nueva fase en el proceso que permita explorar otras hipótesis, desde una perspectiva de verdad histórica.
Uno de los puntos más controvertidos del fallo es la discusión sobre si el caso puede o no ser calificado como crimen de lesa humanidad. Para Ortiz, pese a la gravedad de lo ocurrido y su vinculación con la violencia de género, “el hecho no constituye un supuesto de crimen de lesa humanidad ni una muy grave violación a los derechos humanos que lo tornen imprescriptible”.
El magistrado explicó que los crímenes de lesa humanidad requieren ciertas condiciones de contexto y autoría que no se verifican en el expediente.
Si bien el caso Dalmasso representa, según la resolución, una grave afectación de derechos cometida en un contexto de violencia de género, no cumple con los requisitos formales para la calificación como crimen imprescriptible.
“Conforme a las interpretaciones efectuadas por los organismos integrantes del sistema de protección americano de derechos humanos, los hechos cometidos en contexto de violencia de género son considerados muy graves violaciones a los derechos humanos, asimilables a la tortura, cuando se ejecutan sobre una persona bajo custodia de un funcionario público, o por agentes del Estado o por particulares que obran bajo la instigación o dirección de funcionarios públicos en contextos específicos”, aclaró el juez.
En la parte final del fallo, el juez Ortiz también puntualizó que, hasta el momento, no se ha verificado ninguna causal de suspensión o interrupción del proceso respecto de Bárzola, aunque esa situación podría modificarse si surgen nuevas pruebas.
Una causa con muchas idas y vueltas
R.P.
En estos años la investigación judicial por el crimen de Nora Dalmasso avanzó sobre diversas hipótesis. Desde un crimen en el marco de un juego sexual, un abuso sexual seguido de muerte, un femicidio, hasta un asesinato por encargo.
Las pericias concluyeron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. El cuerpo de Nora, semidesnudo, fue encontrado tendido sobre la cama de su hija.
Durante el extenso recorrido judicial, fueron imputados y luego sobreseídos varios sospechosos, entre ellos el propio viudo Marcelo Macarrón, el exasesor gubernamental Rafael Magnasco, el pintor Gastón Zárate y Facundo Macarrón, el hijo de la víctima.
En la escena del crimen, los peritos detectaron un perfil genético correspondiente al haplotipo Y del linaje Macarrón. Ese hallazgo fue primero utilizado para acusar a Facundo, y más adelante, como sustento para imputar al padre. Macarrón siempre sostuvo que había mantenido relaciones con su esposa antes de emprender el viaje por el que no se encontraba en la ciudad la noche del crimen.
Gastón Zárate, apodado “el perejil”, fue detenido brevemente, pero su situación generó una ola de apoyo popular y marchas exigiendo su liberación. Fue desvinculado del caso más rápidamente que Facundo Macarrón, quien recién fue sobreseído seis años después.
