El respeto irrestricto a su regla de “déficit cero” es la principal razón invocada por Javier Milei para negarse a acatar la ley de financiamiento de las universidades públicas, la norma aprobada por el Congreso para revertir el profundo ajuste que el Gobierno argentino aplica sobre la educación superior y los salarios de los profesores. Según el presidente ultra, llevar el presupuesto universitario al nivel de 2023 –como dispone la ley vigente y como reclamaron el martes pasado multitudinarias protestas en todo el país– amenazaría el superávit fiscal conseguido a fuerza de pasar y repasar su motosierra por el Estado. Las universidades, junto con organizaciones civiles y expertos en políticas públicas, advierten que, en realidad, los recursos retaceados por Milei son inferiores a las múltiples concesiones y exenciones impositivas que su Administración dispensa en favor de empresas o de los sectores sociales de mayores ingresos.

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