Una nueva trama de corrupción sacude al Gobierno de Javier Milei y salpica a anteriores administraciones de Argentina. Al menos dos exfuncionarios que ocuparon altos cargos en el área de transporte hasta inicios de este año fueron imputados en una causa por negociaciones incompatibles y fraude a la Administración pública. Uno de ellos fue detenido la semana pasada, después de que se hallaran en su poder millones de dólares en efectivo, cantidades de drogas sintéticas y sofisticados equipos de espionaje.
El caso quedó expuesto en una pesquisa judicial que investigaba un robo en la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT, como reveló el diario La Nación. La compañía, creada hace dos décadas para desarrollar la conectividad digital en Argentina, sufrió en 2024 la sustracción de fibra óptica, flejes de cobre y otros materiales por un valor estimado en 150.000 dólares. Los materiales fueron robados de un depósito perteneciente a la firma Argentina Logistic Services (ALS), contratada por ARSAT.
Los investigadores detectaron que esa firma no cumplía con los requisitos de seguridad para albergar los equipos bajo su custodia y que habría accedido a contratos directos, sin licitación, por casi dos millones de dólares. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, basada en escuchas judiciales y mensajes entre los sospechosos, la contratación de ALS fue propiciada por una compulsa de precios amañada y aceitada por un esquema de sobornos. La fiscalía solicitó la indagatoria de una decena de acusados, entre funcionarios de ARSAT y directivos de ALS, por presuntas negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública y otros delitos.
Fue así como la lupa se posó sobre quien era, en el período investigado, el presidente de ARSAT: Facundo Leal. Había sido designado en ese cargo en 2022, durante el anterior Gobierno peronista y tras una larga trayectoria en la firma. La gestión de Milei lo mantuvo inicialmente en la función y luego, en junio del año pasado, lo nombró al frente del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.
Por orden judicial, la policía allanó la semana pasada dos propiedades de Leal, en las ciudades de Buenos Aires y de Mendoza. Allí encontraron más de 2,5 millones de dólares en efectivo, unos dos millones de pesos y montos menores de otras monedas extranjeras. También hallaron múltiples dosis de drogas como cocaína, ketamina y otras, así como un amplio equipo de espionaje: dispositivos para grabar y filmar en forma oculta, para detectar cámaras y micrófonos, para rastrear personas o vehículos, entre otros. Leal quedó detenido.
Hay otros exfuncionarios de ARSAT imputados en la causa como Juan Andrés Navarro, exgerente comercial, y Gerardo Boschin, exsubgerente de compras, que el año pasado fue nombrado director de la empresa Trenes Argentinos. Tanto Leal como Boschin fueron promovidos por el Gobierno de Milei con el recambio de gestión en la Secretaría de Transporte de la Nación, cuando en 2025 asumió allí Luis Pierrini. Los tres son oriundos de Mendoza y también dejaron de forma simultánea sus cargos, a comienzos de este año. Renunciaron alegando motivos personales, en medio de rumores sobre posibles irregularidades en la distribución de subsidios.
Mientras se esperan nuevas medidas judiciales, los investigadores avanzan con el peritaje de teléfonos, computadoras y documentos de los acusados. Si bien la trama parece exhibir ramificaciones más allá de los gobiernos, el caso hace mella en la Administración de Milei, quien llegó al poder con la promesa de terminar con “la casa política” y encumbrar a “la moral como política de Estado”, según sus propias palabras. Los casos de corrupción asedian a la gestión del presidente ultra y, según las encuestas, se han convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad argentina.
