La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha reconfigurado por completo el tablero de la seguridad en Centroamérica. Con una retórica agresiva y la puesta en marcha del llamado Escudo de las Américas —una feroz estrategia que coquetea con la intervención militar contra los cárteles—, Washington ha sometido a los Gobiernos de la región a una presión asfixiante. Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el istmo ha vuelto a quedar en el centro de la diana geopolítica de Estados Unidos. Esta asimetría de poder ha forzado una mutación drástica en la logística del crimen organizado. Ante el incremento de la vigilancia costera auspiciada por las agencias estadounidenses, las rutas del narcotráfico se han visto obligadas a alejarse de las costas centroamericanas, adentrándose en aguas internacionales para evadir los controles. Bajo este nuevo paradigma, los países centroamericanos responden de formas dispares. Mientras Gobiernos aliados como los de Guatemala, El Salvador y Costa Rica ensayan discursos de mano dura y demandan asistencia técnica a Washington, regímenes como el de Daniel Ortega en Nicaragua se hunden en la opacidad para ocultar las grietas de sus supuestos muros de contención. Ya sea por temor a represalias o por supervivencia política, Centroamérica se pone de rodillas frente a la agresiva política contra el crimen organizado de Trump.
