La mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump en su guerra comercial contra el mundo siguen en el alero judicial. El Tribunal de Apelaciones de Washington tiene que decidir si mantiene o no la suspensión provisional que decretó y que ha frenado la aplicación de la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional que anuló esos impuestos a la importación. Las dos partes han presentado sus alegaciones y el Gobierno de Trump sostiene que anular los aranceles dañaría “catastróficamente” a la economía. En realidad, de momento han sido los aranceles los que la han perjudicado
“La decisión judicial debilita unilateralmente la posición negociadora de Estados Unidos en delicadas negociaciones comerciales, animando a otros países a tomar a nación como rehén y perjudicar catastróficamente nuestra economía”, sostiene el Gobierno de Trump en su rescrito, registrado este lunes. Los demandantes, mientras, subrayan las contradicciones entre las declaraciones públicas de los miembros del Gabinete de Trump y lo que alegan ante los jueces.
El Tribunal de Apelaciones tiene que decidir ahora sobre las medidas cautelares, es decir, sobre si mantiene los aranceles en vigor o no mientras estudia el recurso sobre el fondo del asunto, que aún no ha sido presentado siquiera. Si los jueces dan la razón a los demandantes —un grupo de empresas y una docena de Estados demócratas—, el Gobierno de Trump ya anticipó que planea acudir al Tribunal Supremo para que mantenga los aranceles en vigor de forma cautelar.
La sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, el órgano jurisdiccional especializado con competencias en la materia, dictada el pasado 28 de mayo, declaró ilegales los aranceles a las importaciones impuestos por Trump en virtud de una ley de poderes de emergencia. El fallo afecta a los aranceles impuestos por Trump a Canadá, México y China con el fentanilo y la inmigración como pretextos, y a los mal llamados “aranceles recíprocos”, que ahora están fijados de forma temporal en un 10% para la mayoría de las mercancías de prácticamente todos los países del mundo.
Los gravámenes del 50% al aluminio y el acero, así como los del 25% a los automóviles y sus componentes no se ven afectados. No fueron objeto de la demanda y, además, fueron dictados en virtud de otra ley, alegando motivos de seguridad nacional.
En su escrito, entregado este lunes, el Gobierno de Trump sostiene que la decisión del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos “usurpa indebidamente las decisiones políticas de los poderes políticos y arroga al Poder Judicial un papel central en la gestión de las negociaciones exteriores, la economía nacional y la seguridad nacional”.
Donald Trump tiene otras alternativas legales para fijar aranceles y su equipo ha empezado a preparar un plan B, pero prefiere utilizar sus poderes de emergencia. “El daño irreparable causado por esta orden judicial general no desaparece solo porque el presidente tenga otras facultades arancelarias que puedan respaldar partes de los aranceles impugnados”, dice en sus alegaciones.
El Departamento de Justicia, que firma el escrito, dice que la aplicación de la sentencia “afectaría significativamente las negociaciones que abordan las amenazas a la seguridad nacional y la economía, en particular teniendo en cuenta que el 9 de julio expira la actual suspensión de determinados aranceles”.
El Gobierno pide, pues, que los aranceles sigan en vigor cautelarmente mientras el Tribunal de Apelaciones tramita su recurso y decide sobre el fondo. Subsidiariamente, pide a los jueces que, si no le conceden esa petición, los mantenga al menos durante siete días para tener tiempo de acudir al Tribunal Supremo en busca de amparo.
Contradicciones
Previamente, los demandantes habían presentado sus propias alegaciones. Los Estados demócratas, liderados por Nueva York, subrayan las contradicciones del Gobierno de Trump, que mientras asegura a los jueces que la anulación de los aranceles pondría en riesgo las negociaciones comerciales, en los medios de comunicación sostiene lo contrario.
“Altos funcionarios de la Administración han contradicho estas afirmaciones de forma repetida y contundente. Han confirmado que el presidente conserva suficiente autoridad sobre los aranceles a través de leyes distintas de la IEEPA [la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977] y que las negociaciones con los socios comerciales no se ven afectadas negativamente por la decisión del Tribunal de Comercio Internacional”, señalaron en su escrito, que cita esas declaraciones.
Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, afirmó que la sentencia “sin duda no afectará a las negociaciones” sobre acuerdos comerciales con otros países, y explicó que “hay otras tres o cuatro formas” en que el presidente puede imponer aranceles, aunque no pueda hacerlo en virtud de la IEEPA. Peter Navarro, asesor principal del presidente para Comercio, aseguró que “en realidad no ha cambiado nada” y que la Administración seguía recibiendo llamadas de países que quieren un acuerdo. Howard Lutnick, secretario de Comercio, se manifestó en el mismo sentido: “[El presidente] tiene tantas otras autoridades que, incluso en la extraña e inusual circunstancia de que se le retirara esta, solo tendríamos que recurrir a otra, y a otra, y a otra”, dijo.
El contraste entre las declaraciones públicas y las alegaciones ante el tribunal es evidente. Los demandantes lo subrayan una y otra vez. “La necesidad alegada por los demandados de una suspensión para reforzar la influencia del presidente en las negociaciones internacionales no es motivo para una suspensión cuando dicha influencia se basa en la afirmación de una autoridad que claramente no tiene. El Tribunal de Comercio Internacional sostuvo correctamente que los aranceles generales en cuestión exceden cualquier autoridad que el Congreso delegó al presidente en la IEEPA. Esa decisión simplemente exige que el presidente se mantenga dentro de los límites que todos los demás presidentes han seguido en los últimos 50 años”, argumenta.
Los Estados demócratas consideran que Trump se extralimitó en sus poderes, vulnerando la ley y la Constitución. “Este caso no se refiere al poder del presidente en virtud del artículo II [de la Constitución] sobre política exterior o seguridad nacional, sino al poder del Congreso en virtud del artículo I sobre impuestos y aranceles”, sostienen en su escrito, en el que piden que se aplique la sentencia.
