Un tribunal de la ciudad italiana de Génova ha dictado este jueves la primera sentencia por el derrumbe del puente Morandi, la tragedia que en 2018 costó la vida a 43 personas, y ha condenado a prisión, en primera instancia, a 32 responsables de la gestión y el mantenimiento de la infraestructura por diversos delitos, entre ellos derrumbe por negligencia, homicidio por negligencia y homicidio vial.

La condena más significativa ha recaído sobre Giovanni Castellucci, exconsejero delegado de la concesionaria Autostrade per l’Italia (ASPI), considerado el principal acusado del proceso y que ha sido sentenciado a 12 años de prisión, según adelanta la prensa italiana.

Castellucci no estuvo presente en la sala durante la lectura del fallo, ya que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de seis años por otro incidente mortal ocurrido en 2013 en un viaducto del sur de Italia en el que fallecieron 40 personas. La alcaldesa de Génova, Silvia Salis, asistió a la lectura del fallo para acompañar a los familiares de las víctimas, que siguieron en directo en el tribunal la resolución de los jueces. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en un plazo máximo de tres meses.

El puente Morandi de Génova se derrumbó la mañana del 14 de agosto de 2018 mientras por su superficie circulaba el tráfico: el colapso causó la muerte de 43 personas, así como graves daños materiales, y dejó sin hogar a cientos de genoveses que vivían en edificios aledaños al viaducto.

La sentencia, dictada tras cuatro años de juicio y varias horas de deliberación, considera responsables del accidente a decenas de antiguos directivos, técnicos y funcionarios por las graves deficiencias en el mantenimiento y control del puente.

En el proceso estaban acusados 57 antiguos responsables de la concesionaria Autostrade per l’Italia, técnicos de su filial de ingeniería SPEA y ex altos funcionarios del Ministerio de Infraestructuras y Transportes encargados de supervisar la red viaria.

Los jueces del caso han dictado 32 condenas por un total de casi 200 años de prisión; del conjunto de imputados, 25 han sido absueltos o quedaron anteriormente exentos de responsabilidad penal por prescripción de los delitos.

Entre los condenados hay varios exdirectivos y técnicos de ASPI y SPEA Engineering, las dos empresas que deberían haber supervisado el estado de deterioro del puente y encargado las obras de mantenimiento. Michele Donferri, antiguo jefe de mantenimiento de ASPI, fue condenado a 11 años de prisión; los dos antiguos directivos de SPEA, Maurizio Ceneri y Emanuele De Angelis, a 10 años; y Paolo Berti, antiguo director central de operaciones de ASPI, y Antonino Galatà, antiguo consejero delegado de SPEA, a cinco años y seis meses. También ha sido condenado a cinco años de prisión el exdirector de vigilancia de concesiones del Ministerio de Transportes, Mauro Coletta.

El juicio, iniciado el 7 de julio de 2022, se ha prolongado durante cuatro años y ha celebrado 284 sesiones. La Fiscalía de Génova había pedido penas que sumaban cerca de 400 años de prisión para 56 de los acusados, mientras que había solicitado la absolución de uno de ellos.

La Fiscalía sostuvo durante el proceso que todos los acusados tuvieron algún grado de responsabilidad en la tragedia, al considerar que desde hacía años se conocía el deterioro estructural del puente y el riesgo de un posible colapso de la infraestructura, aunque no se adoptaron las medidas necesarias para evitarlo con el objetivo de ahorrar a la empresa el coste de las obras de mantenimiento y maximizar los beneficios.

A lo largo del juicio, los procesados respondieron por delitos como homicidio múltiple, homicidio vial y homicidio imprudente, derrumbe por imprudencia, incumplimiento de deberes oficiales, atentado contra la seguridad del transporte, falsedad documental y omisión dolosa de medidas de seguridad en el trabajo.

La defensa de Castellucci y de muchos de los demás acusados sostuvo ante los jueces que el derrumbe se debió a un “vicio oculto” en la construcción del puente, un defecto de origen que se remontaría a los años sesenta y que, según esa tesis, nunca había sido detectado por ningún técnico antes del colapso. Los abogados argumentaron, además, que el ingeniero Riccardo Morandi diseñó el viaducto con los cables de acero que sostenían la estructura encapsulados en el hormigón, lo que impedía inspeccionarlos visualmente de forma directa.

En la víspera de la sentencia, la actual dirección de Autostrade per l’Italia, completamente renovada desde la tragedia, hizo llegar una carta de disculpa firmada por su consejero delegado, Arrigo Giana. Durante estos años, la compañía y su filial de ingeniería SPEA han abonado cerca de 60 millones de euros en indemnizaciones a los familiares de los fallecidos. “Quiero pedir disculpas a los familiares de las víctimas, a los genoveses y a todos los italianos por el sufrimiento causado por el trágico derrumbe del puente Morandi”, escribió el dirigente. Hasta ahora la empresa nunca se había disculpado de forma explícita.

La presidenta del comité de Recuerdo de las Víctimas del Puente Morandi, Egle Possetti, respondió que esas disculpas “deberían haberse producido en su momento”.

Tras conocerse el fallo, Raffaele Caruso, abogado del comité de familiares de las víctimas, celebró la decisión del tribunal y aseguró que “esta sentencia establece de forma clara las responsabilidades”. “El derrumbe del puente era evitable y quienes cometieron errores han sido condenados”, afirmó.

El puente Morandi fue construido en la década de 1960. Era una infraestructura estratégica que canalizaba buena parte del tráfico de entrada y salida de Génova. El 14 de agosto de 2018, un tramo de unos 200 metros del viaducto se derrumbó después de que cediera uno de sus enormes pilares, lo que provocó la caída al vacío de decenas de vehículos y la muerte de 43 personas. La investigación, que se prolongó durante más de tres años, concluyó que el colapso estuvo relacionado con graves deficiencias de mantenimiento y con problemas estructurales del viaducto. Los peritos señalaron que la tragedia podría haberse evitado si las inspecciones y las labores de conservación se hubieran realizado correctamente.

La parte del puente que no se derrumbó fue demolida, y dos años después del siniestro, en agosto de 2020, el Gobierno italiano inauguró un nuevo puente, obra del arquitecto Renzo Piano. En la ceremonia, a la que la gran mayoría de los familiares de las víctimas no asistió, fueron leídos en voz alta los nombres de todos los fallecidos.