En diciembre de 2025 la secretaria de la médica Romina Neira recibió un llamado de una colega que le comentó que el sello de Romina figuraba en unos certificados médicos investigados por un fiscal de La Matanza.

Esos sellos la asociaban como “médica clínica”. Romina, que es médica esteticista y nunca trabajó en La Matanza, pidió que le enviaran los certificados por WhatsApp. Tras verlos se dio cuenta de que le habían falsificado el sello y la identidad. Y que la clínica que lo hacía se llamaba “Argentina Salud”.

“Busqué el teléfono y el mail, y mandé una carta documento a este lugar. Me respondió el coordinador: Alberto Santarceri, que me dijo que supuestamente no había ninguna persona con mi nombre que hubiera trabajado en ese lugar, pero que igualmente iban a abrir un sumario interno de investigación. Después de ahí nunca supe más nada hasta ahora”, dijo Neira en diálogo con Clarín.

La carta documento que mandó Romina destapó algo mucho peor: por lo menos 50 sellos fueron falsificados y se usaban para firmar certificados médicos truchos en esta clínica que operaba de forma irregular. ¿Cómo lo lograron? Sacaron la información de los profesionales de internet.

La Fiscalía N° 1 de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate, encontró que había varias sedes de Argentina Salud operando en diferentes lugares de La Matanza: una en Virrey del Pino, otras dos en González Catán y dos más en San Justo. Todos locales que atendían 24 horas en todas las especialidades.

La cosa no paraba ahí. Había cinco ambulancias que utilizaban y no estaban habilitadas. Cuando se trató de constatar quiénes estaban a cargo de esta clínica se descubrió que Alberto Rubén Santarceri (57), el dueño y encargado, tenía antecedentes penales. Más precisamente fue condenado por un homicidio.

Su mano derecha, Gabriel Musse (48), también cumplió una condena por homicidio. Ese crimen estaría vinculado con una banda de piratas del asfalto, pero no hay pruebas de que ellos dos formaran parte de la misma.

Cinco años atrás, luego de cumplir la pena, Santarceri y Musse abrieron la clínica en Virrey del Pino. Después se extendieron con otras sucursales muy amplias. Fuentes de la investigación explicaron a Clarín que, por esto, se presume que puede haber gran cantidad de pacientes afectados que en los próximos días hagan sus denuncias.

Con las pruebas presentadas, el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del juez Rubén Ochipinti, autorizó trece allanamientos en total entre domicilios particulares, diferentes establecimientos donde se atendía a los pacientes y las farmacias donde se vendían medicamentos robados. Se cree que también bajo la modalidad de piratería del asfalto. Es decir, atacar transportes de droguerías para hacerse de la mercadería y comercializarla en el mercado negro.

Antes de los allanamientos ya se había ordenado la detención de cinco personas “asociación ilícita, ejercicio ilegal de la vecina, venta ilegal de medicamentos, usurpación de títulos”. A Santarceri y Musse se sumaron la esposa de Santarceri, Noelia Sofía Edith Luna (45) y sus hijos Brian Marcelo Santarceri (31) y Nicolás Alberto Santarceri (35).

En medio de los allanamientos se encontraron por lo menos 50 sellos de médicos y un listado de otros profesionales a los cuales también les habían impreso los sellos.

En la sede de San Justo, fuentes de la investigación detallaron que una persona se presentaba como médico pero que en realidad era un ciudadano cubano que tenía la documentación en trámite y en el cajón de su escritorio llevaba el sello truchado de un médico profesional.

En las redes también hay testimonios de damnificados. «Pagué por un análisis de sangre, me dieron vueltas meses y al final me dijeron que perdieron todo, me c… la plata y me hicieron perder tiempo», comentó un hombre en un posteo de Instagram de la clínica.

A esto se sumó el secuestro de los vehículos vinculados a la operatoria y de varias historias clínicas. Tras los allanamientos quedaron aprehendidas tres personas más que estaban atendiendo con sellos truchos. Serán indagados el miércoles por “ejercicio legal de la medicina y por usurpación de título”.

“Gracias a Dios la fiscal sospechó que eran certificados truchos y yo hice esa carta documento. Todos los médicos damnificados se están enterando gracias a esto. No hay reglamentación para la protección de los médicos. El centro de salud debería tener un control y pedir un título habilitante como me piden cuando voy a trabajar a algún lugar. Pero acá todo era trucho, hasta el coordinador estaba implicado en todo esto”, comentó Neira.

Y concluyó: “Hay muchas falencias en bastantes ámbitos de la salud en general. Y es de gravedad la parte médica, pero mayor para los pacientes. Espero que al menos esto sirva como una guarda para todos, médicos y pacientes”.