El Gobierno de Javier Milei se encamina a licitar la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, el principal canal fluvial para el comercio exterior de Argentina, pese a “serias y evidentes irregularidades” que podrían derivar en consecuencias penales y administrativas, según advirtió el Ministerio Público Fiscal. La oposición impulsa en el Congreso la suspensión del proceso para adjudicar las obras de dragado, señalización y mantenimiento de la vía por donde circula el 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

El Ejecutivo oficializó este lunes la aprobación de la calificación técnica de los dos consorcios internacionales que compiten por operar la hidrovía bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. Se trata de dos grupos de origen belga: la firma Jan De Nul –asociada con la argentina Servimagnus– y de Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME). Este martes está prevista la apertura de las ofertas económicas de ambos consorcios, los aspirantes a quedarse durante al menos 25 años con un multimillonario negocio que supone inversiones superiores a 10.000 millones de dólares.

En el marco de una investigación judicial abierta tras diversas denuncias, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) alertó en un dictamen difundido el viernes pasado que en el proceso de la concesión “surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos, lo cual conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”.

El Gobierno ultra había intentado el año pasado concretar la concesión, pero el proceso terminó siendo anulado en medio de múltiples denuncias. El propio Ejecutivo apuntó contra DEME, la única firma ofertante en aquella primera licitación.

La PIA, un organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, ya había señalado entonces diversas irregularidades y le había encomendado su corrección a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El dictamen de la semana pasada indica que el nuevo procedimiento licitatorio “repite errores expresamente mencionados en la intervención anterior”. Entre ellos, detalla “la forma de redacción de la cláusula anticorrupción”; “las condiciones para una eventual cesión del contrato”; y “los límites a la posibilidad de impugnar y a la presentación de ciertas formas societarias”. Como irregularidad recurrente, la PIA destaca “lo desvirtuado de la fórmula de evaluación de las ofertas”.

El organismo fiscal señala también que encontró “nuevas y sustanciales deficiencias”. Principalmente, cuestiona “la falta de una evaluación de impacto ambiental” y el procedimiento de consulta pública realizado, en el que observa falencias “como la vulneración al derecho de acceso a información comprensible, accesible y oportuna”.

Ante esos señalamientos, la oposición peronista pretende que el Congreso solicite al Poder Ejecutivo “la inmediata suspensión” de la licitación. En la Cámara de Diputados, el legislador Jorge Taiana presentó un proyecto para exigirle a Milei que “los pliegos licitatorios garanticen el efectivo cumplimiento de los principios de transparencia, concurrencia, igualdad, razonabilidad y acceso a la información pública”, así como “la realización de estudios ambientales integrales” y “una nueva instancia de participación ciudadana y audiencia pública”.

La llamada Vía Navegable Troncal es estratégica para Argentina. Es considerada la ruta fluviomarítima más importante del país porque conecta los puertos y terminales del Río Paraná y del Río de la Plata con el océano Atlántico. No solo es la principal salida al mar para el comercio argentino, sino que también es clave para el Mercosur, porque canaliza cargamentos provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El tramo de la hidrovía sujeto a concesión va desde la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, en el noreste del país, hasta el Río de la Plata exterior. De acuerdo con el pliego de licitación, la empresa que obtenga la concesión accedería a ingresos, en concepto de peajes, por más de 600 millones de dólares al año.