La Justicia de la provincia de Tucumán puso la lupa sobre los abogados Alfredo y Silvia Aydar. Una grave denuncia penal los acusa de una presunta estafa: haberse quedado con la indemnización millonaria de una joven de 21 años a la que representaban en una causa donde había sido víctima de abuso sexual.
El caso quedó en manos del fiscal Carlos Saltor, al frente de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4, bajo una carátula de estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada. Por obvias razones de seguridad y para evitar su revictimización, la identidad de la denunciante se mantiene bajo estricta reserva.
Modus operandi. La historia detrás del expediente expone una vulnerabilidad absoluta. En la causa por abuso, la joven había logrado un acuerdo de reparación integral del daño. Como pago, recibió una camioneta Ford Ranger 4×4 cero kilómetro (modelo 2023), valuada en unos 50 millones de pesos.
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El problema empezó después. Según la denuncia, el vehículo se vendió por 33,5 millones de pesos a un allegado de Alfredo Aydar, un movimiento que habría sido el primer eslabón para quedarse con el efectivo.
La investigación apunta a que, tras esa venta concretada a fines de 2025, los abogados tomaron el control total de la plata. La hipótesis judicial sostiene que los letrados aprovecharon el estado emocional de la chica para convencerla de que les entregara el efectivo.
El relato de la víctima describe una manipulación psicológica constante. Según su testimonio, Alfredo Aydar la asustó para que no bancarizara el dinero: le metió miedo con un supuesto regreso del “corralito” y le dijo que, por el barrio donde vivía, era peligroso que tuviera esa cifra a su nombre. Con esa presión, logró que ella le cediera el control de su patrimonio.
¿Dónde terminó la plata? Ese es el nudo que intenta desatar la Fiscalía. El fiscal Saltor ya sumó al expediente audios y chats de WhatsApp donde el propio Aydar reconoce haber colocado los millones de la joven en supuestos préstamos a terceros en Santiago del Estero, prometiendo un interés mensual del 2,5%. Una bicicleta financiera armada con la plata de un daño irreparable.
Sin embargo, una auditoría preliminar detectó múltiples irregularidades: no existirían contratos, ni garantías, ni identificación de los prestatarios, además de no constar ninguna autorización escrita de la víctima para realizar esas operaciones.
Estas características abrieron una línea de análisis vinculada a una posible intermediación financiera no autorizada, lo que podría dar lugar a una investigación paralela en el fuero federal por tratarse de operaciones presuntamente realizadas sin aval del Banco Central.
