El jueves 25 de junio pasado finalizó un juicio histórico en el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario por las consecuencias de las fumigaciones con agroquímicos en Pergamino. Dos mujeres afectadas en su salud en la querella por un lado, nueve hombres productores y funcionarios en el banco de los acusados, por el otro. La escena grafica lo que le faltó a las palabras del veredicto. Todos absueltos menos dos funcionarios.

Lo histórico del juicio no es por su sentencia ni por el rol del poder judicial, es por “desnudar una realidad contaminada”, como dijo Anabel Pomar, vecina fumigada.

El juicio. Los productores agropecuarios suelen llamar a la ciudad de Pergamino, dentro del partido homónimo “la capital nacional de la soja”, o como la “perla bonaerense”. También es conocida como “la capital del veneno” porque sus barrios populares pagan un alto costo sanitario con enfermedades. Y muertes.

La causa fue por envenenamiento y contaminación ambiental con agrotóxicos. Fue impulsada por Sabrina Ortiz, vecina querellante y fumigada.

Los hechos juzgados son del período 2011- 2019, cuando familias de Pergamino comenzaron a denunciar enfermedades vinculadas a fumigaciones en campos a 10 metros de sus casas, violando distancias mínimas establecidas por ordenanza municipal

Este juicio fue el primer proceso federal que sentó en el banquillo a todo el operativo del agronegocio: productores, ingenieros agrónomos, y funcionarios públicos.

Los nueve hombres acusados fueron Mario Roces, Fernando Cortese, Victor Tiribó y los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, todos productores agropecuarios; José Luis Grattone, ingeniero agrónomo; Cristian Taboada, fumigador y dos funcionarios municipales de la Dirección De Ambiente Rural de Pergamino: Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini.

Tan complejo fue este caso que uno de los jueces del tribunal, Román Lanzón, en la lectura del veredicto donde absuelven a casi todos los acusados, luego de admitir que “no hay dudas que los productos fitosanitarios contaminan y generan daños en la salud de las personas y el ambiente, considerando que no es lo mismo vivir cerca o lejos de los campos donde se usan estos agroquímicos”, lanzó esta frase cruda e imborrable: “Un juez penal no está acá como un superhéroe para darle respuestas a lo que pide la sociedad sino para aplicar la ley”.

Esas palabras dejaron atónitos a la gran mayoría de las personas presentes en la audiencia, pero se extendieron a los que esperaban afuera en la vereda de boulevard Oroño, y fueron más lejos, a la memoria de las que ya no están. Como Mónica, una nena de 11 años que falleció en 2014 por una leucemia aguda –su mamá, Paola Díaz, fue testigo en el juicio-; a Florencia Morales, denunciante de los agrotóxicos, que se había mudado con su familia a un entorno natural, pero fumigaban al lado de su casa en forma constante (tuvo un cáncer con metástasis en la columna y murió el 2 de mayo de 2023).

Antes del veredicto. El fallo sólo encontró responsables a los funcionarios del municipio, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, quienes tenían la obligación de controlar el uso de agroquímicos en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Se dictó una condena de 2 años de prisión condicional y 4 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Deberán cumplir con trabajos no remunerados vinculados a la salud y protección del medioambiente por doshoras semanales. El tribunal pidió además que “investigue el accionar del intendente de Pergamino Javier Torres.

Para los demás acusados, con las pruebas presentadas “no correspondía atribuir responsabilidad penal”, según el tribunal. Los fundamentos serán leídos el 10 de agosto y podrán ser apelados.

“El impacto emocional de este veredicto fue fuerte, pero esperaremos la fundamentación de la justicia para desmenuzar jurídicamente y elaborar un recurso de Casación que consiga revertir esta primera instancia condenatoria. Si tenemos que llegar a la Corte Suprema de Justicia de La Nación o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo vamos a hacer porque se trata de la afectación de Derechos Ambientales”, dijo a este diario Carlos Gonzalo Quintana, abogado de la querella.

Testigos del daño. Alejandra Bianco vive en la zona sur de Pergamino y decidió ser querellante por la similitud de patología que tenía con Sabrina Ortiz. Ambas vivían lejos, pero rodeadas de campos fumigados. “Mis hijos tuvieron sus enfermedades a los 17 años, Benjamín, el mayor, púrpura trimvocitopenica idiopatica, (trastorno autoinmune en el que el sistema inmunitario destruye las plaquetas) e Ignacio, el menor, cáncer de tiroides. Su esposo, ya fallecido, tuvo cáncer de páncreas y ella tuvo cáncer de útero.

“No sé en qué pensaron o qué no pensaron los jueces al dar el veredicto, me parece una falta absoluta de respeto. No tuvieron en cuenta las voces que ya no están. Esto es lucha casi exclusiva de Sabrina; yo acompañé”, dice Marcela.

Sabrina Ortiz presentó en 2018 la denuncia que dio origen a esta causa, como parte del colectivo Madres de Barrios Fumigados. Había perdido un embarazo. Tuvo dos ACV por las sustancias neurotóxicas. Ella y sus dos hijos llevan glifosato en su sangre en dosis mucho más alta que lo tolerable. Sufrió amenazas, atentados, un productor baleó a su perro, y nadie respondió a su reclamo por muchos años. A fines del 2017 se recibió de abogada para defender la causa de las familias y su propia causa

Acostumbrada a dar fuerzas aun cuando faltan dijo en la puerta del Tribunal: “Las pruebas científicas son contundentes, nuestros cuerpos tienen veneno”.

La ciencia digna y los pueblos fumigados

A.V.

Durante las 16 audiencias que llevó este juicio diferentes especialistas dieron su testimonio. Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma del INTA, responsable de los análisis de laboratorio del agua y suelo de los lugares denunciados, dijo que entre noviembre de 2018 y mediados de 2020, se analizaron diez muestras y ninguna estuvo libre de plaguicidas

La genetista Delia Aiassa graficó los daños genéticos que provocan los agrotóxicos y las afectaciones detectadas en Sabrina Ortiz y su hijo.

Verónica Torres, médica toxicóloga, describió el estado de salud de los hijos de Sabrina e indicó (hace ocho años) que la familia debía mudarse y salir de la exposición a las fumigaciones.

“Casi el 70% de los niños que atendemos en hospitales de Buenos Aires o Córdoba, con cáncer provienen de zonas donde que, por el agua que toman, o el aire que respiran o cuando estaban en el vientre de su madre, estuvieron expuestos a los agrotóxicos. Está comprobado”, dijo el profesor Medardo Ávila, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y Coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.