Ben Bagdikian fue un gran periodista y docente universitario estadounidense de origen armenio. Dueño de una muy respetada trayectoria profesional, que combina el periodismo de investigación de alto nivel con la rigurosa producción académica, Bagdikian recibió en 1971 el Pulitzer luego de haber accedido los Papeles del Pentágono, de manos de su fuente Daniel Ellsberg y convencer al Washington Post de publicarlos, pese a las presiones del gobierno de Richard Nixon. Más tarde enseñó periodismo en la Universidad de California, donde fue decano de una de las Escuelas de Periodismo más prestigiosas del mundo. Y en 1983 publicó El monopolio de los medios, donde sostiene que la concentración de la propiedad mediática tiene una consecuencia directa sobre el contenido informativo: quienes informan también tienen interés en no informar. «Quienes pueden decirnos lo que está pasando tienen razones para no decirnos lo que está pasando», es la síntesis que enarboló Bagdikian. ¿Por qué reparar en este antecedente? Porque esa tesis se evidenció en la últimas horas en la Argentina.
El jueves 29 de mayo a las 19,14, La Nación publicó una primicia de la periodista Camila Dolabjian que sacudió el mapa político: Facundo Leal, hasta enero titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), había sido detenido. En su departamento de Palermo, al hombre que anteriormente había estado al frente de ARSAT, empresa estatal que opera los satélites geoestacionarios argentinos y gestiona la red de fibra óptica nacional, se le incautaron 650.000 dólares, cocaína, ketamina, cristal MDMA, pastillas de éxtasis, cuatro pasaportes y monedas de siete países. Mientras que, en un segundo allanamiento en Mendoza, la Justicia encontró otros 1.787.600 dólares. El total del decomiso en ambos domicilios de Leal era realmente escandaloso: casi 2,5 millones de dólares en efectivo, pasaportes, monedas extranjeras, una gran cantidad de droga, dispositivos electrónicos y hasta un inhibidor de señal.
El cuadro era explosivo: un funcionario detenido con semejante cantidad de dólares representaba, sin dudas, un objeto noticioso. Para dimensionarlo, alcanza comparar el antecedente con el recuerdo del ex secretario de Obras Públicas, José López, arrojando bolsos llenos de dinero, junto a unas monjas en el convento Nuestra Señora de Fátima. Si al ex condenado por corrupción durante el kirchnerismo le decomisaron casi 10 millones de dólares, Leal tendría en su haber un bolso de los cuatro que tenía López en ese momento. Como era natural, los principales portales se hicieron eco de la noticia. Junto a La Nación, la detención de Leal llegó rápidamente a PERFIL y a Clarin. Pero no se publicó en Infobae.
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El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
El sitio de noticias de Daniel Hadad, el medio digital de mayor tráfico de Argentina y un indiscutido líder del breaking news tardó mucho —muchísimo para el parámetro de los tiempos de la actualización permanente de noticias digitales—, en anunciarle a sus lectores la información sobre la presunta corrupción en el Gobierno de Javier Milei. Infobae publicó su nota sobre el caso recién el viernes 30 de mayo a las 13,29. Dieciocho horas después de que se conociera la primicia. Los editores de Infobae, que siempre dan cuenta de sus publicaciones con envidiable velocidad y fluidez, esta vez no pudieron hacerlo. No importó que durante toda la mañana de ese viernes, PERFIL, Clarin y La Nación tuvieran ampliamente destacado en sus portadas, el escándalo del funcionario detenido con 2,5 millones de dólares en efectivo. Quizá hubo algún problema en los servicios de Infobae.
Para entender por qué es importante reparar en la demora en publicar semejante noticia, hay que prestar atención en la trayectoria de Leal y atender, especialmente, su aceitada red de contactos políticos con el peronismo, antes, y con el más alto nivel de la gestión libertaria, ahora. El abogado mendocino no es un funcionario menor, es un operador político de raza que supo navegar durante los últimos veinte años en los entresijos del Estado. Leal es una perfecta síntesis weberiana: el burócrata que vive de y no para la política, un hombre que sobrevivió a muchos gobiernos en las últimas décadas.
En ese sentido, es muy interesante prestar atención a la instintiva primera respuesta que ensayó el Gobierno para despegarse de Leal: “Es un funcionario de Alberto”. Lo dijeron sin percatarse (y lo repiten hoy algunos medios pseudoficialistas) que el hombre responde a La Libertad Avanza desde hace dos años y medio. Porque, a decir verdad, Leal es un funcionario de Milei, que a su vez, ha sido funcionario de Alberto pero también de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner. La mejor encarnación de la casta representando a un gobierno libertario.
El devenir de Leal es realmente vertiginoso. Transitó del peronismo mendocino de Rodolfo Gabrielli al kirchnerismo nacional de Cristina, para pasar luego a la escudería de Sergio Massa y desde allí recalar, como muchos otros massistas, sin interferencias hacia la administración de Milei. Bajo el gobierno de Alberto Fernández, Leal llegó a la presidencia de ARSAT en agosto de 2022, cuando Massa desembarcó en el Ministerio de Economía. No fue casualidad: no era una figura técnica que llegaba desde una empresa de telecomunicaciones sino que era parte del riñón massista, que asumía el control sobre una importante área del Estado.
Pero no se trata solamente de su agudeza para la gestión estatal. La raíz peronista, vinculada a los negocios y al poder, de Leal se traduce en lo que Carlos Pagni había renombrado en noviembre de 2020 como «Facundo Leal a José Luis Manzano». Manzano, el eterno ex dirigente menemista, devenido en empresario-operador mendocino, que cruza décadas de la política argentina sin que nadie se sorprenda, aparece aquí sobre el escenario, junto a su socio Daniel Vila, que integra con Luis Pierrini, el ex secretario de Transporte, la conducción de Independiente Rivadavia de Mendoza. ¿Por qué es importante este dato? Porque Leal es el histórico operador político de Pierrini.
Y así se va formando la cadena que hoy llega hasta Santiago Caputo y Leonardo Scatturice. El vínculo del Mago del Kremlin y Scatturice está bien documentado y es directo: Scatturice es un hombre de confianza de Santiago Caputo y Tactic Global, la empresa de Scatturice en Estados Unidos fue contratada por la SIDE, organismo que está bajo la órbita de Santiago Caputo, para hacer lobby en Washington. Además, Scatturice y Caputo se reunieron en enero de 2025 en Miami junto al hermano de Caputo, Francisco, para consolidar los vínculos comerciales y estratégicos.
También se podría mencionar en esta trama que el jet N18RU, un avión privado de Scatturice, más conocido como «jet negro», llegó a Aeroparque en febrero de 2025 proveniente de Miami con una sola pasajera, Laura Belén Arrieta, empleada de una empresa de Scatturice. La señorita Arrieta había llegado a Buenos Aires para participar de la CPAC, y logró ingresar 10 valijas que no pasaron por el escáner de Aduana. Se supone, gracias a las pericias de Santiago Caputo. Pero esa es otra historia.
Y Scatturice vuelve a estar en el centro de la escena porque es la figura que conecta el escándalo de Leal con el corazón del poder mileísta de manera directa. Según fuentes citadas por La Nación, fue Pierrini quien promovió a Leal dentro de la estructura libertaria, llevándolo a presidir el ORSNA, mediante el Decreto 390/2025, firmado por Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. Pierrini, a su vez, era señalado como uno de los funcionarios más próximos a Scatturice. Por ende, el nexo entre Leal y Scatturice es muy difícil de ocultar: Pierrini fungía como hombre del empresario dentro de la Secretaría de Transporte; y Leal, promovido por Pierrini, quedaba al frente del ORSNA, el organismo que regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional, exactamente el territorio donde Flybondi, la empresa insignia de Scatturice en Argentina, opera y donde las decisiones regulatorias representan decenas de millones de dólares. La Justicia debería probar si existe algún acuerdo comercial encubierto en esta historia. Lo que no es necesario probar es el claro conflicto de intereses.
La empresa de lobby de Scatturice tiene de clientes
a la Side y a gobiernos prorrusos y comunistas.
Ni Pierrini ni Leal permanecieron en sus cargos demasiado tiempo. Ambos salieron eyectados en enero de 2026, salpicados por investigaciones por supuesta corrupción. Pero no del gobierno libertario, sino de la AFA del Chiqui Tapia. Fueron «invitados» a renunciar tras confirmarse que habían utilizado una aeronave vinculada al empresario Martín Toviggino para viajar a Barcelona. El mismo avión, según informó Pagni, que trajo a Nahuel Gallo de regreso a la Argentina. La salida de los funcionarios en ese momento fue muy silenciosa. Ahora, con Leal detenido con casi 2,5 millones de dólares en efectivo en su haber, el antecedente de hace tan solo algunos meses se erige como una importante pieza extraviada de un rompecabezas mucho más importante aún.
Es hora, entonces, de volver a la demora de Infobae. Porque desde que la revista Noticias publicó la investigación en la que la abogada y periodista Natalia Volosin desnudó el profundo nexo y los importantes negocios que Scatturice comparte con Hadad, todo lo que haga, y mejor aún lo que no haga, Infobae en relación a Scatturice se vuelve objeto de análisis. En ese marco, la nota que finalmente publicó Infobae sobre Leal es correcta, completa y profesional. No hay en ella ninguna omisión grosera ni defensa explícita del ex funcionario. Pero el artículo, que por cierto, ya no se encuentra en Infobae —como tampoco existe ninguna otra noticia derivada sobre tan candente tema—, no menciona ni la trayectoria ni los vínculos políticos de Leal con las figuras prominentes del Gobierno.
La Justicia ahora deberá investigar el origen del dinero incautado a Leal. También deberá comprobar si hubo irregularidades en los contratos firmados por ARSAT durante su gestión. Y si los dispositivos secuestrados en sus domicilios contienen información que compromete a otros funcionarios. El juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez trabajan sobre un expediente que empezó como una denuncia por robo de equipamiento tecnológico y terminó destapando una caja de Pandora que amenaza al establishment político argentino y a las más altas esferas del gobierno de Milei.
Pero, lamentablemente, quizá los lectores de Infobae no puedan seguir toda la trama informativa sobre este tema. Porque como ya había anticipado Bagdikian, algunos medios pueden tener razones para no decir lo que está pasando.
