Durante años, la inseguridad fue asociada casi exclusivamente a la calle. Hoy, una parte creciente de ese temor se mudó al teléfono celular. Un mensaje de WhatsApp que aparenta provenir del banco, una llamada de un supuesto operador, un correo electrónico que imita a una empresa conocida o un enlace falso pueden ser suficientes para vaciar una cuenta bancaria o apropiarse de la identidad digital de una persona.
Los ciberdelitos dejaron de ser un problema reservado a especialistas para convertirse en una experiencia cotidiana que atraviesa a millones de argentinos.
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Ese cambio de escenario queda reflejado en la última encuesta de seguridad digital elaborada para la empresa por CertiSur y por la consultora D’Alessio IROL, que revela que el 43% de los usuarios de Internet en Argentina sufrió algún hackeo o fraude digital durante 2025 y los primeros meses de 2026, el porcentaje más alto registrado por este relevamiento.
El trabajo de investigación al que accedió PERFIL recopiló las respuestas de 500 usuarios de las redes digitales, mayores de 21 años, de todo el país y casi todos los niveles sociales. Apenas cuatro años atrás, esa cifra era del 9%; en 2024 había trepado al 31% y el año pasado alcanzaba el 33%, una evolución que muestra cómo el delito migró hacia los entornos digitales al mismo ritmo que crecieron las operaciones online.
¿Cuál es la herramienta más usada para estos fraudes?
El mecanismo más frecuente de este fenómeno es el phishing, una modalidad basada en la suplantación de identidad. Los delincuentes se hacen pasar por bancos, billeteras virtuales, organismos públicos, empresas de servicios o incluso por familiares y amigos para obtener claves, datos personales o dinero.
La encuesta muestra que el principal vehículo para estas maniobras ya es WhatsApp, responsable del 31% de los casos reportados. Más atrás aparecen el correo electrónico (23%) y las llamadas telefónicas (20%), confirmando que los ciberdelincuentes aprovechan los canales de comunicación más habituales para generar confianza antes de concretar el engaño.
El crecimiento de estos ataques no sólo aparece en las encuestas. También coincide con los registros de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), dependiente del Ministerio Público Fiscal. Según su último informe de gestión, durante 2024 el organismo recibió 34.468 reportes de delitos informáticos, un 21,1% más que el año anterior y el mayor volumen desde que existen estadísticas consolidadas.
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Para los investigadores existe además una «cifra negra» imposible de cuantificar. Muchas personas nunca denuncian las estafas porque desconocen dónde hacerlo, consideran que el monto perdido no justifica iniciar un trámite o simplemente creen que recuperar el dinero será imposible. Por eso, tanto fiscales como especialistas en seguridad informática coinciden en que el número real de víctimas probablemente sea bastante mayor que el reflejado por las estadísticas oficiales.
El impacto tampoco termina cuando desaparece el dinero. La investigación de CertiSur muestra que el principal efecto es emocional. Frente a la posibilidad de sufrir un hackeo, la mayoría menciona sensaciones como vulnerabilidad, impotencia y pérdida de control sobre su información personal. La identidad digital empieza a adquirir un valor similar al de la documentación física: cuando alguien consigue apropiarse de ella, la sensación de exposición puede prolongarse mucho tiempo después del ataque.
Una consecuencia de esto es una fuerte erosión de la confianza. Apenas cuatro de cada diez usuarios creen que las empresas, bancos y organizaciones hacen lo suficiente para protegerlos frente a estas amenazas, cuando un año antes esa percepción alcanzaba al 83%. Al mismo tiempo, la enorme mayoría considera que las marcas deberían monitorear de forma permanente posibles suplantaciones de identidad y fraudes realizados utilizando su nombre.
Hace unos años el temor era perder la billetera; hoy cada vez más personas temen perder el control de su identidad digital. Y tanto las estadísticas judiciales como las encuestas muestran que esa preocupación ya dejó de ser excepcional para convertirse en uno de los nuevos problemas de seguridad de la Argentina.
ML
