Juan Manuel Naranjo, un agente de ventas de productos farmacéuticos, tenía 46 años en 2022 cuando sufrió un problema cardíaco que derivó en un derrame y en una cantidad de problemas de salud que hubieran bastado para causarle la muerte o, al menos, una deuda millonaria y ruinosa para cualquier persona de clase media en Costa Rica. “Yo estaría muerto desde hace cuatro años”, dice al salir de uno de los procedimientos de control en el hospital Calderón Guardia, en San José, uno de los centros médicos estatales que funcionan ante la saturación de pacientes, las quejas de muchos y el miedo de otros tantos a perder la sanidad social que por décadas ha sido un pilar de bienestar en el país centroamericano. “Yo amo la Caja, así de sencillo, la amo”, dice sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la institución estatal autónoma a cargo de la amplia red de clínicas y hospitales públicos, y del principal régimen de pensiones del cual Juan Manuel se beneficia, pues ahora está pensionado por invalidez.

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