El periodista Néstor Arce se dirigía a España a recibir el premio Ortega y Gasset en mayo de 2022 cuando, en Costa Rica, en el propio mostrador de la aerolínea Iberia, le dijeron que no podía viajar porque su pasaporte había sido reportado como “robado” por las autoridades migratorias de Nicaragua. Que la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) había emitido una alerta por su visa norteamericana, supuestamente extraviada. Hizo de todo para tratar de averiguar qué pasaba con su documento, pero el director del medio de comunicación Divergentes sospechaba lo que ocurría: el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo había castigado de esa manera.
Semanas antes del episodio en el aeropuerto Juan Santamaría de San José, Arce había salido por un paso irregular hacia Costa Rica, donde se exilió debido a la persecución que sufría por dirigir uno de los medios jóvenes más influyentes de Nicaragua. La alerta para huir de su país provino de la misma Dirección General de Migración y Extranjería: una fuente le dijo que era “un objetivo PIN”, es decir, una “persona de interés” en la jerga de la represión migratoria sandinista.
Arce había solicitado la renovación de su pasaporte porque, en menos de seis meses, este iba a vencerse, y el exilio era ya una decisión casi tomada por el asedio. Quería irse con un documento actualizado. Sin embargo, los agentes migratorios nunca se lo entregaron. Durante más de un mes esperó y fue varias veces a Migración a preguntar por el retraso. “Primero me dijeron que había un problema con la fotografía, que me la tomara de nuevo. Luego que tenía la barba muy larga. Que después llegué con camisa negra… Al final, fui a la sede de Migración y la fuente me dijo que no estuviera de loco yendo a buscar mi pasaporte, que no me iban a dar nada. Y que mejor me fuera de Nicaragua, porque era objetivo PIN”, relata Arce a EL PAÍS.
Desde ese día, Arce quedó atrapado en un limbo migratorio: la “apatridia de facto”, una de las nuevas dagas represivas del régimen de Ortega y Murillo. Tras desatar una ola de condenas internacionales al desnacionalizar por ley a más de 400 personas, el oficialismo cambió de táctica en 2023. En lugar de quitar la nacionalidad de forma explícita —con todo el costo político que eso conllevaba— comenzó a aplicar una estrategia más silenciosa, pero igual de brutal: cancelar o negar la renovación de pasaportes, especialmente a quienes se encuentran en el exilio. El objetivo es el mismo: dejar a sus críticos sin país, sin papeles y sin camino de regreso a su patria.
Aunque no existen cifras oficiales sobre cuántas personas se encuentran en situación de apatridia de facto, el fenómeno es más amplio de lo que parece. Muchas víctimas no denuncian por miedo o con la esperanza de que, en algún momento, podrán renovar sus documentos. Sin embargo, miles reportan haber quedado varados, sin posibilidad de viajar o identificarse legalmente. A esto se suma un dato alarmante: solo entre enero y mayo de 2025, más de 3.000 nicaragüenses han sido impedidos de ingresar a su propio país por las autoridades migratorias. El calado de esta arma represiva es tal que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua le dedicó un apartado especial en su informe más reciente, advirtiendo que estas prácticas violan el “derecho internacional y podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
“La estrategia va más allá del acto formal de desnacionalización. Las autoridades han negado la renovación de documentos de identidad, han reportado pasaportes como ‘robados’ sin justificación y han bloqueado el acceso a certificados básicos como partidas de nacimiento o antecedentes penales. Incluso han notificado a autoridades extranjeras la supuesta invalidez de visas, provocando detenciones o restricciones en aeropuertos. Estas maniobras administrativas se convierten en un mecanismo sofisticado de exclusión y silenciamiento, en el que las víctimas no solo pierden su país, sino su existencia legal”, recoge el informe de Naciones Unidas.
Reed Brody, abogado estadounidense y miembro del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, afirma a EL PAÍS que esta táctica “es una de las más crueles del gobierno nicaragüense”. “Se utiliza como una forma de persecución transnacional para intimidar e intentar silenciar las voces críticas, a quienes denuncian las violaciones de derechos humanos. Es negarles la entrada a Nicaragua o impedirles acceder a servicios consulares vitales, como la renovación del pasaporte. Esto los deja en un limbo legal y los priva de las protecciones jurídicas y sociales necesarias para seguir adelante con sus vidas. Es como condenarlos a una muerte civil”.
Periodistas lanzan un SOS a España
Esta semana, en San José, un grupo de siete periodistas nicaragüenses denunció que no han podido renovar su pasaporte. Entre ellos está Gerald Chávez, director de Nicaragua Actual, quien contó a EL PAÍS que lleva dos años esperando la renovación de su documento, trámite que ha sido negado repetidamente por el consulado nicaragüense en Costa Rica. “He escrito en muchas ocasiones para preguntar qué pasó con mi pasaporte. La única comunicación que he recibido es que, si quiero pasaporte, que vaya a Nicaragua”, afirma. Pero regresar a su país, para él, es casi una sentencia de cárcel.
En ese sentido, los 20 periodistas lanzaron un SOS al gobierno de España para que los apoye dándoles la nacionalidad, como lo hicieron con los más de 400 opositores catalogados como “traidores a la patria” y despojados de la ciudadanía. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) respaldó la demanda de los reporteros de poder acogerse al mecanismo de protección que España ofreció a los otros desterrados por ley.
“Esta asociación pide al Ejecutivo que considere a este grupo de informadores como desnacionalizados de facto, ya que sus pasaportes fueron confiscados o no se les renovó y se les impide entrar de nuevo en Nicaragua. Como recuerdan los periodistas afectados, se encuentran exiliados debido a la persecución y acoso que sobre ellos ejerce el régimen Ortega-Murillo, que además ha confiscado o destruido sus medios de comunicación”, indica el comunicado.
