La Legislatura de Santa Cruz repuso la semana pasada a Eduardo Sosa en el cargo de procurador general de Justicia de la provincia, del que fue apartado en 1995, por el entonces gobernador Néstor Kirchner. En una entrevista del fin de semana, Sosa consideró su restitución como “una reparación institucional”.
Sosa, de origen radical, había estado husmeando en trapos sucios del Gobierno provincial —irregularidades en el pago de honorarios a un estudio jurídico, el otorgamiento de créditos incobrables por parte del Banco de la Provincia de Santa Cruz— y hasta llegó a dictaminar a favor de sancionar a un juez de instrucción por dilatar la investigación de ilícitos que involucraban a funcionarios del gobierno provincial. Kirchner, que acababa de ser reelecto con amplias mayorías, se deshizo de Sosa mediante un sencillo trámite: suprimió por ley de la Legislatura el cargo de procurador, que era inamovible, y lo sustituyó por la doble figura de fiscal y defensor. Además, amplió de tres a cinco el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia provincial.
El “Caso Sosa” fue considerado una aberración jurídica y la principal anomalía institucional en Santa Cruz. La Corte Suprema de Justicia ordenó en varias oportunidades al tribunal provincial que repusiera a Sosa en su cargo. La Legislatura, con mayoría oficialista y por decisión del gobernador Claudio Vidal, cumplió el jueves pasado con esa deuda.
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El mismo Kirchner que rechazó durante años el mandato de la Corte por la restitución de Sosa, dispuso mediante un decreto, el 22 de junio de 2003, a poco de asumir la Presidencia, un mecanismo de “autolimitación” de las facultades presidenciales para la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue su inspiración un trabajo de media docena de organizaciones de la sociedad civil: determina un exhaustivo escrutinio público sobre los candidatos designados por el Poder Ejecutivo, incluso —atención con esto— en el Ministerio de Justicia, antes de que sean remitidos al Senado para su aprobación.
Se dirá que un Kirchner escuálido de votos (asumió con el 22%) buscaba ampliar su llegada a sectores de la clase media. Pero es sin duda una de las decisiones de carácter institucional por las que debe recordarse al fallecido expresidente.
Una nota del periodista Hernán Cappiello en La Nación de este lunes anticipó que el presidente Javier Milei dispuso flexibilizar los requisitos para la designación de los jueces de la Corte Suprema. La decisión fue volcada en un decreto del Poder Ejecutivo que se publicó en las primeras horas de este martes.
Después de los sonoros rechazos, el año pasado en el Senado, de las designaciones del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García Mansilla, ¿Milei y Mahiques buscan reactivar las designaciones pendientes en la Corte Suprema?
Se sabe que el Presidente decidió postergar nuevas designaciones hasta que el equilibrio legislativo le permita al oficialismo obtener los dos tercios del Senado necesarios sin negociar con la oposición. Fue interpretado como que Milei demorará las designaciones hasta después de una eventual reelección. Pero las cosas podrían haber cambiado después de que el Senado renovó a mediados de mayo, con el voto de 58 senadores de los 72 que integran el cuerpo, el acuerdo para que Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, continúe durante otros cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país.
La idea de modificar el decreto 222 se conoce mientras el Gobierno avanza en cubrir las vacantes de jueces de la justicia Nacional y Federal. Días atrás, el Senado dio su acuerdo a 74 pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales, defensores y conjueces federales en todo el país.
El relato de Adorni es literatura. No merece una línea más
Milei tiene pendiente la firma de los decretos para hacer efectivas las designaciones: sobresale el de la jueza María Verónica Michelli, a quien el Presidente propuso como candidata para integrar Tribunal Oral Federal 3 de La Plata e intentó luego sin éxito retirar por su parentesco familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.
Se estima que alrededor de un tercio de los 1002 cargos federales y nacionales están vacantes. Y es donde hasta el momento parecía estar el interés del Gobierno. Habla una fuente de la Corte Suprema: “Nadie nunca tuvo en sus manos la posibilidad de modificar el 35 por ciento del Poder Judicial desde el inicio de la democracia. No parece que ahora sea el momento de nombrar jueces para la Corte o al Procurador General”. Allí decían ayer no contar con información oficial.
El decreto
El decreto publicado en el Boletín Oficial deroga artículos de los históricos 222 y 588 del año 2003 que garantizaban el mecanismo de consulta ciudadana para la designación de miembros de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General bajo la órbita del Ministerio de Justicia; la recepción de impugnaciones y observaciones, los plazos de publicidad en diarios y el procedimiento de preselección administrativa.
El argumento del Gobierno es que ese mismo procedimiento lo lleva adelante el Senado durante las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos, y repetirlo solo retrasa el proceso: “Resulta innecesario llevar a cabo instancias administrativas previas de similar objeto en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional”, dice el decreto. En los hechos, implica un menor escrutinio por parte de organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos, antes de que el pliego ingrese al Senado.
Entre los artículos derogados están los que disponían que, al momento de la designación de un nuevo miembro de la Corte, el Poder Ejecutivo considere la composición del tribunal para permitir equilibrios en cuanto a “diversidad de género, especialidad y procedencia regional”, y que valore, además de su idoneidad y trayectoria, “su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función». Esas pautas desaparecen.
El decreto se publicó este martes en el Boletín Oficial con fecha 12 de junio. Lleva la firma del ministro Mahiques, de misión en París ante el GAFI junto al juez Lijo. Pero no la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
ML
